Editorial
Acuerdo con visión empresarial
El documento firmado ayer en el castillo de Chapultepec por empresarios, académicos, políticos y comunicadores, titulado Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, contiene referencias valiosas y atendibles sobre el curso que debe seguir el país en materia política, económica, social y administrativa en los próximos años.
Ciertamente, México requiere de una consolidación de sus instituciones y procesos electorales, del desarrollo de una cultura democrática por parte de su clase política, de una acción económica orientada al crecimiento y la generación de empleos, de estrategias de desarrollo social en materia de educación y salud, de más y mejor infraestructura, de una recuperación de la seguridad pública, del abatimiento del rezago habitacional y de una administración pública que opere, en todos sus niveles, con mayor eficiencia, transparencia, honradez y espíritu de servicio a la ciudadanía. Ha de destacarse, asimismo, que en un documento en el que predomina la perspectiva del sector privado se hable de la necesidad de establecer políticas fiscales y de crecimiento orientadas a la redistribución del ingreso. Ello expresa una saludable y apreciable evolución del pensamiento empresarial.
Difícilmente se podría estar en desacuerdo, en suma, con esos y otros propósitos del texto mencionado, y éste podría, en consecuencia, funcionar como borrador para la consecución de un acuerdo más amplio e incluyente que mereciera el calificativo de "nacional".
Pero lo signado ayer en Chapultepec no lo es, en la medida en que ostenta una visión claramente empresarial de los problemas nacionales y de sus posibles soluciones. Por ejemplo, el documento menciona, con un pragmatismo inadecuado, por decir lo menos, la "condición favorable" que representa, para la economía mexicana, el volumen de las remesas que hacen los trabajadores migrantes; no hace referencia, sin embargo, al costo humano de esa "condición favorable": el drama que representa, para millones de mexicanos y sus familias, el cruce de la frontera norte, los peligros de muerte, las separaciones, el dislocamiento de los tejidos sociales, los agravios que sufren nuestros connacionales al norte del río Bravo. Este panorama lacerante e inaceptable se presenta, edulcorado y parcializado, de esta manera: "La falta de oportunidades de trabajo ha orillado [al trabajador de campo] a buscar empleo fuera de nuestras fronteras, sin olvidar a su familia y a sus raíces". El texto ignora, por otra parte, que ya no son sólo "los trabajadores del campo" quienes emigran a Estados Unidos en busca de trabajo, y que cada vez es mayor el número de citadinos estudiantes, amas de casa, microempresarios, niños, profesionistas que se integra al flujo migratorio. Otro botón de muestra del espíritu del documento: entre las "condiciones para un desarrollo con justicia, con crecimiento económico y empleo", se propone "combatir a la pobreza por elemental justicia social y por la necesidad económica de incorporar al mercado a la población hoy marginada". La frase, no exenta de cinismo, busca conciliar una ética social que se justifica por sí misma con el cálculo empresarial de oportunidad de negocio: hacer menos pobres a los pobres para que puedan adquirir productos y servicios.
Otro aspecto criticable de este "acuerdo nacional" es su total omisión, en las propuestas de desarrollo político, económico y social, de los grupos y sectores vulnerables, marginados y discriminados. Es inaceptable que en esta iniciativa, redactada en el México de 2005, no se haga ni una sola referencia a las necesidades y reivindicaciones de los indígenas, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, de los discapacitados, de las madres solteras, de las diversidades culturales, sexuales y religiosas que existen en la sociedad mexicana contemporánea.
Por otra parte, la propuesta de "cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas públicas" alude a un punto en el que no hay consenso social: el de la privatización, parcial o total, del sector energético. Sin ignorar la existencia de grupos políticos y económicos ciertamente poderosos que han venido insistiendo en la apertura de ese sector al capital privado, debe señalarse que hay, por otro lado, importantes sectores que rechazan, con argumentos sólidos, la posibilidad de tal apertura.
Para finalizar, resulta saludable y positivo que el ámbito empresarial manifieste en forma clara sus perspectivas de desarrollo nacional. Tales perspectivas forman parte, sin duda, del sentir de la sociedad y deberán ser tomadas en cuenta en los programas que partidos y candidatos presenten a los votantes en las elecciones del año entrante. Pero hay otros sectores que también deben ser escuchados y atendidos; y en el documento firmado ayer, sus voces no aparecen por ningún lado.