Aduce obstrucción de la justicia en el caso de Luis de la Barreda Moreno
Presentó ex ombudsman capitalino una tercera querella contra Ignacio Carrillo
A las investigaciones penal y administrativa que desde agosto pasado enfrenta Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), se suma otra querella por su presunta responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia, la cual ya fue ratificada ante el Ministerio Público Federal (MPF) por el ex ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano.
El también hijo del ex titular de la disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS), Luis de la Barreda Moreno -prófugo de la justicia desde diciembre de 2003- acudió por primera ocasión a denunciar a Carrillo Prieto el pasado 28 de septiembre.
Fuentes oficiales revelaron que el denunciante ratificó hace dos semanas su querella contra el fiscal de la PGR que investiga delitos del pasado, por lo que el MPF actualmente integra la averiguación previa correspondiente contra el inculpado por el delito de obstrucción de la justicia.
De acuerdo con la información obtenida, esta indagatoria es independiente de la que se inició en agosto pasado, tras la denuncia penal que presentó César Osorio y Nieto, ex agente del Ministerio Público Federal encargado de las investigaciones por la matanza del 2 octubre de 1968.
Las fuentes consultadas indicaron que la PGR citará a declarar en las próximas semanas a Carrillo Prieto en calidad de indiciado, es decir, como presunto responsable de los delitos que le imputan los denunciantes, aunque lo podrá hacer asistido por un abogado, y si es su deseo, podría reservarse su derecho a declarar con base en el artículo 20 constitucional.
El hecho de que se mantengan abiertas dos averiguaciones previas contra el titular de la Femospp permitirá a la PGR estudiar por separado las acusaciones y encargar el análisis del caso a dos agentes del MPF.
No existe un plazo de ley para que concluyan las indagatorias -ya sea con el decreto del no ejercicio de la acción penal o con una solicitud de orden de aprehensión-, aunque las fuentes consultadas no descartaron que las investigaciones se extiendan el tiempo que resta del sexenio del presiente Vicente Fox.
En su denuncia de hechos presentada por el ex ombudsman capitalino, a finales de septiembre, y ratificada con posterioridad, el querellante entregó a la procuraduría un documento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el que pretende acreditar que su padre no tuvo participación alguna en la matanza del 2 de octubre de 1968.
De la Barreda Solórzano aseguró en su denuncia penal que Carrillo Prieto ha estado más interesado en "realizar acciones espectaculares para justificar un cargo en el que se erogan cantidades millonarias inútilmente, pues son ya varios los señalamientos de que ha incurrido en prácticas que son absolutamente indebidas".
Refirió que al consignar el expediente del 2 de octubre de 1968 y acusar al capitán De la Barreda Moreno por hechos en los que no estuvo, el fiscal del pasado incurrió en delitos contra la administración de la justicia.
Desviar atención
En tanto, la diputada federal del PRD Eliana García Laguna expresó ayer que si bien la transparencia y rendición de cuentas debe prevalecer en la administración pública, la investigación sobre el presunto desvío de recursos de Carrillo Prieto no debe ser motivo para evitar que se consigne a los responsables de la guerra sucia en México.
En ese sentido, exigió que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública aclaren el sentido de la investigación a Carrillo Prieto, para evitar que este tema impida conocer la verdad histórica sobre la represión gubernamental en las décadas de los 60 y 70, se consigne a los responsables de esos hechos y se evite que ese tipo de violaciones a los derechos humanos se repita.