Azuela encargó al juez de la causa dar "especial atención" al caso: funcionarios
Versión de que el GDF se inconformó ante Corte por el traslado de El Chapito
"Señor juez, hay que dar especial atención al asunto del personaje incómodo para que se cumpla la ley, antes que nada", habría dicho por teléfono el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Mariano Azuela Güitrón, a José Reynoso Castillo, titular del juzgado primero de distrito del Reclusorio Norte (Reno), en referencia a la orden que el juez dio la semana pasada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) para que a más tardar el próximo viernes Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, sea trasladado al reclusorio caitalino desde el penal de máxima seguridad de La Palma.
Si bien el juzgador ya tomó esta decisión, aún puede ser modificada, debido a que el agente del Ministerio Público Fe-deral adscrito al juzgado primero interpuso un recurso de revocación con el que pretende convencer al juez de la supuesta peligrosidad del hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
El pasado viernes este diario informó que mediante acuerdo dentro de la causa penal 53/2005 el juez Reynoso ordenó a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), dependiente de la SSP federal, y a la PGR, que en un plazo de cinco días hábiles -que vencen el viernes- traslade a El Chapito al Reno para ponerlo a su disposición.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), la decisión no representa amparo ni beneficio legal para el hijo de El Chapo Guzmán, sino la aplicación del reglamento de la DGPRS. Sin embargo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, considera que el traslado pondrá en riesgo la gobernabilidad del Reno.
El gobernante hizo un llamado a la SCJN y al CJF a que revisen este caso y otros similares, "pues a nuestro juicio hay irregularidades acreditadas".
Carta de Encinas a Azuela
Ayer funcionarios del PJF revelaron a La Jornada que Azuela recibió una carta del jefe de Gobierno capitalino, por lo que de inmediato llamó al juez primero de distrito para abordar el tema de El Chapito.
Según fuentes judiciales consultadas, el presidente de la Corte pidió al juzgador no dejarse presionar y resolver conforme a derecho el caso, y garantizó total respaldo del CJF a su decisión.
El impartidor de justicia exigió desde agosto pasado a la SSP federal los informes periciales sobre la supuesta peligrosidad de Archivaldo Iván Guzmán, con el propósito de que el juez Reynoso evaluara si El Chapito presenta un perfil criminalístico de "alta peligrosidad".
Las autoridades federales argumentaron que el acusado no es peligroso por sí mismo, sino porque es hijo de uno de los narcotraficantes "más peligrosos y violentos del país, con la capacidad paramilitar suficiente para poner en riesgo la seguridad de un penal de mediana seguridad".
El juzgador rechazó la explicación de la autoridad investigadora, pues considera que admitirla sería actuar de manera inconstitucional en contra de El Chapito.
Los exámenes sicológicos y criminalísticos que la SSP federal aplicó a Guzmán Salazar demostraron que es un individuo de "personalidad adecuada" y no reflejó un perfil peligroso. El hijo de El Chapo Guzmán permanece en La Palma desde el 19 de julio, luego de haber permanecido varios días bajo arraigo en una casa de seguridad de la PGR en el DF.
El artículo 12 del Reglamento de la DGPRS precisa que cualquier indiciado sólo podrá ser internado a un penal de máxima seguridad cuando "de conformidad con el estudio de personalidad que le practique esta dirección manifieste signos o síntomas sicóticos, y reúna las características de perfil establecidas en el instructivo para el manejo de datos del perfil clínico-criminológico del interno para este tipo de centros carcelarios".
Ninguna queja del GDF ante la Judicatura
Por separado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que no ha recibido ninguna queja oficial del gobierno del Distrito Federal en contra del juez Reynoso, quien resolvió el traslado de Archivaldo Iván Guzmán del penal de máxima seguridad de La Palma al Reclusorio Norte.
Fuentes oficiales confirmaron lo anterior, y respaldaron la inconformidad de las autoridades capitalinas respecto del supuesto riesgo que implica que el hijo de El Chapo sea trasladado a un penal de seguridad media de la capital, debido a que representa un problema para la seguridad del Distrito Federal.
Los funcionarios precisaron que en éste y otros casos los jueces federales están obligados a conceder la suspensión solicitada, a fin de preservar las garantías individuales de los quejosos. En lo que respecta a Archivaldo Iván -al igual que en el caso de cualquier ciudadano-, señalaron, tiene derecho a la protección de la justicia federal en tanto se resuelve en definitiva el amparo solicitado.
Las fuentes consideraron que el argumento de las autoridades que insisten en la supuesta peligrosidad del hijo de El Chapo -por el hecho de que su padre es señalado como capo del narcotráfico- no es suficientemente sólido para demostrar al juez que su reclusión debe llevarse a cabo en un penal de máxima seguridad.
Recordaron que el caso de Guzmán Salazar no es el único con estas características y es "perfectamente normal" en un sistema de garantías como el mexicano. Concluyen que la autoridad cuenta con herramientas legales suficientes para demostrar a los jueces la necesidad de que un reo permanezca detenido en una prisión determinada.
Con información de Jesús Aranda