La dependencia ofrece hasta $5 millones por información
En auge, plan de recompensas de la PGR para capturar criminales
La Procuraduría General de la República (PGR) paga recompensas que van desde mil hasta 5 millones de pesos a cambio de información que permita la captura de delincuentes, a fin de avanzar en la detención de los 229 criminales más buscados por el gobierno federal.
Fuentes oficiales indicaron que la estrategia ha sido mantener en el anonimato a los denunciantes, quienes al mismo tiempo podrían convertirse en testigos protegidos en caso de que formen parte de alguna organización criminal y estén dispuestos a colaborar de manera directa en los procesos penales que se inicien.
El pago de las recompensas, según las fuentes consultadas, ha sido un mecanismo poco difundido; el caso más reciente está relacionado con la detención de Miguel Angel Salazar Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Esta recompensa, de acuerdo con los funcionarios entrevistados, aún no se ha entregado, y nada se sabe públicamente de los montos que ha erogado la PGR por pago a informantes, ni en cuántos casos ha funcionado este mecanismo.
El pago de recompensas a cambio de información en la PGR se ha aplicado en los pasados tres años, a partir de la aprobación de la actual ley orgánica de la dependencia, la cual en su artículo quinto, fracción octava, establece que se puede "ofrecer y entregar, con cargo a su presupuesto, recompensas en numerario a aquellas personas que auxilien eficientemente otorgando información sobre las averiguaciones que realice, o bien, a quienes colaboren en la localización o detención de personas en contra de las cuales exista mandamiento judicial de aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el procurador general de la República determine".
Estos pagos se han desarrollado; no sólo en el caso de combate al secuestro, aunque supuestamente el artículo 37 es el único delito que lo contempla de manera directa.
Además de estas acciones, la PGR está a la espera de que el Congreso de la Unión apruebe reformas legales que permitan que los recursos decomisados a los miembros de la delincuencia organizada se utilicen para pagar recompensas.