Persiste la opacidad sobre la entrega de $200 millones al sector empresarial
Avala el IFAI negativa de la cancillería a abrir datos sobre fideicomiso AICHI
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurrió en contradicciones para no entregar la información sobre el manejo del fideicomiso de la Exposición Internacional AICHI, efectuada en Japón en marzo pasado, para la cual entregó 200 millones de pesos del erario federal al sector empresarial.
Pese a que ayer la resolución del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) la favoreció, porque el comisionado Alonso Gómez Robledo, ponente del caso, resolvió con el voto en favor de tres comisionados -excepto el "particular" de Juan Pablo Guerrero- que la SRE es "incompetente" para informar sobre la administración de dicho fideicomiso (recurso 1552/05), en sus respuestas la cancillería revela que incumplió diversas disposiciones legales para entregar esos recursos.
Mientras en el primer recurso -el 1553/05, a cargo de Guerrero, quien ordena la apertura de la información- manifestó desconocer cómo se administró el fideicomiso por tener "carácter privado", en este segundo replicó que el dinero lo entregó "a la iniciativa privada y no al fideicomiso", es decir, a los miembros de los consejos Coordinador Empresarial y Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.
Dice la cancillería que "hizo la clasificación de las aportaciones entregadas (...) en la partida de Gasto de Aportaciones a Fideicomisos Privados, ya que es la partida del Clasificador por Objeto del Gasto que más se parece (sic), reiterando que los recursos entregados fueron bajo un esquema de apoyo similar al subsidio".
Esta aportación se aprobó sin que se hubiese llevado a cabo el trámite respectivo ante la Secretaría de Hacienda (SHCP) para obtener una "ampliación del presupuesto original" aprobado a la SRE en 2004 y 2005, según se desprende de la resolución 1553/05, del 31 de octubre pasado, en la cual Guerrero observó que por ello se "incumplió" el acuerdo sobre los lineamientos para la rendición de cuentas y comprobación del manejo transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos, difundido en el Diario Oficial en septiembre de 2004 por la SHCP y la SFP.
La SRE confirmó que "no se celebró ningún convenio" para la entrega de esos recursos, como establece en su artículo noveno la Comisión Intersecretarial para la Expo AICHI -encabezada por la cancillería- y, por tanto, "no obra en los expedientes de esta comisión que se haya hecho aportación por parte de alguna otra secretaría".
La dependencia sostiene que sólo tiene "un escrito en el que constan los recursos que entregó la SRE a la iniciativa privada, mas no aportó recursos directamente al fideicomiso".
Sobre dicho escrito la SRE pide "que no se haga del conocimiento" del solicitante de la información, pues "sólo tiene por objeto allegar al comisionado ponente (Gómez Robledo) mayores elementos de juicio".
Cabe destacar que en la sesión pública el mismo Gómez Robledo mencionó que en la audiencia con la ex responsable de ese fideicomiso, Mónica Ruiz -designada oficial mayor de la cancillería luego de la Expo AICHI-, declaró que "tiene la información 'en su cabecita, no en documentos'; eso me crea inquietud".
Sin embargo, la SRE confirma que mensualmente obtuvo informes sobre la aplicación de los fondos. Esto porque los empresarios contrataron una "firma de auditores externos de reconocido prestigio" para "instrumentar una administración transparente" de ellos, y se entregó "la rendición de informes mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la aplicación de los recursos". Pese a que la resolución 1552/05 favoreció a la SRE, en entrevista Guerrero destacó que el IFAI será "riguroso para que la SRE cumpla" con la anterior (1553/05), en al cual ordena detallar el uso y destino de 200 millones de pesos entregados por el erario al fideicomiso AICHI, pues se usó un "esquema del todo anómalo y eso está acreditado".
Por otra parte, el IFAI ordenó también a Gobernación entregar la versión pública de los permisos para la apertura de casas de juego y apuestas que aprobó su ex titular de la dependencia, Santiago Creel Miranda.