Rechaza Akabani señalamientos de la PAOT
El jefe delegacional de Benito Juárez, Fadlala Akabani Hneide, presentó un recurso de inconformidad contra la Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial (PAOT) del Distrito Federal, que señala en la recomendación 7/2005 "presuntas violaciones" en materia de uso de suelo, Reglamento de Construcciones y Ley Ambiental, cuando las autorizaciones, dijo, son emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Indicó que en el bando informativo 2 se establece que la Seduvi es la única autorizada para entregar permisos y certificar zonificación, uso de suelo, factibilidad de servicios, modalidades, capacidad vial, número de niveles e impacto ambiental y social en las cuatro delegaciones centrales.
A la demarcación, argumentó, sólo le corresponde registrar la información que se desprenda de las autorizaciones y verificar que se cumplan, aunque las quejas y denuncias que dan origen a la recomendación derivan "de lo que denominamos fraude a la ley", relacionado con la aplicación de la norma 26 del Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda vigente, en lo relativo a la construcción de vivienda de interés social o popular.
Recordó que dicho ordenamiento permitió a los desarrolladores edificar hasta 60 viviendas de "interés social", lo cual se verificó "celosamente" durante su proceso constructivo, pero una vez concluido los inmuebles modificaron sus costos, modalidades y características. "Fue un fenómeno reiterado que no implica aceptación o responsabilidad alguna para la autoridad delegacional", afirmó.
Sostuvo que la recomendación de la PAOT está sustentada en presunciones, no en acciones, actos u omisiones en que haya incurrido su administración en las visitas de verificación, pues "nunca nos notificó la instrumentación de un procedimiento en nuestra contra, dejándonos en completo estado de indefensión, cuando se nos requirió información aislada, misma que le entregamos".
También rechazó que se haya consentido el derribo "ilegal" de árboles, sin el dictamen o autorización pertinentes, y afirmó que se ha actuado conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Ambiental, que faculta a la delegación a actuar en caso de estar en riesgo la integridad física de las personas y sus bienes.
Laura Gómez Flores