EL AVESTRUZ

Volvió a la discusión nacional el tema de las pensiones y lo hizo de un modo contundente. Santiago Levy, miembro prominente de la élite que mantiene desde hace dos décadas el control de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, y también pieza clave del equipo original de gobierno del presidente Fox, renunció a la dirección general del IMSS. Lo hizo cuando advirtió que el gobierno federal estaba dispuesto a abrir la discusión sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores del instituto, reformado el año pasado por las cámaras de diputados y senadores.

En Los Pinos y Bucareli no quieren más conflictos en medio de la confusión casi permanente que caracteriza la acción gubernamental. Pero esto es inevitable y lo peor será seguirlo posponiendo. La renuncia de Levy es un botón de muestra de la fragilidad institucional del país y de la carencia de una política de Estado para casi cualquier tema y, sobre todo, indica la indefinición que ha mostrado desde el inicio esta administración federal.

Es claro, como lo muestran los números ­asunto que en este suplemento se ha tratado profusamente­ que el actual RJP es insostenible en el tiempo con el actual ritmo de acumulación de reservas y las condiciones laborales existentes en el Seguro Social. La institución casi gasta tanto en pagar las pensiones de sus trabajadores como en rubros relacionados con su razón de ser, como la atención médica de 44 millones de personas, la compra de medicamentos o la construcción de nuevas unidades.

Ante esos hechos, y desde el punto de vista del sindicato que dirige el diputado priista Roberto Vega Galina, los beneficios que derivan del RJP anterior a la reforma del año pasado no deben ser tocados. Apenas el miércoles pasado, Vega Galina insistió claramente en que esa reforma debe ser derogada y abierta la contratación de personal sindicalizado bajo las condiciones prevalecientes hasta antes de agosto de 2004. Esto parece indicar que al gobierno se le tiene bien tomada la medida.

El nuevo director general del Seguro Social, Fernando Flores, ex director de Mexicana de Aviación y hasta el domingo pasado subsecretario de Trabajo ­y claramente un hombre de confianza del secretario de Gobernación­ tiene cualidades de negociador político, según informan a la prensa sus allegados. El perfil del relevo de Levy anticipa por dónde quiere llevar el gobierno federal el conflicto surgido de la revisión del contrato colectivo de trabajo de los poco más de 340 mil trabajadores del IMSS. Uno de los puntos a revisar es el RJP.

La Secretaría de Gobernación y el sindicato del IMSS han abierto una "mesa de negociación" para tratar de que no estalle la huelga convocada para el primer minuto del 16 de octubre. El curso de los acontecimientos de la semana pasada ­y la experiencia de la forma en que actúa el gobierno ante los conflictos, como ocurrió con el aeropuerto de Atenco, la ley cañera o el caso de los autos que se internan al país de modo ilegal­ hacen previsible el desenlace de la discusión actual en el Seguro Social: postergar un año más, o quizá dos ­dado que el contrato colectivo se negocia bianualmente­ la decisión para hacer frente a un problema que en algún momento estallará en la cara de todos.

El presidente Fox ofreció que en el conflicto del IMSS no actuaría como un avestruz, escondiendo la cabeza, y esa es en efecto la única conducta posible pues en el problema de las pensiones solo cabe distribuir costos y lo peor será que esta enorme carga se transfiera otra vez, como ocurrió en 1995 con la crisis bancaria, a toda la sociedad §