Agenda convergente de la sociedad civil
Ya está circulando la memoria del encuentro nacional Reforma del Estado y agenda ciudadana. Si la dinámica electoral consiste este año en que los partidos y sus candidatos conozcan las expectativas, reflexiones y propuestas de los ciudadanos, bien harían los primeros en darles al menos la misma importancia que a los cuestionarios de los Diálogos por México, y los signatarios de los acuerdos de Chapultepec en enriquecer con ellos sus propuestas.
Como informó oportunamente La Jornada, ese significativo acto fue convocado por 37 organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de abrir un espacio de concurrencia para la construcción y sanción de propuestas que conformen un pronunciamiento público, una agenda y un plan de acción ciudadanos en torno a la reforma del Estado, como factor aglutinador de esfuerzos democráticos hoy dispersos, así como de incidencia y participación en los procesos o mesas de negociación que eventualmente se lleguen a instalar para su consecución. Como respuesta, más de 200 personas, integrantes de 103 organizaciones sociales, civiles y políticas de 10 estados de la República se dieron cita en Pátzcuaro, Michoacán, del 16 al 18 de junio pasados. Concurrieron además representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y líderes políticos nacionales y estatales.
La parte sustantiva de las memorias está dedicada a las conclusiones a las que se llegó en las seis mesas de trabajo, aunque también se recoge la agenda ciudadana consensuada entre todos los participantes (organizada en alrededor de 10 grandes temas, que luego se desagregan en una serie de enunciados de iniciativas, propuestas de política pública y orientaciones para la reforma del Estado).
Por considerarlo importante para ampliar y complementar otras plataformas de la sociedad civil, los reproduzco aquí: 1) Lograr un nuevo pacto político, económico, social, ambiental y cultural. 2) Incorporar los derechos humanos como eje rector de una revisión integral de la Constitución de la República y de las leyes secundarias. 3) Asunción del carácter multicultural, multiétnico y transfronterizo de la nación y del carácter laico del Estado. 4) Revisión del régimen de gobierno nacional, estatal y municipal. 5) Incorporación a la Constitución de los principales mecanismos de democracia participativa. 6) Consolidación de los mecanismos de participación ciudadana en la definición y desarrollo de las políticas públicas y del sistema de justicia. 7) Reconocimiento de los derechos culturales como parte sustantiva del desarrollo humano y económico del país. 8) Revisión del concepto de soberanía, de los principios de política exterior y de la política sobre migración. 9) Redefinición de la inserción del país en la globalización. 10) Prioridades elementales de una reforma electoral.
Dada la terquedad que todavía se observa en los actuales representantes de los poderes del Estado, por no dar a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos el mismo nivel que a la Constitución, y por no armonizar con ellos todo nuestro marco jurídico, es importante subrayar que en el tema dos se vuelve a proponer que se reconozca constitucionalmente en todos los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a la de los órdenes normativos federal y local, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a ellos cuando confieran mayor protección a las personas que la Constitución o que los ordenamientos derivados de ella.
Se plantea que se establezca además un programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas que el Estado mexicano ha interpuesto al momento de ratificarlos, muchas veces obstaculizando o nulificando su propósito, así como la ratificación inmediata de los tratados internacionales de nueva creación o los que estuviesen pendientes en materia de derechos humanos.
En cuanto al tema tres, se plantea entre otras cosas el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte fundadora del nuevo pacto federal, así como de las autonomías indígenas comunitarias, municipales y regionales, como un orden de gobierno en la estructura jurídica institucional del Estado.
En el tema cinco se recoge una demanda ciudadana formulada desde hace muchos años, y que sospechosamente no ha sido traducida en los hechos por los actuales representantes de los poderes del Estado, sobre todo a escala federal: reconocer en el texto constitucional formas y mecanismos de ejercicio de democracia directa, tales como la iniciativa popular, la consulta ciudadana, el plebiscito, el referendo y la revocación del mandato para una efectiva participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos fundamentales, e incluir la posibilidad de candidaturas ciudadanas independientes de los partidos. Facultar al Instituto Federal Electoral para organizar y vigilar los procesos refrendario y plebiscitario.