Al parecer el titular de Coyoacán fue a un acto oficial tras ser notificado de su sanción
Investigarán si Bortolini desacató la suspensión
La resolución de la Contraloría que exonera a Marcelo Ebrard Casaubón y sanciona con 30 días de suspensión al delegado de Coyoacán, Miguel Bortolini Castillo, se sustenta en los elementos de prueba que aportaron ambas partes en el transcurso de la investigación, por lo que "está fundada, motivada y es claramente muy sólida", afirmó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz Suárez, quien es el responsable de verificar el cumplimiento de la sanción impuesta al jefe delegacional.
Ruiz Suárez dijo que la sanción a Bortolini tiene plena justificación y fundamento en las normas del Distrito Federal. No se trata de valorar si se está de acuerdo o no, apuntó, el hecho es que la Contraloría lo encontró responsable de haber utilizado información de los programas sociales con fines político-partidistas durante una reunión con vecinos de Coyoacán, el 16 de julio, y aplicó el castigo que corresponde.
Advirtió que continúa pendiente la denuncia penal que por esos mismos hechos presentaron legisladores del PAN ante las procuradurías General de Justicia capitalina y General de la República, pero aclaró que se trata de procedimientos distintos y la autoridad ministerial podrá o no tomar en cuenta la resolución administrativa.
Respecto de la verificación del cumplimiento de la sanción, Ruiz envió ayer al encargado de despacho de la delegación política, Enrique Aguilar, un oficio solicitando informes de las actividades que se realizan en la demarcación.
En este contexto, dijo que indagará en su momento sobre la presunta participación de Bortolini en un acto realizado la tarde de ayer para inaugurar los festejos por el 20 aniversario de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles.
El acto estaba programado a las 18:30 horas y Bortolini fue notificado antes, por lo que para entonces habría comenzado a surtir efecto la suspensión.
Ruiz explicó que informará a la Contraloría sobre cualquier situación que viole la suspensión, si bien el gobierno no podría impedirle que acuda a la sede delegacional o que esté presente en los actos públicos.
Agregó que lo que procede es informar a esa dependencia para que, de ser el caso, sancione dicha conducta, "pues no solamente sería motivo de una sanción administrativa, sino también de un procedimiento penal".