Falso, insiste la Secretaría de Seguridad Pública federal
Osiel Cárdenas, interrogado el mismo día del accidente
Personal de Inteligencia Militar y el titular de la SIEDO se reunieron esa fecha con el narco
El mismo 21 de septiembre, poco después de las 11:30 de la mañana, cuando el gobierno federal ya estaba enterado de que el helicóptero Bell 412 en que viajaba Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, y ocho personas más se había siniestrado, personal de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, interrogaron a Osiel Cárdenas Guillén. En tanto, en la Procuraduría General de la República (PGR) personal de esa dependencia y del Ejército Mexicano revisaban todos los expedientes relacionados con el capo, y se concluyó que al menos cuatro de sus operadores estaban libres. El gobierno tenía hasta entonces la sospecha de un posible atentado.
Lo anterior forma parte de las revelaciones hechas a La Jornada por diversos funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, quienes ratificaron no sólo la existencia de un encuentro en el interior del penal de máxima seguridad de La Palma entre Osiel Cárdenas, Santiago Vasconcelos y personal militar, sino también precisaron que por parte del gobierno federal los primeros en llegar al lugar donde cayó la aeronave, alrededor de cinco horas después del siniestro, fueron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes).
La llegada de los efectivos de elite a la cima del cerro conocido como Las Canoas, en el poblado de San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, estado de México, se realizó desde cuatro helicópteros Sikorski, descendiendo con sogas desde esas naves. Así se obtuvieron los primeros reportes certeros del desplome.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, sobrevoló la zona, pero a fin de que los medios de comunicación no presenciaran esas operaciones, la supuesta búsqueda de los restos de la aeronave se planteó en una región distinta: las inmediaciones del municipio de Huixquilucan.
Los funcionarios entrevistados indicaron que la orden presidencial había sido precisa: localizar al titular de la SSP federal.
A lo largo del 21 de septiembre, Santiago Vasconcelos habría suspendido un viaje a Miami para reunirse con sus colaboradores más cercanos; según la información recabada, en ese encuentro estuvieron el titular de la Unidad Especializada en Terrorismo, general José Serrano; el de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, Noé Hernández; Unidad Especializada contra el secuestro, Jorge Rosas; también personal de la unidad encargada de lavado de dinero y el propio Santiago Vasconcelos.
La orden fue que se analizaran todas las averiguaciones previas relacionadas con Osiel Cárdenas y sus operadores; se tenía que saber con exactitud quiénes de sus cómplices estaban libres y podían estar involucrados en el hecho. Las fuentes mencionan que al menos seis fueron los nombres que llamaron la atención, uno el de Nicanor Guzmán Rosales, El Nica.
El nombre fue ubicado en expedientes de la SIEDO como uno de los principales operadores de Gilberto García Mena, El June, capturado el 9 de abril de 2001 en Guardados de Abajo, Tamaulipas, y hoy preso en un penal de máxima seguridad.
Desde el 21 de septiembre, en la PGR el personal de la dependencia y de Inteligencia de la Sedena analizaban los expedientes; la tarea concluyó la madrugada del pasado sábado, con la elaboración de una red de vínculos.
Sin embargo, con la información preliminar y la carta que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se da cuenta de amenazas de muerte contra el tercer visitador de ese organismo, el titular de la SIEDO y el personal militar se reunieron con Osiel.
Según los datos obtenidos, el capo les habría asegurado de diversas maneras que no tuvo nada que ver con el desplome de la aeronave. Que él ya está "en paz", que ya lo tenían "atorado", y que les habría pedido que ya no molestaran a su familia.
Mientras, en Huixquilucan, Lerma y Ocoyoacac, centenares de policías locales y federales, así como militares, personal de bomberos y protección civil peinaban sitios como Dos Ríos, el cerro La Campana, Llano Grande y la Magdalena.
Pero en el sitio también conocido como La Cima o Las Canoas, en San Miguel Mimiapan, las fuerzas especiales de la PFP y del Ejército ya tenían información precisa del accidente y la enviaban al gobierno federal.
El personal de la PGR y de la Sedena continuó sus análisis y, tras la declaración de Osiel y los primeros informes enviados a otras áreas federales, se consideró que todo había sido un accidente, aunque había que terminar los peritajes.
