410 ° DOMINGO 30DE OCTUBRE DE 2005
 

La jerarquía católica defiende su afán de "meterse en política"
Del púlpito a las urnas

Daniela Pastrana

El llamado del cardenal Norberto Rivera a desobedecer las leyes que "atentan contra los derechos humanos" provocó lo que no había logrado la propia propuesta de despenalizar la eutanasia en el DF, presentada sin pena ni gloria por un diputado del PRD en la ALDF: poner el tema en la agenda nacional. La iniciativa ha sido comentada por distintos actores ­incluido el secretario de Gobernación­ que se suman a un bando u otro. El tema de fondo, empero, es la insistencia de la jerarquía católica en que no se olvide su poder en tiempos electorales



Las crónicas registraron el momento: en su homilía dominical, el cardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, dijo que cuando una autoridad se sale del marco legal o es contraria a la defensa de los derechos humanos, "no hay obligación de tributarle obediencia". Aún más, si el gobierno "se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle obediencia".

Desde el púlpito, el prelado llamó a sus fieles a conciliar la vida política y la religiosa: "Siendo la Iglesia la continuadora de Jesús en la historia, podemos concluir que puede y debe meterse en política, como lo hizo Jesús, es decir, recordando a los cristianos y a los hombres en general que deben obedecer y respetar a la autoridad en todo y sólo aquello que se dirija en bien de la comunidad".

Lo anterior no es, aunque parezca, un extracto de la homilía del pasado 16 de octubre, sino de una más lejana, pronunciada el 20 de octubre de 1996, cuando Rivera, apenas con un año al frente de la Arquidiócesis de México, se enfrentó al gobierno de Ernesto Zedillo.

En esa ocasión, la Secretaría de Gobernación, apelando a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y a los artículos 24 y 120 constitucionales, respondió con dureza: "Nadie, bajo ningún argumento, se encuentra eximido del respeto y la obediencia al régimen de derecho".

El arzobispo fue apercibido: si reincidía en sus declaraciones, la ley vigente contemplaba la clausura temporal o definitiva de sus templos y su registro constitutivo.

La respuesta convirtió en víctima al jerarca católico; además del apoyo obvio del PAN, del PVEM, de los obispos y de la comunidad católica (centros y universidades incluidos), consiguió el respaldo de analistas independientes y de sectores progresistas ("Yo no veo a nadie con los pantalones para ir a cerrar la Catedral", dijo, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas). "A partir de que la oficina de prensa de la Arquidiócesis dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de la homilía, la situación tuvo su clímax de tensión", recordó hace unos días Bernardo Barranco (La Jornada, 9/10/2005).

El miércoles 23, en una entrevista con Univisión, el presidente Zedillo negó que hubiera conflicto y acabó con el debate.

Nueve años después, en la antesala de las elecciones de 2006, el ahora cardenal se monta de nuevo en el carro político y llama a sus fieles a desobedecer una ley que ni siquiera ha sido aprobada ­la iniciativa para despenalizar la eutanasia en el DF­, alegando que atenta contra los principios cristianos.

No es una sorpresa. Desde las reformas salinistas de 1992, la jerarquía católica ha ido ganando terreno político. Y durante la actual administración, abiertamente católica, ha incrementado su activismo.

Lo nuevo, sí, es que uno de los más altos responsables del cumplimiento de la ley y del orden del país justifique el llamado católico a desobedecer las leyes alegando una "objeción de conciencia". Eso fue justo lo que hizo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.

"Puede existir el derecho a la objeción de conciencia cuando a juicio de una persona se viola el orden natural, se altera el orden moral, mediante una ley escrita", explicó Abascal, hombre de reconocidas convicciones católicas, quien a diferencia de su antecesor, Santiago Creel, mantiene un perfil bajo con la prensa (salvo en los temas que parece no poder quedarse callado: la familia y la fe).

A Dios lo que es de Dios

La propuesta, que surgió de las conclusiones del Parlamento Juvenil organizado en la Asamblea Legislativa del DF, es simple: quitar la pena a lo que se conoce como "muerte piadosa".

Actualmente, la legislación penaliza a quien ayude a morir a otra persona (en distintas modalidades) con dos a cinco años de cárcel.

La iniciativa impulsada por el diputado perredista Víctor Varela propone la despenalización, bajo dos condiciones: que la solicitud de terminar la vida sea personal, es decir, que sea formulada por quien padece la enfermedad, y que sea autorizada por el "Comité Técnico de Ética", figura que deberá crearse bajo la tutela de la Secretaría de Salud.

