Propicia abusos de autoridades: Julio César Moreno
Propone diputado reformar la Ley de Cultura Cívica
Para frenar los abusos y extorsiones que cometen policías de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de grupos vulnerables por la mala aplicación de la Ley de Cultura Cívica, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Julio César Moreno, planteó la necesidad de realizar reformas a la normatividad.
El legislador informó que se han recibido 250 quejas en la comisión, la mayoría de comerciantes que señalan las arbitrariedades de los policías, originadas porque ni los mismos involucrados conocen la ley, ya sean ambulantes, ciudadanos, policías o jueces cívicos; por ello, dijo que las personas afectadas se convierten en presas de extorsión de servidores públicos.
La reforma, adelantó, a pesar de ser necesaria, se debe realizar sin conmociones, pues lo que se plantea es incluir mecanismos que eviten los abusos y las extorsiones de los policías.
La Ley de Cultura Cívica ha generado diversas interpretaciones. Julio César Moreno reconoció que ha beneficiado a mucha gente, pero también se ha afectado a otros, porque los elementos de Seguridad Pública detienen a franeleros y limpiaparabrisas, y en ello "ha habido casos que son parte de una acción arbitraria, pues no hay un control de lo que hacen los efectivos policiacos".
Ante la situación mencionó la necesidad de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, dé a conocer el contenido y duración de los cursos de profesionalización y capacitación que se imparten a los policías y a jueces cívicos para asumir los alcances de la citada ley.
"Es indispensable que los servidores públicos tengan el compromiso de aplicar la ley en estricto apego a las garantías y derechos humanos, evitando así cualquier abuso de autoridad y las prácticas de corrupción", acotó el legislador perredista.
Por último, resaltó la importancia de dar a conocer las condiciones mínimas de la Ley de Cultura Cívica, y el número de policías comisionados por la Secretaría de Seguridad Pública a cada uno de los juzgados cívicos.