Acuden a una reunión restringida con senadores de la comisión del ramo
Reconocen ex vocales del IPAB ilegalidades en el rescate bancario
En reunión privada y casi clandestina, porque así lo decidió el presidente de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el senador panista Fauzi Hamdan, tres ex vocales de ese organismo -Adalberto Palma, Bernardo González Aréchiga y Alejandro Creel Covián- reconocieron que no se cumplió con lo establecido en la ley para transparentar el rescate de los bancos y disminuir su elevado costo fiscal.
De acuerdo con versiones de senadores asistentes a esa reunión, llevada a cabo ayer en la Torre del Caballito, los ex vocales del IPAB señalaron que renunciaron al cargo por no estar de acuerdo con decisiones de la junta de gobierno, entre ellas la de negarse a publicar las actas con las resoluciones adoptadas y por los cambios de personal por funcionarios ligados al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Asimismo dejaron entrever que hubo presiones e incluso González Aréchiga debió acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los senadores Luis Rico Samaniego, del PAN, y Serafín Ríos, del PRD, expresaron a Hamdan su inconformidad por no haber convocado a los medios de comunicación al encuentro, ni haber solicitado que se transmitiera por el Canal del Congreso. ''Si lo que buscamos es que haya claridad, no encuentro ninguna justificación al haber relegado la comparecencia de los ex vocales'', señaló el panista.
Hamdan llegó, vio y se fue
Hamdan, quien fue el artífice del IPAB y trató de evitar por todos los medios que se creara la comisión investigadora, prestó poco interés a la reunión, ya que apenas fue instalada se retiró.
Sin embargo, los demás legisladores aprovecharon la presencia de Palma, González Aréchiga y Creel Covián para allegarse información sobre los criterios seguidos por el instituto, que llevaron a decidir el canje de pagarés Fobaproa-IPAB, sin llevarse a cabo las auditorías a los bancos.
Rico Samaniego comentó al final del encuentro que, ''con matices'', los tres ex vocales del IPAB -los primeros con los que inició operaciones ese instituto- coincidieron en que no se cumplió el artículo quinto transitorio debido a resoluciones de la Suprema Corte y criterios de la junta de gobierno de ese instituto con las que no estuvieron de acuerdo.
''Pese a que durante años el IPAB informó a la Asociación Mexicana de Bancos que las cuatro instituciones rescatadas, entre ellas Bancomer y Banamex -que están ahora en manos de extranjeros- tenían que pasar por las auditorías previstas en el Informe Mackey, esto no se hizo.''
El legislador recalcó que en la reunión él expuso que el IPAB tampoco tomó en cuenta las observaciones de su propio contralor interno, Fortunato Alvarez, ni las de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y convino con los bancos sólo revisiones light, las llamadas auditorías gel.
Los ex vocales ''coincidieron en que el instituto no puso en operación el filtro que habría permitido regresar a los bancos las operaciones irregulares, e incluso fraudulentas, para no convertir éstas en deuda pública, como finalmente se hizo'', agregó.
El perredista Serafín Ríos comentó a su vez que los comparecientes expresaron que tienen ''las mismas dudas'' que los legisladores por el incumplimiento al artículo quinto transitorio de la ley del IPAB. ''Se refirieron también a que no encontraron el marco jurídico adecuado, y a información que a veces se les negó''.
-¿Les dijeron por qué renunciaron?
-Por no estar de acuerdo con decisiones de la junta de gobierno. El ingeniero Palma nos comentó que peleó mucho porque se transparentara la información, que se hicieran públicas las actas de las reuniones de ese órgano de dirección del IPAB, pero encontró oposición total a ello. Además, tampoco vio el perfil adecuado de los funcionarios que se nombraron, ya que estaban ligados a las autoridades hacendarias -respondió Rico Samaniego.
En tanto, el perredista Ríos señaló que de las exposiciones de los tres ex vocales ''se infiere que estuvieron sometidos a presiones e incluso uno de ellos debió acudir a la CNDH''.
El senador del PRI Raymundo Gómez Flores comentó por su parte que es un tema ''sumamente complejo'', sobre el que crece cada vez más ''el reclamo de la ciudadanía para que se aclare, dado que es un fuerte quebranto económico que vamos a pagar varias generaciones de mexicanos''. Comentó también que desconoce el porqué de la decisión de no hacer pública la reunión y sobre todo difundirla.