Usted está aquí: martes 11 de octubre de 2005 Estados Acusan a Rafael Herrerías de desvío millonario en el club de futbol Veracruz

El Congreso local detectó también anomalías en el uso del impuesto a la nómina

Acusan a Rafael Herrerías de desvío millonario en el club de futbol Veracruz

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 10 de octubre. La Comisión de Vigilancia del Congreso local y el Organo de Fiscalización Superior (OFS) denunciaron a funcionarios de la administración que encabezó Miguel Alemán Velasco y particulares -el empresario Rafael Herrerías Olea, entre otros- por su presunta responsabilidad en irregularidades cometidas en el manejo del fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz y el impuesto de 2 por ciento a nómina, resultado de la revisión de la cuenta pública 2003 y de auditorías al equipo de futbol.

También presentaron querellas contra ex alcaldes de 19 municipios veracruzanos, por no haber justificado sus gastos durante el mismo ejercicio fiscal y ocasionar daño al erario.

El OFS determinó que se cometieron diversos delitos no sólo en agravio del fideicomiso del club deportivo, sino contra la hacienda pública estatal, que causaron daño patrimonial por 686 millones 77 mil pesos, aunque falta cuantificar otras irregularidades para determinar el monto total del daño causado al estado.

Los ex servidores públicos implicados son Porfirio Serrano Amador, Juan Amieva Huerta y Everardo Souza Landa, ex secretarios de Desarrollo Regional, de Finanzas y Planeación, y de Desarrollo Económico, respectivamente, así como el ex contralor y actual diputado local priísta Ricardo García Guzmán, y el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Carlos Sosa Lagunes.

También se abrió una denuncia en contra de Juan Felipe Aguilar de la Llave, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la ex contralora Flor Alicia Zamora Pozos, quienes desempeñaron esos cargos una vez que renunciaron Amieva Huerta y García Guzmán. Los delitos imputados son abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal.

En cuanto a los particulares, el OFS y la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado denunciaron legalmente a los empresarios Rafael Herrerías Olea, Mauricio Rodríguez Elorduy, Ricargo Lugo Prieto, Simón Pedro Téllez Ramírez y Hugo Martínez Barrenada, además de la dirección fiduciaria del Banco BBVA-Bancomer. Todos son presuntos responsables de peculado equiparado, administración fraudulenta, uso de documentos falsos y falsificación de documentos.

Las denuncias fueron presentadas por integrantes de la Comisión de Vigilancia, que preside el panista Miguel Angel Yunes Márquez, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el Ministerio Público en el caso de los particulares.

Por las irregularidades detectadas en el Fideicomiso de Administración del Impuesto sobre la Nómina fueron denunciados Lorenzo Lazo Margáin, ex jefe de la Oficina del Programa de Gobierno; Ricardo García Guzmán, ex contralor, y Juan Amieva Huerta y Sergio Maya Alemán, ex secretarios de Finanzas y Planeación. Aunque no pudo determinarse un daño patrimonial causado, sí fueron encontrados actos y omisiones que propiciaron el presunto desvío de recursos públicos.

Entre esas irregularidades resalta la adquisición de bienes por un monto de 56 millones 974 mil pesos con fondos de ese impuesto, que, de acuerdo con la ley, está destinado a financiar obra pública.

Asimismo, sin existir autorización del comité técnico del fideicomiso, los ex funcionarios ordenaron el retiro de 240 millones de pesos para ser reinvertidos y obtener mayores rendimientos, lo cual no corresponde con el objetivo del mismo fideicomiso. Al parecer esos fondos fueron usados para subsanar un déficit en la hacienda estatal.

A estos ex funcionarios se les imputan delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Irregularidades en cuenta pública 2004

Por su parte, el secretario de la Comisión de Vigilancia, Marcelo Montiel Montiel, manifestó que en la cuenta pública 2004, actualmente en revisión, se detectaron anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular fue entonces el actual diputado local Alejandro Montano Guzmán, quien gastó más de 5 millones de pesos mensuales en el pago de alquileres de avión.

 
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