El punto más delicado de la propuesta es que promueve una eutanasia activa (la terminación de la vida a través de algún medicamento).

Una propuesta similar había sido presentada meses atrás a nivel federal sin mayores consecuencias. Pero en tiempos electorales las propuestas se miden en función del popularómetro.

La iniciativa de despenalizar la eutanasia en el DF, la plaza más importante de la izquierda mexicana ­gobernada por el PRD desde hace ocho años­, impulsada por un diputado del partido que tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa encendió la alarma en la Arquidiócesis.

En su homilía del 16 de octubre, el cardenal Rivera decidió referirse al tema y desempolvar, a propósito de la defensa de la vida, su antiguo discurso de la desobediencia.

"(Cuando un gobierno) se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia", dijo, y fue más lejos: "si los lineamientos de las autoridades se oponen a los derechos divinos, debe entrar la segunda limitación del poder civil, sancionada por Jesús: 'Dad a Dios lo que es de Dios'".

Vaya. El discurso, que escandalizó a los defensores de la separación Iglesia-Estado, no es más que una calca de la homilía de 1996 cuando, retomando el tomismo clásico Norberto Rivera dijo que "(debe recordarse) a la autoridad civil que sólo tiene poder para legislar en favor de los derechos y deberes humanos sin oponerse a los divinos".

El contexto, empero, es diferente.

Como era de esperarse, el PAN, los obispos y las voces más conservadoras se alinearon con el líder religioso sin sin realizar un mínimo examen de lo dicho por él. (El caso extremo fue Manuel Espino, líder nacional del PAN, quien en el colmo del desatino se declaró a favor de la "resistencia civil" convocada, según él, por el cardenal).

Mientras el tema volvió a mostrar las contradicciones entre los miembros del gabinete (entre el secretario de Salud, Julio Frenk, defensor de la eutanasia, y Carlos Abascal, de la iglesia), la pareja presidencial, abiertamente católica, hizo como Pilatos y se lavó las manos. "Respetamos lo dicho por el cardenal, pero también reiteramos que en una democracia son las leyes y las instituciones las que garantizan la convivencia y la atención de las demandas de la sociedad", dijo el vocero presidencial.

Para variar, en el PRD no hubo acuerdo.

El jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, se declaró "personalmente" a favor de la eutanasia y propuso someter el tema a un amplio debate (que en algunos medios se interpretó como una "consulta"). En cambio, el popular precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, optó, primero, por referirse a un juego de beisbol ("Yo me reservo por ahora. Política es tiempo"), y luego se declaró partidario de someter a referéndum los "temas espinosos" tales como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.

Pero fue la respuesta del secretario de Gobernación lo que sacó el debate de la medicina y la bioética para ubicarlo en su justa dimensión: los derechos divinos y el poder civil.

Los afanes de la Iglesia

La defensa de la vida, dice bien el diputado panista Germán Martínez (Reforma, 23/10/2005), no es el tema. Tampoco lo es el desprecio por la ley, como parece ser la nueva modalidad del debate.

Lo que está de fondo es lo que en 1996 el cardenal definió como "nueva participación de la iglesia en la política" y que tiene que ver con la recuperación de espacios políticos de la Iglesia católica en el México postrevolucionario.

Hagamos un breve repaso:

En julio de 1986, el arzobispo Adalberto Almeida intentó suspender el culto en repudio al fraude electoral en Chihuahua. El entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hizo valer los buenos oficios de Girolamo Prigione para frenar a los críticos del sistema; en 1988, la Iglesia detuvo una campaña masiva de prevención del SIDA anunciada con bombo y platillo por la Secretaría de Salud en colaboración con la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Las reformas salinistas de 1992 restablecieron las relaciones con El Vaticano. Enrique Olivares Santana fue enviado a Roma como primer embajador de México ante el papa Juan Pablo II.

En 1996, el arzobispo Rivera llamó a desobedecer las leyes que atentan contra los derechos humanos. Dos años después, el presidente Zedillo tuvo que salir a defender las campañas del Conasida frente a los ataques del jerarca católico.

El 27 de julio de 2000, Ernesto Zedillo visitó la Catedral Metropolitana y se convirtió en el primer mandatario en pisar ese suelo en 150 años.

