Disponen de una bolsa de $49 millones; el próximo año seis dejan el cargo
También en el TEPJF los magistrados crearon tres fideicomisos para el retiro
En 2001, gracias a las "economías" (ahorros) en el ejercicio fiscal de 2000, los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) crearon tres fideicomisos para solventar los gastos de su retiro, ya sea por cese o muerte, de ellos y de los mandos superiores del órgano, por un monto de 49 millones de pesos.
Previsores, los magistrados aseguraron con recursos públicos su retiro, quedándose con el fideicomiso de mayor monto -21 millones de pesos-; los otros 28 millones lo dividieron en dos fideicomisos: uno para secretarios generales de acuerdos y administrativo, y otro para mandos superiores y personal de confianza.
De acuerdo con el contrato del fideicomiso 158984, firmado con Bital, del cual La Jornada tiene copia, las partes acordaron que en caso de que un magistrado deje el cargo -el próximo año seis concluyen su periodo de 10 años en funciones- recibiría la séptima parte de ese fondo.
Además de esta prestación, los juzgadores, al igual que los funcionarios incluidos en ese esquema, aportan quincenalmente hasta 10 por ciento de su salario bruto a dos fideicomisos -en el caso de los magistrados de la sala superior su sueldo es similar al de los ministros de la Suprema Corte, es decir, unos 200 mil pesos mensuales-, mientras el tribunal pone una cantidad igual para cada fondo, lo que significa en los hechos un 20 por ciento adicional a sus salarios por cuenta del erario.
En los recibos de pago de los altos funcionarios del tribunal aparecen los descuentos referidos como: ISR Aportación de Seguro de Separación Individualizado y Aportación del Seguro de Separación Individual.
La generosidad de los magistrados se extiende, en algunos casos, a sus familiares. De acuerdo con una lista del personal de mandos medios y superiores y personal operativo del TEPJF, que data del 7 de marzo de 2003, firmada por la Coordinación Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos (oficio DRH/075/03), se demuestra que el actual magistrado presidente Leonel Castillo metió a trabajar a su hija Yuritza Castillo Carlock como jefa de departamento, mientras el anterior presidente del órgano, Eloy Fuentes Cerda, colocó como secretario auxiliar de una sala regional a su hijo Iván Ernesto Fuentes Garrido.
Otra prestación de que gozan los siete magistrados de la sala superior es el derecho a que el tribunal pague los estudios de al menos uno de sus hijos. Esta ayuda abarca desde prescolar hasta educación superior. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, se sabe que uno de los hijos de un magistrado estuvo becado en el Tecnológico de Monterrey.
La historia de un ahorrito
Los tres fideicomisos que crearon los magistrados electorales fue posible gracias a que el TEPJF no regresó a la Secretaría de Hacienda los recursos sobrantes del ejercicio fiscal 2000. Ese ''ahorro'' les permitió crear un seguro que les garantizara una liquidación ''justa'' al término de su función, que concluye en 2006, 10 años después de que fueron designados por el Senado de la República.
Según funcionarios judiciales consultados, 2000 fue el último año en el que el Poder Judicial de la Federación no regresó sus recursos sobrantes a Hacienda, porque hasta entonces era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que determinaba arbitrariamente qué hacer con esas "economías".
Sin embargo, debido a una disposición oficial, a partir de 2001 todas las entidades del gobierno federal quedaron obligadas a regresar el dinero no ejercido.
Para evitar ''perder'' los 49 millones de pesos que quedaron en las arcas del TEPJF, la comisión de administración del órgano -en la que participan, además de magistrados, consejeros de la Judicatura Federal- resolvió crear los tres fideicomisos.
Esta decisión fue tomada pese a que el entonces consejero de la Judicatura Federal, José de Jesús Torres Morales, cuestionó en una sesión del comité de administración del 11 de junio de 2001 que "sólo tenía una preocupación": si el financiamiento de esos recursos se puede hacer con remanentes del presupuesto del ejercicio anterior (2000).
En respuesta, el entonces magistrado presidente, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, dijo que, según una consulta que el tribunal había hecho con Hacienda, el órgano ''era autónomo para utilizar el dinero del presupuesto''.
Además, continuó el juzgador, se trata de remanentes del presupuesto del año anterior, que fue una afectación de la partida presupuestal excedente de 2000, por lo que no hubo problema para lograr que las autoridades hacendarias otorgaran el permiso para la constitución de los fideicomisos.
El entonces titular subrayó que solamente se afectaron recursos de 2000 y que además ''el dinero que sobró se reintegró en su momento, como se dispuso claramente en el Presupuesto de Egresos de la Federación'' y como reportó el tribunal en febrero, cuando se publicó el informe sobre el dinero que había sobrado en ese año.
Según información oficial, en esa ocasión el tribunal reintegró a Hacienda 412 millones 225 mil 450 pesos, "pero ya se habían apartado 49 millones de pesos con la autorización previa de la comisión de administración y de la Secretaría de Hacienda.
Una vez resuelto este asunto, se procedió a la integración de los comités técnicos que darían seguimiento a los fideicomisos.
El fideicomiso de los magistrados quedó constituido por los siete magistrados que integraban la sala superior; sin embargo, tras la muerte de José Luis de la Peza se incorporó Alejandro Luna Ramos.
Los otros comités fueron organizados de manera interna.
Así, se firmó el acuerdo 061/S51(11-VII-2001), que estipuló la constitución de los fideicomisos. El de los siete magistrados de la sala superior se integró con 21 millones de pesos; el de los secretarios general de acuerdos y administrativo de la sala superior con 5 millones 600 mil pesos, y el de mandos superiores -de los niveles 33 a 36- con 22 millones 400 mil pesos.
El instrumento que regula las prestaciones de los magistrados precisa en sus fines: no sólo invertir y reinvertir los recursos para que generen mayores ingresos, sino también "que se entregue la parte correspondiente a la séptima parte del patrimonio del fideicomiso; al término constitucional de su encargo, en caso de modificaciones de la Constitución o a la ley que los cesare de su encargo antes del vencimiento del término original de 10 años; por cualquier otra circunstancia, siempre y cuando hayan transcurrido al menos cinco años desde la designación del funcionario, o por muerte o incapacidad total''.
De esta manera, los seis magistrados beneficiarios de la prestación serán: Leonel Castillo González, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Bertha Navarro, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.