Falta establecer un marco jurídico adecuado: académico
Peligroso, el manejo discrecional de información por parte del centro
La autorización de facultades discrecionales al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que vigile sistemáticamente a todos los servidores públicos y pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda auditorías a cualquier persona física o moral, cuando existan ''indicios'' de amenaza a la seguridad nacional, es sumamente grave porque ante la falta de un marco jurídico adecuado se corre el riesgo de que dicha información se maneje discrecionalmente para los fines políticos o económicos del gobierno en turno.
Afirmó lo anterior Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien señaló que antes de dotar de mayores facultades a los órganos de inteligencia el gobierno debe preocuparse por impulsar un debate amplio en el que se determinen cuestiones fundamentales que tienen que ver con el control y la eficacia de los órganos de inteligencia.
En entrevista, Garduño dijo que de entrada se tiene que abordar lo relativo a definir si la seguridad del Estado, que no del gobierno en turno, puede entrar en conflicto con el respeto a los derechos humanos de la sociedad, y en este sentido, si realmente existen razones ''de Estado'' para justificar arbitrariedades en contra de la población.
Luego de criticar la forma discrecional en que el Ejecutivo federal elaboró el reglamento para la Ley de Seguridad Nacional (en vigor desde el 31 de enero de 2005), que está listo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días, el especialista señaló que el gobierno de Vicente Fox está cayendo en los mismos errores que dieron lugar a esquemas autoritarios en los que trabajaron los órganos de seguridad en años anteriores, y que debido precisamente a la falta de rendición de cuentas crearon personajes nefastos como Fernando Gutiérrez Barrios, quienes utilizaron la información simplemente para favorecer a una ''camarilla''.
Independientemente de que existen elementos para considerar que el reglamento que está por aprobarse viola una serie de garantías individuales contenidas en la Constitución, el catedrático dijo que hay aspectos esenciales que no se toman en cuenta, como qué hacer con la información y quiénes tendrán acceso a la misma. Y sobre todo, quiénes son los funcionarios encargados de custodiar, manejar o usar esos datos, para lo cual también debe contemplarse un servicio profesional de carrera, para que el Cisen sirva efectivamente a una política de Estado y no a la ''camarilla'' en el poder.
Dijo que abusar en el uso de los órganos de inteligencia ha sido práctica de todo tipo de regímenes, tanto de izquierda como de derecha, como es el caso de México, donde un personaje de la ultraderecha como Carlos Abascal recibe información valiosa que una vez que deje el puesto pondrá a disposición de su partido, o lo que es peor, de grupos económicos afines. Consideró que ante esa situación se debe establecer un servicio profesional de carrera, donde los funcionarios estén capacitados y comprometidos con el Estado mexicano y no con el gobierno en turno, como ha sucedido hasta la fecha.
Comentó que de haber reglas estrictas en el perfil de los funcionarios del Cisen y de su propio director, seguramente la dirección de este organismo no estaría en manos de Jaime Domingo López Buitrón, quien tiene estudios en ingeniería industrial y administración pública, pero carece de conocimiento profesional sobre lo que implica un órgano de inteligencia. Pero lo que es peor, subrayó Garduño, es que tiene afinidad ideológica y política con la ultraderecha, que puede ser aprovechada después por los panistas y empresarios cuando deje su cargo.
En otros países, precisó, no sólo existen controles férreos sobre las actividades de los órganos de inteligencia, sino también sobre los funcionarios mismos para que se dediquen de manera profesional a esta labor, y también para evitar que al dejar su cargo utilicen la información que poseen para fines personales o de un grupo determinado.
Se requiere, concluyó, de un férreo control de la actividad y de los funcionarios de los órganos de inteligencia para evitar que se conviertan en un poder supraestatal arbitrario y fuera de control.