La administración de Vicente Fox ha consentido a los jerarcas, pero fiel a su costumbre de querer quedar bien con todos, el presidente ha dejado los temas espinosos en manos del secretario de Salud, Julio Frenk, quien en 2001 incorporó la anticoncepción de emergencia en la Norma Oficial Mexicana, a pesar de los pataleos de la cúpula eclesiástica.

Otro revés para la Iglesia católica fue la aprobación, en 2000, de la ley para despenalizar dos causales de aborto en el DF, la "ley Robles", promovida por la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga.

En 2003, el debate lo detonó el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, al dar a conocer su decálogo de cómo debe votar un católico. La cúpula eclesiástica llamó a votar en contra de los partidos que apoyen la despenalización del aborto, la eutanasia, o que defiendan la libertad sexual.

Ante las críticas, la iglesia cerró filas y algunos obispos pidieron reformas el artículo 130 constitucional, por considerarlo discriminatorio ya que niega a los ministros de culto el derecho a opinar sobre política, al tiempo que anuncia que no dejará de promover el "voto razonado".

Pero a pesar de su insistencia, no lograron abrir ese espacio.

"Los dirigentes políticos le tienen miedo a la Iglesia (...) Siguen operando con la premisa de que el elemento más poderoso de la sociedad es la Iglesia, y la verdad es que, a pesar de la Iglesia, este país tiene un buen programa de planificación familiar y del uso de anticonceptivos", decía a Masiosare, en junio de 2003, Frances Kissling, líder mundial de Católicas por el Derecho a Decidir (La Jornada, 8/06/2003).

PARAMETRíA

NOTA METODOLÓGICA. Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1000. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 3.1%. Diseño, muestreo y análisis: Parametría SA de CV. Operativo de Campo: Grupo Viesca. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento: del 25 al 29 de agosto del 2005.


"Se equivoca el cardenal y quienes le temen"

"No están dadas las condiciones para un debate serio. De un tema que representa una causa noble, humana, terminaría contaminándose del ambiente político".

El dirigente del PRD en el DF, Martí Batres, da por terminado el tema.

Su postura deja claro que, al menos institucionalmente, la propuesta no será apoyada por el partido.

Los perredistas que se oponen argumentan, como Batres, que es un momento inoportuno.

El diputado Varela dice que es un argumento que no tiene sustento. Y pone como ejemplo la "ley Robles":

"También era época prelectoral y también la Iglesia brincó y la jefa de Gobierno que impulsó la ley salió con niveles de popularidad altísimos ­dice. Eso demuestra que hay una ciudadanía mucho más madura y que los que tenemos prejuicios somos quienes hacemos política, no la gente".

El caso contrario, dice, es la de ley de sociedades de convivencia (que otorgaría derechos plenos a parejas homosexuales). "Se presentó el año pasado, no en tiempos electorales, y luego se congeló. Nos pidieron tiempo y sigue parada".

Ahora se trata de una propuesta que no contraviene los principios del partido y que no tiene rechazo popular. Lo que el partido debe valorar es que una cosa es la jerarquía católica y otra los feligreses. Se equivoca el cardenal al pensar que va a tener eco su propuesta y se equivocan los compañeros que creen que nos van a afectar las arengas del cardenal".

Habrá que ver. Hace dos semanas, la demóscopa María de las Heras publicó los resultados de una encuesta sobre el tema; según sus datos, ocho de cada diez capitalinos está de acuerdo con que la gente pueda decidir sobre su muerte.

Y el miércoles pasado, López Obrador modificó su postura inicial y abrió la puerta a la posibilidad de un referéndum.

¿Quiénes rompen la ley?

En corto, los religiosos reconocen que la despenalización de la eutanasia es una batalla que tienen perdida.

¿Por qué, entonces, tanto ruido?

"El cardenal no es un actor político ­dice en entrevista el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Romero­. Aunque tenga un peso político, es un pastor y maestro y ante una situación como esta, en la que ve afectados los principios de la fe católica, cuenta con el derecho y el deber de decirlo".

Objetar de conciencia, sigue Romero, es muy diferente a un llamado a la rebelión. "Aquí hay un problema de interpretaciones, no es un llamado a la rebelión contra una ley, sino un llamado a los católicos a no romper las leyes de la Iglesia".

