Editorial

Aires de fin de sexenio

Los sucesos del miércoles pasado ­la muerte de cuatro de los más altos mandos de la seguridad pública en el país y la liberación, por la Agencia Federal de Investigación (AFI), del entrenador futbolístico Rubén Omar Romano­ han precipitado, en diversos sentidos, el colapso del foxismo en su tramo final. La desaparición del helicóptero en que viajaban el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y otros altos mandos de esa dependencia exhibió, en primer lugar, a un gobierno sin atributos para manejar una crisis y a un gabinete disperso y asustado. No es, ciertamente, para menos, si se consideran las sospechosas circunstancias en las que tuvo lugar la muerte de Ramón Martín Huerta y de varios de sus subordinados cercanos: cuando se dirigían al penal de La Palma a dar posesión a un nuevo cuerpo de custodios que, se suponía, haría efectiva la calificación de esa cárcel como "de alta seguridad". Si a ello se añade que en el aparato viajaba el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal, quien había sido objeto de amenazas por Osiel Cárdenas Guillén, narcotraficante recluido precisamente en La Palma, las sospechas se acrecientan.

Pero el factor principal de agitación de las dudas de la opinión pública fueron las reacciones del propio gobierno, el cual propaló información poco creíble sobre la caída del aparato, como que éste no contaba con caja negra, y que otro helicóptero de la misma dependencia seguía de cerca ­con contacto visual­ al transporte de Martín Huerta y el piloto de una de las naves, al ver que la que iba adelante se internaba en un espeso banco de niebla, decidió sin más ­sin intentar un contacto de radio, sin reportar la situación, sin inquietarse­ continuar por otra ruta. Luego apareció la prisa gubernamental por descartar cualquier hipótesis de atentado y por cerrar el expediente de la tragedia con la afirmación prematura de que se trató de "un terrible accidente". No faltaron los imaginativos relatos de funcionarios que aseguraron, en falso, haber llegado al sitio y haber contemplado el escenario del desastre. Ni siquiera habían sido rescatados los cuerpos de los fallecidos cuando la Secretaría de Gobernación daba por buena la versión de que el piloto "perdió contacto visual con el terreno e impactó en el cerro a velocidad de crucero, lo que propició la explosión" del helicóptero. Todas esas afirmaciones se produjeron cuando no había llegado al sitio de la caída del aparato ningún perito de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y exhibían la ansiedad de las autoridades por poner punto final al asunto.

Ayer la Presidencia de la República sufrió un extravío adicional: se lanzó con virulencia contra la CNDH con el pretexto de que ésta divulgó, el mismo miércoles, una carta enviada la víspera al subsecretario Miguel Angel Yunes, de la SSP, en la que alertaba sobre las amenazas formuladas por Osiel Cárdenas contra Bernal Guerrero y otros funcionarios del ombudsman.

El rosario de ineptitudes del miércoles tuvo un remate espectacular: por la noche, la AFI organizó, con carácter de festival mediático, un operativo de rescate de Omar Romano. No se pone en duda que el director técnico del equipo Cruz Azul haya efectivamente sido víctima de un secuestro, y ni siquiera que la AFI hubiese dado con su paradero y hubiese procedido a rescatarlo en forma incruenta. Es inevitable sospechar, en cambio, que en la Procuraduría General de la República (PGR) se administraron los tiempos y las circunstancias para dar a conocer la liberación del entrenador, acción que presuntamente fue realizada frente a las cámaras de la televisión. Es legítimo preguntarse, incluso, si lo exhibido anteayer por la PGR no fue, más que un operativo policial genuino, una reconstrucción de hechos orientada a desviar la atención del helicóptero caído, de las posibles causas del accidente ­falla mecánica, error humano debido al mal clima, o atentado­ y del deplorable e irritante manejo informativo de ese hecho por el gobierno.

Se precipitó, de esta forma, una crisis de credibilidad para el gobierno foxista, que no es necesariamente la más grave de las que enfrenta. Otra, acaso de consecuencias mayores y más alarmantes, es la soledad, la debilidad y hasta el desamparo presidencial tras la desaparición de quien era, sin lugar a dudas, su hombre de total confianza, su amigo cercano y su operador en el ámbito de la seguridad pública.

Sería deseable, en este contexto, que el titular del Ejecutivo federal pudiera percibir los peligros ­la inestabilidad, la intensificación de las pugnas en su entorno, un descontrol aún mayor que el que ya se vive­ que lo acechan en el último año de su periodo presidencial y se esforzara en el cumplimiento de la única de sus promesas de campaña que no ha sido desmentida por los hechos: un fin de sexenio sin sobresaltos ni crisis económica. Lamentablemente, los sobresaltos empezaron hace ya mucho tiempo.