Las confiscaciones son asunto "soberano e interno", sostiene embajador de EU

Preparan expropiación de siderúrgica y central azucarera en Venezuela

Descarta el dueño de una empresa intervenida que el gobierno le esté "pasando una factura"

AFP Y DPA

Caracas, 27 de septiembre. La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela declaró hoy de "utilidad pública" a una central azucarera y una empresa siderúrgica, que consideró inactivas, como primer paso a su expropiación. Mientras el embajador estadunidense en esta capital, William Brownfield, dijo que las expropiaciones de tierras y empresas privadas que impulsa el gobierno del presidente Hugo Chávez son un asunto "soberano e interno" del país.

El Parlamento estableció que la central azucarera Cumanacoa y la Siderúrgica de la Zona Oriental del Lago de Maracaibo (Sideroca), en los estados Sucre, al este, y Zulia, al oeste, respectivamente, son de "interés social", lo cual permite al Ejecutivo intervenirlas.

La declaración fue aprobada por la mayoría de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Ahora la medida será remitida al Ejecutivo, y en caso de así determinarse las empresas serán entregadas a cooperativas de trabajadores para que queden bajo el mecanismo de cogestión con el gobierno.

Según la Constitución venezolana, el Estado puede intervenir aquellas empresas declaradas de "interés social" por el Congreso después de que tribunales emitan sentencias o establezcan indemnizaciones.

El diputado oficialista, José Khan, dijo que Sideroca -empresa fabricante de tubos para el sector petrolero- lleva seis años cerrada, y que las plantas industriales podrán ser intervenidas en casos extremos, "cuando el empresario únicamente abandone a sus empleados, aun debiéndoles sus prestaciones laborales".

Khan, del oficialista Movimiento Quinta República (MVR), advirtió que si bien la Constitución venezolana establece el respeto a la propiedad privada, también protege "los intereses del ser humano".

La acción parlamentaria coincidió con la expropiación el lunes de unos silos de empresas Polar en el estado de Barinas, dentro de una cruzada gubernamental contra el latifundio y la recuperación del aparato industrial.

También se da semanas después que las autoridades intervinieran cuatro fincas al suroeste del país, de más de 68 mil hectáreas.

El presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, calificó de injusta e inconstitucional la expropiación de sus silos y afirmó que recurrirá a los tribunales para revertir la acción, y que confiaba en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el estado de derecho.

Sostuvo que la gigante de alimentos venezolana Polar y su subsidiaria Refinadora Venezolana de Maíz sí son productivas. "Esos silos están operando, esas plantas están operando, esas instalaciones son operativas y aquí la palabra negociación no tiene lugar".

Dudó que las acciones contra su empresa signifiquen un pase de factura por haber asistido al Palacio de Miraflores cuando los autores del golpe de Estado del 12 de abril de 2002 firmaron un decreto que disolvió los poderes estatales del gobierno de Chávez.

Indicó que acudió a esa convocatoria como ciudadano y empresario, y que cuando se enteró de lo que se iba a hacer allí se retiró alarmado y salió del país para participar en el maratón de Londres.

Alegó también que Polar colaboró con el gobierno durante el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, con los esfuerzos coordinados con el ejército para aportar los siete productos que le solicitó el gobierno que mantuviera en el mercado, pese a las limitaciones que se presentaron con los combustibles.

La familia propietaria de la finca ocupada La Marqueseña, en Barinas, aceptó a su vez la propuesta del presidente Chávez de dejarle sólo mil 500 hectáreas de las 8 mil 500 que dicen poseer, en caso de perder en los tribunales.

A todo esto, el embajador de Estados Unidos en Caracas, William Brownfield, declaró a una televisora local que "el derecho internacional reconoce el concepto de expropiación por el bienestar de la sociedad con básicamente tres condiciones: que ofrezca compensación justa e inmediata; que sea un proceso transparente, público y legal, y que se apliquen las mismas reglas a todos".

No obstante, señaló que lo que ocurre en Venezuela en esa materia "sin duda alguna va a tener algún impacto en las empresas privadas no sólo de Estados Unidos, sino de todos los países del mundo" en cuanto a inversiones y operaciones comerciales.