El ex canciller dijo que el gobierno de Fox ve con buenos ojos sus aspiraciones
Tratados internacionales, por encima de la legislación electoral: Castañeda
Insisten consejeros del IFE en que la ley les impide otorgar el registro y no está en sus manos modificarla
Amaga el político con recurrir de nuevo a la CIDH
Aun cuando en el gobierno federal existe una postura proclive a adoptar las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al registro de la candidatura ciudadana del ex canciller Jorge Castañeda, la posición que ha fijado el Instituto Federal Electoral ha planteado la imposibilidad de otorgar ese registro porque el marco jurídico lo prohíbe. La institución reivindica que solamente mediante una reforma electoral, que no está en manos del IFE ni siquiera proponer, es posible acceder a estas peticiones.
Por lo pronto, el ex canciller acudió ayer a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el coordinador general de Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda; con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Refugio González, y con el director de Derechos Humanos de la cancillería, Juan José Gómez, así como con el director de Prerrogativas del IFE, Fernando Agiss y el director jurídico, Rolando de Lasse.
Castañeda salió molesto de la reunión tras escuchar la postura del IFE. A su juicio, habría que aplicar los tratados internacionales antes que la legislación electoral del país.
Aunque no de manera unánime pero sí por mayoría, el IFE ha planteado que bajo las actuales disposiciones legales sencillamente no es viable otorgar el registro. La legislación mexicana está orientada plenamente hacia los partidos políticos, por lo que esa decisión tiene serias implicaciones en materia de prerrogativas, de fiscalización y acceso a medios de comunicación.
De acuerdo con algunas experiencias internacionales, la apertura a candidaturas independientes ha derivado en una multiplicación de aspirantes. En el caso mexicano, donde apenas se está consolidando el sistema de partidos políticos, el impacto de una modificación en este rubro podría ser contrario al proceso llevado hasta ahora, explican fuentes del IFE.
Lo que es claro es que, sin reforma electoral, cualquier recomendación de la CIDH o decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se contrapone con el marco legal mexicano.
A su vez, realizar una reforma electoral implicaría hacer adecuaciones para remover el candado establecido en la Carta Magna de que sólo puede haber modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales hasta 90 días antes de que arranque el proceso electoral, fecha que se venció en junio pasado.
El Instituto Federal Electoral está imposibilitado inclusive para presentar iniciativas en este contexto, lo que supone que el organismo no pueda más que aplicar la ley y negar el registro por la incompatibilidad con el régimen jurídico, amén de que los plazos de registro de candidaturas están claramente establecidos por la ley: del primero al 15 de enero de 2006.
Por lo pronto, al salir de la reunión y conocer la postura del IFE contraria a su reclamo, Castañeda despotricó en contra de los consejeros electorales y habló de la benevolencia que existe en torno a su candidatura por parte del gobierno del que alguna vez formó parte. Finalmente adelantó que si el IFE no acata la recomendación de la CIDH, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.