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Luis Hernández Navarro

Arturo Warman

En las primeras horas del 3 marzo de 1995 Carlos Salinas de Gortari comenzó una huelga de hambre entre comidas. Se dijo acosado por el gobierno de Ernesto Zedillo. Instalado en la casa de un beneficiario del programa Solidaridad en la ciudad de Monterrey, lanzó su ofensiva. Dentro del gabinete presidencial Arturo Warman buscó construir puentes entre los mandatarios.

Estrecho colaborador del político de Agualeguas, de quien fue ideólogo, efímero secretario de la Reforma Agraria con Zedillo, hombre de las confianzas del Banco Mundial, Arturo Warman se presentó en San Bernabé para entrevistarse con su antiguo jefe. "Su llegada me conmovió", escribe el ex presidente en su obra México: un paso difícil a la modernidad. "Nos dimos un abrazo emotivo. Dijo que estaba ahí como garante de que habría un trato respetuoso y la posibilidad de un diálogo."

Hasta su muerte, hace escasos dos años, Warman fue un brillante intelectual, además de ser, como muestra la anécdota, un funcionario gubernamental que tuvo la confianza de los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Más aún, fue un diseñador de políticas públicas en materia rural, indígena y de combate a la pobreza, además de un ideólogo de los gobiernos a los que sirvió.

Resulta imposible separar su producción teórica de su papel como defensor del proyecto salinista. "Yo sirvo en el Poder Ejecutivo", afirmó sin ambigüedad (La Jornada, 6/8/94). Y el indudable rigor que mostró en la redacción de libros como Historia de un bastardo. Maíz y capitalismo, desapareció a la hora de justificar a los gobiernos de los que fue parte. En contra de cualquier evidencia empírica, escribió en La política social en México, 1989-1994: "La tendencia al crecimiento de la pobreza en términos absolutos y relativos fue quebrada y revertida. Estamos ganando la lucha a la pobreza".

Director del Instituto Nacional Indige-nista, procurador agrario, presidente de la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indios de México, secretario de Agricultura y Ganadería y de la Reforma Agraria, desempeñó un papel clave tanto en la elaboración de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, aprobada en 1992, como en la enmienda cosmética realizada al 4º constitucional para reconocer "derechos" a los pueblos indígenas. Ambas iniciativas tuvieron muy pobres resultados.

Para justificar la desamortización salinista de las tierras campesinas e indígenas, Warman no dudó en falsear la realidad. Según él "el reclamo de cambio profundo era general, abrumador, insoslayable. La propuesta surgida de esa consulta permanente fue organizada y sintetizada por el Poder Ejecutivo... Bajo el manto del llamado nuevo movimiento campesino y del Congreso Agrario Permanente, los campesinos y ejidatarios tuvieron un papel protagónico en esa consulta, fueron parte fundamental de la construcción de la propuesta" ("La reforma del artículo 27 constitucional", Perfil de La Jornada, 8/4/94). La verdad es que ese reclamo efectivamente existió, pero no fue enarbolado por los pequeños productores, sino por los grandes propietarios de tierra agrícola y ganadera, así como por quienes desde la administración pública querían preparar el terreno para emprender la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

A más de 13 años de distancia ha quedado claro que la reforma al 27 resultó un fracaso. La inversión extranjera directa al campo es prácticamente inexistente. El mercado de tierras se ha limitado a las de riego, las colindantes con desarrollos urbanos y las turísticas. La producción rural no ha crecido significativamente. Por el contrario, la reforma rompió aún más la cohesión social en el medio rural y provocó un creciente encono campesino. Arturo Warman, una de las plumas privilegiadas que participaron en su redacción, se negó a hacer autocrítica alguna.

Desempeñó, asimismo, un papel clave en la formulación del discurso gubernamental contra el levantamiento zapatista y de rechazo a la aprobación de la iniciativa de la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas. Su trabajo "Chiapas hoy" (La Jornada, 16/1/94) explicó el levantamiento no como un movimiento indígena, sino como "un proyecto político-militar implantado entre los indios, pero sin representarlos". El esquema dotó de municiones a los críticos gubernamentales de la rebelión y sirvió de columna vertebral -junto con el informe realizado por Alejandro Rubido para el Cisen, recuperando el testimonio de un delator- de los trabajos de Carlos Tello y Alma Guillermo-Prieto.

Como responsable de la política de atención a los pueblos originarios Warman reformuló el viejo discurso indigenista sustituyéndolo por acciones parciales de combate a la pobreza con fuerte sesgo clientelar y gran ineficiencia. Las críticas del antropólogo a la iniciativa de la Cocopa (La Crónica, 12/12/00) fueron, como en su momento demostró Magdalena Gómez, un monumental compendio de ignorancia y prejuicios. Su último libro, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, no hace más que ahondar en los argumentos que justificaron la cerrazón de la clase política a reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

Varios funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria han anunciado su pretensión de trasladar los restos de Arturo Warman a la Rotonda de las Personas Ilustres. Esta medida, más allá de sus indudables cualidades académicas y teóricas, implica también la intención de legitimar, por la puerta de atrás, uno de los periodos más negros de la historia patria: el salinismo.

 
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