En la PGR el mismo 21 de septiembre se ordenó al personal de la SIEDO "mantenerse en uno", pendiente y sin abandonar la sede más que para tareas muy definidas. Los peritos de la PGR arribaron al lugar del siniestro de manera formal a las 20:30 del 21 de septiembre, según reconoció el titular de la Dirección General de Servicios Periciales, Miguel Oscar Aguilar, quien incluso tuvo que buscar en la parte poblada de San Miguel Mimiapan un teléfono público para comunicarse al DF y rendir sus primeros informes.
Ya para esa hora, centenares de efectivos militares y de la PFP se habían trasladado al lugar "escoltados" por reporteros. El acceso al sitio del siniestro estaba lleno de vehículos; muchos no pudieron ascender.
Entre los primeros reportes de la inteligencia militar, indicaron las fuentes, estuvieron las llamadas que se hicieron desde el helicóptero en que viajaba Martín Huerta, una a la torre de control del aeropuerto de Toluca, solicitando instrucciones para pasar sin problemas el banco de niebla, que según los reportes oficiales contribuyó al percance.
La otra llamada fue la de Martín Huerta a su secretario particular, Eduardo Mondragón.
Según las fuentes consultadas, luego de reunir todos los datos, ubicar los cuerpos, encontrarse con Osiel Cárdenas, iniciar la inspección de averiguaciones previas y obtener datos técnicos, Inteligencia Militar y PGR pudieron ofrecer información precisa a la Presidencia de que todos los ocupantes del helicóptero Bell 412 habían fallecido y que todo indicaba que se trató de un accidente.
Aun así, cuando se realizó una reunión en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la que participaron pilotos civiles y militares, también se analizó la posibilidad de un flamazo en el helicóptero a la altura del rotor trasero, lo que impidió a la aeronave ascender a 12 mil pies para librar la niebla.
* Ni PGR ni nadie lo ha buscado, asegura
Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, no ha sido interrogado por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) ''ni por ninguna otra autoridad'' sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban ocho servidores públicos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta, y el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal, ni respecto de las amenazas de muerte que lanzó el presunto narcotraficante contra el funcionario del organismo descentralizado, aseguró ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Mediante un comunicado de prensa, elaborado ''con base en los registros oficiales de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, La Palma'', la dependencia federal precisó que ''es absolutamente falsa'' la información que dio a conocer La Jornada, en el sentido de que Cárdenas Guillén fue interrogado en los pasados dos días por agentes del Ministerio Público Federal.
Según la dependencia encargada de administrar los reclusorios federales, a través de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, el capo del narcotráfico que se encuentra detenido en el penal de La Palma desde el año 2003 ''no ha sido interrogado en fecha posterior al 21 de septiembre, en que sucedió el accidente''.
En su edición de ayer, este diario reveló información proporcionada por fuentes gubernamentales, en el sentido de que las diligencias ministeriales en las que se interrogó al presunto narcotraficante, en las que incluso participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actuaron como observadores, se realizaron en el penal federal de La Palma.
En el boletín informativo 248/05, difundido ayer por la Secretaría de Seguridad Pública federal, se aseguró que ''nunca ha ingresado al Cefereso número uno personal de la Sedena para participar en calidad de 'observadores' en una diligencia'' como la mencionada.
Además, se precisó que ''José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, jamás se entrevistó con el interno Osiel Cárdenas Guillén. Bernal no ingresó siquiera al Cefereso durante este año. Su nombre no aparece referido en el escrito enviado por el secretario de Administración de la CNDH a la Secretaría de Seguridad Pública federal el 21 de septiembre pasado -horas después de sucedido el desplome-, ni en las actas circunstanciadas a que se hace referencia en el mismo documento''.
En tanto, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP, Miguel Angel Yunes Linares, también desmintió la información que reveló La Jornada.
Entrevistado ayer en Guadalajara, Jalisco, el funcionario federal refirió que ''es absolutamente falsa la nota del reportero Gustavo Castillo. No ha habido ninguna investigación ni ningún interrogatorio a ningún interno de La Palma, relacionada con el lamentable accidente en el que perdieron la vida nuestro secretario y ocho servidores públicos más''.