En todo caso, aclara, si el Legislativo decide aprobar una ley como la de la despenalización de la eutanasia, la Iglesia no puede hacer nada más que llamar a la conciencia moral. Y no está cerrada al debate, jura, mientras sea "de altura". Porque, se queja, muchos políticos de izquierda alaban la resistencia a las leyes cuando les parecen injustas, pero no aceptan que leyes que ellos promueven sean injustas para otros.

"Cuando hay una ley injusta se rebela para que se cambie, si no, no tendríamos esta democracia, incipiente, como le dicen (las resistencias civiles panistas y de izquierda).

"¡Y por el amor de Dios, los primeros que no respetan la ley son los políticos!

La posición de ver a la ley como absoluto es contra lo que luchó Jesús, lo que querían los fariseos".

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El 10 de octubre pasado, representantes de distintas iglesias y el gobierno federal suscribieron el "compromiso ecuménico" de acción conjunta a favor de la vida. El periódico oficial de la Arquidiócesis, Desde la fe, destacó que se trata de una iniciativa oportuna en medio de "la polarización partidista y el divisionismo casi irracional" de los políticos. El Arzobispado señaló que "ahora más que nunca" es obligación denunciar cualquier acción que promueva la "cultura de la muerte".

En su editorial celebró también el encuentro promovido por los empresarios ­alentados por Carlos Slim.

Una semana después, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los partidos políticos contar "con candidatos con un sólido bagaje ético ­de respeto a la vida y fortalecimiento del núcleo familiar­".

Los obispos de Ciudad Juárez, Renato Asencio y de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, advirtieron que la Iglesia católica quiere ser una instancia que promueva el diálogo y la participación con miras a las próximas elecciones "orientando, guiando y orando para que en los próximos comicios refuercen la confianza del país en sus autoridades, se consolide la democracia y se eleve la calidad del debate político".

Es, ya se ve, el planteamiento de la "nueva participación de la Iglesia en política", tal como lo dijo Norberto Rivera en 1996: "Aunque (la autoridad civil) tiene como campo de su autonomía el bienestar social, este mismo bien exige que se respete la ley natural, el proyecto de Dios sobre el hombre y no se oponga a él con leyes injustas e inhumanas".

Y no se va a detener.

"El cardenal ­advierte su vocero­ va a seguir hablando claro, tiene el deber de ser el guardián de la doctrina católica. Entonces, cada vez que se toquen estos temas el cardenal va a alzar la voz y lo hará fuerte, como siempre".


Encuesta : Iglesia y Estado,
poderes enfrentados

Alejandro Costábile y Antonio Ortega /PARAMETRíA

La polémica sobre la eutanasia y la píldora del día siguiente ha repercutido en la relación entre la jerarquía católica y el Estado Mexicano, que se ha deteriorado en los últimos meses.

El choque comenzó con la inclusión en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del sector salud de la píldora anticonceptiva de emergencia (del día siguiente), considerada abortiva por la Iglesia, y se agudizó con la polémica generada por un proyecto de ley presentado por un asambleísta del PRD sobre la despenalización de la eutanasia.

La sola idea de que se debatiera el tema de la "muerte asistida", hizo que el cardenal Norberto Rivera aconsejara a los católicos desobedecer al gobierno si se sale del marco legal y de respeto a los derechos humanos. La respuesta surgió de la Presidencia y algunos secretarios de Estado en contra de lo que consideraron un llamado a la desobediencia civil.

Se trata de dos casos entre muchos otros, ya que funcionarios de gobierno y políticos habían levantado su voz anteriormente en contra de opiniones vertidas por distintos jerarcas de la Iglesia Católica sobre temas como seguridad, pobreza y narcotráfico.

Los choques se dan en un escenario general en que según la Encuesta Nacional en vivienda de Parametría, seis de cada diez personas (57%) consideran que en México existe separación entre Iglesia y Estado. El desconocimiento de la separación legal de estas instituciones entre un buen número de mexicanos, probablemente no se deba a un descuido personal, sino a la fuerte relación existente en estas instituciones en pueblos y ciudades de la República.

De hecho, es en las poblaciones rurales donde más se piensa que no existe separación entre Iglesia y Estado, seguramente debido a la gran influencia que ejercen los sacerdotes.

Sobre el peso de la religión católica, la percepción ciudadana es que la iglesia influye mucho o algo en las decisiones que el gobierno federal toma en materia de libertad de culto (45%), política (39%), salud (37%), libertad de expresión (37%), de las políticas sociales (35%) y económica (34%).