Es violatorio de los derechos humanos y legitimaría el espionaje político, advierten
Anticonstitucional, el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional: diputados
Diputados de PRI y PRD, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, expresaron su rechazo al reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, porque ''es anticonstitucional, violatorio de los derechos humanos'' y legitimaría el espionaje político, excesos que la Cámara de Diputados eliminó al aprobar la legislación en enero pasado. Advirtieron, además, que si bien el Ejecutivo tiene facultades reglamentarias, al incluir medidas no aprobadas por el Legislativo invadiría atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión y éste podría interponer una controversia constitucional.
''No queremos un Estado fascista que dé facultades extralegales al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si se tratara del KGB ruso o las SS alemanas'', expresó el diputado perredista Arturo Nhale.
Por su parte, el legislador priísta Jorge Uscanga Escobar afirmó que él no fue consultado sobre el contenido del reglamento y señaló que las disposiciones definidas en éste rebasan lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, porque viola los derechos de los funcionarios federales, y exhortó al gobierno federal a no utilizar la normatividad ''como instrumento para espiar a enemigos políticos de cualquier partido''.
Uscanga, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que las operaciones de seguridad nacional, coordinadas por el Cisen, no pueden realizarse con recursos incluidos en una partida secreta. ''No hay justificación para que se maneje un presupuesto confidencial. El presupuesto y las partidas las aprueba la cámara y son fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, porque provienen del pago de impuestos'', subrayó.
Mientras, Arturo Nhale refirió que el viernes pasado se reunió con el director del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón, quien pretende iniciar una serie de diálogos con legisladores para ''comentar'' el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y ofreció enviar un ejemplar para su estudio.
''Pero lo publicado por La Jornada refleja un documento violatorio de los derechos humanos; autoriza la persecución y el espionaje con fines políticos, con el pretexto de la seguridad nacional. Y en ese tenor cabe la posibilidad de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional, como la que se interpuso por la puntada del presidente Vicente Fox de emitir un reglamento a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con disposiciones extralegales no autorizadas por el Congreso'', afirmó.
Se pretende invadir funciones del Ministerio Público
Nhale planteó que ningún funcionario público puede ser sometido a seguimiento del Cisen, ni mucho menos a pruebas poligráficas o intervención de sus teléfonos, sobre todo porque invadiría funciones del Ministerio Público y sería muy difícil distinguir dónde termina su vida privada. ''No todos los funcionarios son delincuentes; algunos sí, pero son los menos. Hay miles de empleados del gobierno que son gente de bien, que por ningún motivo pueden ser sometidos a una persecución y a un espionaje de esa naturaleza con el pretexto de la seguridad nacional.''
Su compañera de partido Eliana García Laguna afirmó que el gobierno foxista busca arrogarse poderes ''propios de un Estado paranoico, y pondría en grave riesgo el respeto y protección de las garantías individuales y los derechos humanos, porque se podría vulnerar la intimidad de las personas de manera discrecional''.
Existe el riesgo de que la información recabada por el Cisen, dijo, se utilice para chantajear a los mexicanos perseguidos. ''Quizá los datos sean irrelevantes para el público, pero no para los interesados. Las escuchas ilegales pueden llegar a cualquier extremo y nadie está a salvo. El Cisen debe ser una institución de inteligencia y salvaguarda de los intereses nacionales, no un centro de espionaje político.''
La legisladora se manifestó por que no se oculte el manejo de los recursos del organismo, porque todo manejo de presupuesto debe ser público y ni una sola parte puede tener el carácter de confidencial. Expresó finalmente su rechazo a la creación de las denominadas ''células de alta seguridad'', integradas por elementos de diversas corporaciones con identidades falsas con el objeto de infiltración, porque su actividad no tendrá mayor regulación, y exhortó al gobierno foxista a ceñirse a los principios que guiaron a los legisladores para la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.