MITOLOGICAS
A medida que el proyecto económico del sexenio se quedaba sin sustancia, emergió una mitología que todo lo justifica. Es la mitología de las reformas estructurales. Dicen las autoridades que sin ellas no pueden crecer regularmente el producto y el empleo. Señalan que la falta de reformas es lo que explica el desplome de México en la arena de la competitividad internacional (problema éste cuyo costo en los últimos cuatro años, según el gobernador del banco central, asciende a 30 mil millones de dólares).
El rechazo automático de las reformas estructurales, sólo porque el gobierno las propone, es tan absurdo e irracional como esperar que una vez que fueran adoptadas la economía entraría en jauja. Nada prueba que tales reformas sean por sí mismas capaces de engendrar el ciclo de expansión sostenida que el país requiere desde hace varios lustros para empezar a enderezar su economía. No hay ninguna garantía de que ello vaya a suceder, y las más recientes experiencias reformadoras de México no son muy alentadoras al respecto. Para que las reformas estructurales sean palancas efectivas del crecimiento y del desarrollo a largo plazo, es necesario tomar decisiones políticas y administrativas que no requieren autorización legislativa, sino determinación y eficiencia operativa de las agencias gubernamentales.
Es muy cómoda e irresponsable la posición asumida por las autoridades cuando sugieren que, como el Congreso no aprueba las propuestas de reforma, es muy poco lo que pueden hacer para enfrentar a fondo los problemas económicos nacionales. De esta consideración deriva casi siempre una pasividad asombrosa que, al menos en este ámbito de la política pública, tiende a perfilarse como lo único verdaderamente consistente en los últimos cinco años.
Ejemplo de lo anterior, entre muchos otros posibles, lo encontramos en torno a la reforma fiscal. Todos los sectores sociales y económicos reconocen hoy que es indispensable elevar la tributación. El gobierno ha defendido a capa y espada que esto se logre por medio de los impuestos indirectos, es decir, el IVA sobre fármacos y alimentos. Como esta propuesta no forma consenso, la respuesta de la autoridad hacendaria es la inacción: igual que en los gobiernos precedentes, en éste no se ha hecho nada serio para ampliar la base tributaria incorporando a quienes no pagan impuestos, ni para combatir la evasión y la elusión fiscales.
Y no me refiero solamente a los contribuyentes potenciales de la llamada economía informal (cuyos integrantes estarían en su gran mayoría exentos del pago de impuestos sobre la renta), sino al enorme contingente social de técnicos, profesionistas, artesanos, rentistas, transportistas y comerciantes que, a pesar de operar a la luz pública y registrar sus ganancias en cuentas bancarias, no declaran del todo sus ingresos o declaran lo que les conviene sin ser molestados en absoluto por la autoridad fiscal. Y ni hablar de quienes poseen las mayores fortunas del país. Está por demás decir que la ley faculta y obliga a la autoridad a recabar los impuestos, y que para eso no se requiere ninguna reforma estructural. Sólo hay que aplicar la ley, hacerla valer. ¿Por qué no se hace? ¿Falta de voluntad?, ¿carencia de recursos materiales, humanos, técnicos, institucionales?, ¿ineficiencia, negligencia de los funcionarios a cargo de esta importantísima función de todo sistema fiscal? ¿Por qué no se hace?
Con o sin reforma fiscal, la autoridad tiene la obligación legal, política y administrativa de hacer valer la ley en materia tributaria. Los impuestos que se pueden recabar con la estructura legal existente, la autoridad no los recaba. ¿Es razonable pensar que este problema fundamental se resolverá de manera automática con la reforma fiscal? No. Pero mientras el mito de las reformas estructurales no aprobadas por el Congreso siga blandiéndose como pretexto, la ineficacia administrativa del gobierno seguirá justificándose de manera campechana §