También plantea suspender la difusión de obra pública
El PRD busca que el IFE llame a mandatarios a evitar proselitismo
Durante la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el PRD propondrá un punto de acuerdo mediante el cual este organismo solicite al presidente Vicente Fox y a los mandatarios de las 32 entidades federativas abstenerse de realizar actividades de promoción o descalificación de candidatos, involucrándose con ello en el proceso electoral de 2006. Asimismo, deberán omitir la realización de publicidad velada o subliminal que represente un respaldo para una determinada opción política.
El acuerdo que promueve el PRD pretende ampliar los que ya ha adoptado la autoridad electoral en procesos electorales pasados, pero que se ha circunscrito a los últimos 30 días de las campañas políticas. La propuesta perredista considera igualmente la posibilidad de que el IFE demande a los ejecutivos federal y estatales suspender toda difusión de obra, con excepción de aquellos mensajes necesarios para la atención de emergencias sociales o programas de seguridad civil por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.
Las consideraciones que respaldan dicho acuerdo incluyen el pronunciamiento realizado por Fox cuando era aspirante presidencial en 2000 en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo, a quien definió como el jefe de la campaña de su candidato presidencial, Francisco Labastida.
Asimismo, hacen alusión a exhortos que en su momento ha realizado el IFE al gobierno federal, en particular durante los comicios de 2003, donde la confrontación entre la administración foxista y el organismo por la promoción del voto llevó al organismo a amagar con interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El documento preparado por el representante perredista, Horacio Duarte, que será puesto a disposición del Consejo General, se da en vísperas de que comience la denominada "tregua navideña" a la que convocó el propio IFE a los candidatos presidenciales y partidos, misma que regirá entre el 11 de diciembre y el 18 de enero próximos.
La propuesta incluye la posibilidad de que el IFE apele a la misma figura de controversia constitucional en caso de que no se cumplan los términos de abstención de los ejecutivos de involucrarse en el proceso.
Como parte de los fundamentos legales en que el PRD sustenta su solicitud se encuentra una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cual se establece que para que existan condiciones de equidad en la contienda para los partidos políticos se debe ejercer el sufragio libremente, lo cual se traduce en que no debe haber presión o coacción alguna, por lo que los órganos y autoridades del poder público se deben mantener al margen del proceso electoral para no influir en el ánimo del elector.
Igualmente, la propuesta de acuerdo hace alusión al propio "llamado a la responsabilidad de los servidores públicos para garantizar la equidad y preservar la confianza en los procesos electorales" que hicieron recientemente los propios consejeros del IFE.
En ellos, destaca el documento perredista, se hizo alusión a que la equidad requiere "de la presencia neutral de los gobiernos en las elecciones" y al hecho de que la libertad de expresión de los funcionarios públicos "no debe ser pretexto para que apoyen con declaraciones y actos proselitistas a candidatos y partidos, pues al hacerlo pueden afectar la equidad en la contienda político electoral".