¿Discutir la ley sin cambiar la política cultural?
En medio del debate errático que está ocurriendo sobre las iniciativas de ley de cultura, siento necesidad de aclarar que no di mi apoyo a la propuesta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) ni a ninguna otra. Mi opinión es que las propuestas del CNCA y las que pude conocer de las presentadas por los partidos son insuficientes, porque no encaran los vínculos actuales de la cultura con la economía y el comercio, con la industria comunicacional y las ventajas comparativas de la producción mexicana, así como el turismo y la propiedad intelectual. Me veo en la necesidad de ocupar este espacio de opinión para sintetizar algunas partes de mi conferencia presentada en el Foro de la Universidad Autónoma Metropolitana: Las culturas de México en el desarrollo global, el 11 de octubre pasado, en la que dos articulistas de La Jornada creyeron encontrar mi ''aprobación" (Luis Hernández Navarro) o ''apoyo" (Gilberto López y Rivas) a la iniciativa legal del CNCA.
La argumentación que expuse en esa conferencia acerca de una ley que organice mejor el conjunto de los aparatos culturales que existen en México (en ningún momento defendiendo una ley particular) buscaba que afrontemos la complejidad de una época en la que debemos proteger y promover, además del patrimonio tangible, el patrimonio intangible, por ejemplo las lenguas, la música y las radio frecuencias. Por eso, considero insuficientes los proyectos de ley que eluden estos temas, así como la decisión del parlamento alterno que pide postergar, sin fecha, la renovación de la legislación cultural.
Es grave que también el trámite parlamentario de la ley de medios se halle empantanado y que los empresarios del audiovisual y muchos legisladores prefieran mantener intacta una ley de 1960, anterior al video, a Internet y a las formas recientes de globalización del turismo y de las inversiones trasnacionales en cultura. Parece innecesario recordar las transformaciones socioculturales de las décadas recientes que exigen esta actualización: la acelerada expansión urbana y de las industrias culturales, el desplazamiento del papel del Estado a la iniciativa privada y los avances de la investigación académica sobre estos procesos, que dan instrumentos para elaborar una gestión pública acorde con el papel de México en la economía global de la cultura. Si nos negamos a actualizar las leyes y las políticas, sea por motivos conservadores o críticos, cedemos el sentido público de la cultura a la dinámica neoliberal: se seguirán reduciendo los presupuestos estatales en educación, cultura y el financiamiento para programas artísticos, ganarán los que buscan subordinar los derechos culturales de artistas al copyright y achicar la diversidad de la oferta que no tiene audiencias masivas.
En una época en la que los usos del patrimonio cultural tangible (monumentos, centros históricos, artesanías, obras artísticas y literarias) interactúan con el turismo, el desarrollo urbano y las industrias culturales, todas estas dimensiones de la cultura están entrelazadas. No reformar la legislación dedicada al patrimonio tangible e histórico, y, por otro lado, seguir demorando la renovación de la legislación de medios, equivale a dejar desprotegido el patrimonio de México, aunque quienes apoyan una y otra inmovilidad se opongan en la concepción del país. Quizá deberíamos contar con una sola ley nacional de cultura: que regule y promueva los usos de todas las formas del patrimonio y el espacio comunicacional en beneficio del interés público (la conferencia mencionada, en la que desarrollo este tema, se publicará en el próximo número de la revista Casa del Tiempo, de la Universidad Autónoma Metropolitana).
Sin duda, los debates públicos ocurridos en 1999 respecto de la reforma del artículo 73 de la Constitución Política, a los que se refirió Gilberto López y Rivas en el artículo que polemizó con algo que no dije, fueron útiles para deselitizar la concepción del patrimonio. Pero las declaraciones constitucionales se vuelven operativas si se acompañan con leyes y políticas que contribuyan efectivamente al desarrollo de México teniendo en cuenta los desafíos globales. Las dificultades de la ley de medios y la caída de producción de nuestro cine en la competencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, revelan lo difícil y también lo urgente de renovar, junto con la legislación, el conjunto de las políticas culturales. Todo esto requiere un debate mucho más amplio que el legal, en el cual sería clave la participación de los medios de comunicación, por supuesto con una información fidedigna y una participación plural, componentes básicos de cualquier sociedad democrática.