Coinciden partidos en señalar que son obsoletas las leyes que rigen a las iglesias
Algunos curas harían mejor papel en la SEP que Reyes Tamez: Martínez Cázares
El diputado del blanquiazul se mostró en favor de que religiosos ocupen cargos públicos
Integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que el contexto jurídico que regula la actuación de las iglesias en México no se corresponde con la realidad, aunque por los panistas, el diputado Germán Martínez Cázares fue más allá y afirmó que al impedir que ministros de culto ocupen cargos públicos se desperdician talentos que superan con mucho al del secretario de Educación, Reyes Tamez, por ejemplo.
Durante la última sesión del primer Congreso Internacional sobre Iglesia, Estado Laico y Sociedad, el panista también calificó de "inimaginable" que desde el gobierno se convoque a la desobediencia civil, como lo hizo Carlos Abascal al secundar al cardenal Norberto Rivera en el tema de la eutanasia. No se puede gobernar desde la moral, apuntó.
A su vez, Alvaro Castro, director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, admitió que en materia de libertad religiosa todavía existen algunas limitaciones en el país, cuyo abordaje requiere un estudio cuidadoso y desapasionado. Resaltó la disposición de la dependencia para analizar los temas pendientes y darles solución por la vía legislativa.
Al respecto, Manuel Angel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo, planteó una larga lista de pendientes en esta materia, entre otros, la posibilidad de aplicar la objeción de conciencia como garantía de libertad religiosa, y la eliminación de la discrecionalidad con la que las autoridades de la Secretaría de Gobernación ejercen sus facultades de orden administrativo para la aplicación del reglamento de culto religioso.
No está clara en la normatividad, indicó, cómo los funcionarios públicos pueden asistir a actos de culto a título personal, además de que las reformas legales dejaron fuera la posibilidad de que las iglesias posean y administren medios de comunicación electrónica.
Advirtió también sobre la necesidad de adoptar una nueva concepción de laicidad, en la cual se deje atrás la supremacía del Estado sobre las iglesias, y en cambio se retome la cooperación entre ambas partes, siempre con respeto a la legalidad.
El diputado Manlio Fabio Beltrones coincidió en lo señalado con su correligionario y señaló que la laicidad del Estado es garantía de neutralidad y respeto hacia los diferentes cultos. Además, es importante que la base de la convivencia se finque en la tolerancia y el respeto.
A su vez, Emilio Zebadúa, del PRD, refirió su experiencia como secretario de Gobierno en Chiapas, donde en la década de los 90 se registraron problemas de división social a causa de la religión. Es importante, dijo, que se establezcan objetivos comunes en torno a la educación, el derecho de las personas sobre su cuerpo y, en general, que los desafíos que se ciernen sobre los mexicanos se resuelvan con una estrategia común.
En su turno, Martínez Cázares destacó que el gobierno tiene la obligación de respetar y hacer respetar la ley y, en todo caso, también está en sus manos la posibilidad de iniciar el proceso legislativo para modificar leyes y reglamentos; pero lo que resulta inaceptable es que desde el gobierno se llame a la objeción de conciencia o a la desobediencia civil.
Señaló la necesidad de evitar confundirse entre la moral y el derecho. La primera obliga a cada individuo y la segunda a toda la sociedad. Así, quienes buscan gobernar desde la moral pretenden burlar el proceso legislativo.
Respecto de los asuntos pendientes en materia legislativa, el panista se refirió a la prohibición que tienen los ministros de culto para apoyar a partidos y candidatos, así como para ocupar cargos públicos porque, dijo, hay ministros de culto, maestros en la Universidad La Salle "más capaces que Reyes Tamez" para encabezar la Secretaría de Educación Pública.
Ya en la ceremonia de clausura, el obispo Carlos Aguiar, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, mencionó entre otras de las limitaciones a la libertad religiosa, la posibilidad de efectuar manifestaciones de culto público fuera de los templos, y ofrecer asistencia religiosa en instalaciones militares.