Usted está aquí: viernes 30 de septiembre de 2005 Economía MEXICO SA

MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Los dueños del dinero ahora quieren gobernar el país

Buenos deseos en el acuerdo de Chapultepec

MAS CERCANO A UN compendio de buenas intenciones y a una relación de asignaturas pendientes que a un programa de trabajo conjunto, ayer se firmó un "acuerdo nacional" para promover los grandes pendientes en el país: unidad, estado de derecho, desarrollo, inversión y empleo.

PODRIAN AVALARSE BUENA parte de los puntos contenidos en el "acuerdo nacional", pero la primera pregunta que surge es ¿cómo llevar a la práctica la inagotable relación de pendientes?, porque sólo con buenos deseos y sensibles discursos difícilmente se alcanzarán las metas en él planteadas, y lamentablemente esos dos elementos caracterizaron la presentación realizada ayer en el alcázar del Castillo de Chapultepec.

INFLUYENTES EMPRESARIOS impulsaron el susodicho "acuerdo" para atender rezagos y urgencias nacionales, pero tras la lectura del prontuario queda la impresión que los promotores de la iniciativa privada ya no están dispuestos a limitar su actividad política al financiamiento de campañas electorales, obvio es que para después pasar la factura al vencedor de la contienda. El mensaje es claro (con copia certificada a los precandidatos para 2006): ya no quieren servirse del gobierno, sino ser el eje fundamental de él. Si somos los dueños del dinero y prácticamente del país, entonces tenemos derecho a gobernarlo (con el "cambio" han avanzado bastante, pero les falta).

¿CUANTOS EMPRESARIOS de primer nivel firmantes del acuerdo de nombre kilométrico (rápidamente compendiado como acuerdo de Chapultepec) tienen calidad moral para hablar de estado de derecho, unidad e intereses nacionales, legalidad, democracia, pluralidad, justicia y demás términos mencionados en el documento de presentación?

PODRIAN SOBRAR DEDOS de una mano para contabilizarlos, pero mientras se resuelve la ecuación, cinco son los "objetivos nacionales" que promueve el acuerdo de Chapultepec (cada uno de ellos desarrollado en el cuerpo del documento presentado): estado de derecho y seguridad pública (consolidar un Estado democrático de derecho, que garantice libertades, derechos humanos y sociales, y seguridad física y jurídica); desarrollo con justicia (crecimiento económico y empleo; lograr un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con empleo y con políticas redistributivas); formar y desarrollar capital humano y social (más y mejor salud y educación); desarrollo de capital físico (acelerar la construcción de infraestructura y vivienda) y reforma de la administración pública (hacerla más eficaz y transparente al servicio a los ciudadanos).

PARA QUIENES LO suscriben, "postergar un acuerdo de unidad nacional que postule el estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo sería una irresponsabilidad histórica que profundizaría inequidades y problemas sociales. Estas convicciones son las que nos han reunido ahora".

RAPIDAMENTE LA PRESIDENCIA de la República compartió "la visión del acuerdo" y negó que su contenido muestre inconformidad o crítica al inmovilismo político de la administración de Fox. El agudísimo vocero de Los Pinos dijo conocer "perfectamente el documento y no encuentro en ningún momento esa observación, simplemente hace una invitación a todos los actores a que acordemos, es un documento construido por el consenso de todo mundo no hay ningún análisis de corte negativo sino una invitación a ver al futuro".

NO SE SABE A QUÉ documento hacía referencia Rubén Aguilar, porque el que contiene los puntos básicos del acuerdo de Chapultepec condensa no sólo el rezago que reporta el país en un sinnúmero de actividades, sino la abundante relación de incumplimientos por parte del gobierno del "cambio", en especial en lo que a unidad, estado de derecho, desarrollo, inversión y empleo se refiere.

LO PRIMERO QUE LOGRO el referido acuerdo fue un notorio incremento en las ventas de jabón de tocador, porque todos los funcionarios públicos consultados al respecto se lavaron las manos. No sólo el inquilino de Los Pinos y su simpático vocero; también el secretario de Gobernación, monseñor Carlos Abascal, quien rechazó que el acuerdo de Chapultepec sea un reclamo al gobierno foxista. Por el contrario, dijo, "es un estímulo importante para todos; es muy alentador y me parece que es un mensaje muy positivo para el país".

PROBABLEMENTE ESTÉ equivocado, pero si los funcionarios públicos están en lo correcto, entonces ¿quién es el responsable de mantener el estado de derecho, promover el crecimiento, la inversión y el empleo, y estimular la unidad nacional, cuya carencia tanto reclaman los abajo firmantes del acuerdo?

EN VIA DE QUE LOS funcionarios gubernamentales también decidan incrementar las ventas en el sector de lentes para lectura, el Senado de la República decidió eliminar la figura del secreto bancario para efectos de fiscalización por parte de autoridades como la Auditoría Superior de la Federación o instituciones como el Instituto Federal Electoral.

LOS INQUILINOS DE Xicoténcatl reformaron el artículo 117 y derogaron el 118, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito. El primero de ellos señalaba que en ningún caso las instituciones de crédito podían informar o notificar sobre depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo al titular de la o las cuentas (sean éstas de haberes o deberes, sus representantes legales o mediante el mandato judicial). El 118 establecía responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes, a quienes divulgaran información sobre las cuentas o sus titulares.

CON ESTA DECISION, el Senado de la República -que deberá ratificar la Cámara de Diputados- abre la puerta de uno de los baluartes de la impunidad, porque el secreto bancario ha sido refugio de infinidad de personajes de la actividad pública y privada para resultar impunes en el oscuro manejo de los dineros. Con esta herramienta se han encubierto todo tipo de ilícitos, entre ellos financiamientos a campañas políticas al margen de la ley. A partir de esta decisión, la ASF y el IFE podrán fiscalizar las operaciones financieras con mayor certeza.

Las rebanadas del pastel:

ALGUNOS DIPUTADOS rechazan la reprivatización de Cintra "por razones de seguridad nacional". ¿Dónde andaban a la hora de reprivatizar y extranjerizar la banca? Cuánto se hubiera ahorrado el país.

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