La construcción del contexto
Acosada por la cercanía del crimen organizado, que ahora recluta monstruos educados para matar en "defensa de la patria" guatemalteca, la sociedad se las arregla para dejar ver que no está conforme con el gobierno del Estado, ni con el discurso de quienes aspirar a suceder a los encargados actuales. Tampoco parece dispuesta a admitir como destino las repetidas caídas en competitividad, nivel de vida o estancamiento crónico a que la han sometido años de estabilidad obsesiva y divorciada por completo de objetivos de crecimiento, empleo y equidad.
Primero fue la intensa reflexión intentada y en buena medida lograda al calor del 20 aniversario de los sismos de 1985, y ahora se hace presente esta preocupación cívica con dos reuniones que llaman a acuerdos fundamentales y coaliciones para consolidar la democracia con desarrollo y equidad. Apuntalar las instituciones que dan confianza en las elecciones, como el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reforzar la gobernabilidad general del país y modificar la política económica para dar entrada a panoramas más amplios y largos de desarrollo mediante la inversión productiva, son algunos de los lineamientos adelantados por los sindicalistas de la UNT y otros, junto con organizaciones sociales y políticos destacados, en la reunión del lunes destinada a formar una Coalición Ciudadana y Nacional por la Transición Democrática con Justicia y Equidad.
Para los empresarios encabezados por el ingeniero Slim, lo que se busca es un Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo. Más que un planteamiento sectorial corporativo, el documento leído el jueves por Mario Molina pretende recoger preocupaciones y afanes mínimos que resumen el interés nacional. De cómo traducir este interés colectivo en políticas y leyes tendrá que ocuparse el sistema político democrático, y así quedó consignado en las dos apelaciones a la unidad de esta semana.
Divergencias entre ambas invitaciones pueden ser muchas, pero las más notorias no son las que podrían asociarse al origen de clase de los postulantes. Lo notable es que las dos contribuyen, por lo pronto, a ofrecerle a la angustia y la desazón que invaden la comunidad nacional un cauce y un discurso razonado para buscar políticas de Estado y empujar decisiones y visiones de gobierno y fuerzas productivas que destraben la situación económica y obliguen a partidos y gobernantes a comprometerse con objetivos elementales. Uno de éstos debería ser la construcción de un nuevo sentido común para la política y la economía, basado en la historia y los sentimientos nacionales más que en operaciones deductivas que han caído ya en desuso en buena parte del planeta, y que en nuestro caso se han vuelto dogmas rancios, pero no por ello menos nocivos, porque son los que hasta hoy definen las variables centrales de la política económica y social.
En el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo se insiste en la necesidad de aprovechar cuanto antes la coyuntura internacional que se resume en altos precios del crudo y bajas tasas de interés, y en darle a la estabilidad macroeconómica lograda a tan alto costo un sentido claro de crecimiento económico alto y sostenido. Reconfigurar la economía mixta, para recrear la clásica asociación entre el sector público y el privado, es otro renglón principal del documento del castillo de Chapultepec. También, lo que no deja de ser importante tratándose de un texto cuyos primeros destinatarios son los empresarios, el documento recoge con claridad la cuestión distributiva, y hace de la redistribución del ingreso una variable central, a "la que debe contribuir la política fiscal".
"La pobreza -agrega- debe combatirse por elemental justicia social y por la necesidad económica de incorporar al mercado a la población hoy marginada". Sin hacer esto, y sin empezar a hacerlo pronto, el país profundizará sus fallas en el terreno de la iniciativa económica, porque el mercado interno menguará y no podrá sostener el esfuerzo exportador en beneficio nacional; así, se agudizará la distancia social que priva, que acompañada de pobreza masiva no puede sino dar lugar a mayor desintegración comunitaria, rencor social abierto y, como ya ocurre, a más migración de cuerpos y mentalidades.
La circunstancia que vivimos no deja mucho espacio para el sueño, pero los dos esfuerzos de la semana, aparte de contrastar con los desatinos de los contendientes en el vacío de una sucesión evanescente, permiten vislumbrar luces al final de este túnel. Ambos dejan imaginar que es factible, desde la sociedad civil -tan manoseada, pero no por ello menos importante para hacer de la democracia una forma de gobierno sustentable- construir efectivos contextos de reclamo, exigencia y propuesta, al Estado que ya está poblado por los partidos y la pluralidad.
Quizás sea esta la mejor manera de evitar que el Estado democrático emergente, pero todavía sometido al peso del viejo régimen, sea colonizado sin el menor reparo por los llamados poderes fácticos, no constitucionales pero siempre listos para hacernos la tarea de la gestión pública a cambio de pingües beneficios privados. La mesa para el gran debate se ha puesto. La palabra la tienen los partidos.