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Editorial

El agandalle

Las reformas constitucionales que pretende aprobar hoy en la Cámara de Diputados la coalición de facto PRI-PAN están orientadas a investir al presidente Vicente Fox de atribuciones para dejar amarrados en sus cargos a los futuros directivos de las más importantes instituciones financieras y dotar de autonomía a esas dependencias. Las medidas se presentan a la opinión pública como una forma de dar "estabilidad financiera" al país en vísperas del cambio de gobierno del año entrante. Pero todo indica que se trata, en realidad, de una maniobra para perpetuar la estrategia económica del foxismo, que en esencia es igual a la de Ernesto Zedillo, la cual fue, a su vez, indistinguible de la de Carlos Salinas.

Es oportuno repasar los hechos: como ocurrió con la elaboración del presupuesto para el año entrante, en el pacto actual se dejó fuera de la negociación al Partido de la Revolución Democrática (PRD); llama la atención, además, la elaboración al vapor de esta iniciativa y la precipitación con la que se pretende aplicar, características de las maquinaciones realizadas en los sótanos del poder político-empresarial.

Por lo demás, es patente la determinación de proyectar la conformación legislativa surgida de los comicios de 2003 ųque hizo posible refrendar la alianza implícita PRI-PAN en defensa del neoliberalismo vigenteų hasta la próxima década, en una movida faccional que pervierte la lógica misma de la representación democrática y de la alternancia en el poder. Se busca, incluso, investir a Fox de poderes que bien podrían calificarse de pospresidenciales, toda vez que los nombramientos referidos se extenderían hasta bien entrado el sexenio entrante o, en algún caso, lo rebasarían.

A la luz de estas circunstancias, no es difícil imaginar las verdaderas razones de la componenda: además de preservar a cualquier costo el modelo económico vigente, depredador, concentrador de la riqueza y multiplicador de la miseria, se busca blindar no la economía nacional, sino a los responsables de los cuantiosos fraudes perpetrados al amparo del "rescate bancario" del sexenio anterior y a los culpables de manejos turbios del dinero público en la administración presente.

El apresurado empeño de otorgar impunidad a los saqueadores de anteayer, de ayer y de hoy es revelador, por su parte, del temor que parece apoderarse del grupo en el poder ante la perspectiva de un triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del año entrante. Si tal perspectiva no estuviera en sus cálculos, los poderosos del momento estarían mucho más tranquilos porque, como es sabido, panistas y priístas se encubren mutuamente sus respectivas trapacerías: el olvido para los malversadores del Pemexgate se paga con amnesia para los fondos dudosos de Amigos de Fox; el Fobaproa se perdona y a cambio no se insiste en investigar a Vamos México, y así sucesivamente. Es tan inocultable la dedicatoria de esta pretendida reforma constitucional para el aspirante presidencial perredista, que su rival de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, pidió a los legisladores que "no le hagan el caldo gordo" al ex jefe del Gobierno capitalino; en otras palabras, que no evidencien su pánico de manera tan burda.

Ciertamente, es necesario avanzar en la construcción de acuerdos nacionales y de políticas de Estado que trasciendan los vaivenes sexenales y otorguen seguridad y confianza a la población en general y a los inversionistas nacionales y extranjeros en particular. También resulta deseable la implantación y el perfeccionamiento de mecanismos de estabilidad económica que impidan la traducción de las contiendas políticas y electorales en movimientos bruscos de los indicadores. Es en principio saludable, asimismo, delimitar de forma clara el poder presidencial. Pero la reforma constitucional que hoy tiene previsto aprobar la aplanadora blanquiazul y tricolor no está en esa lógica. Lo que se pretende es perpetuar el modelo de saqueo de los bienes públicos instaurado en el salinato, impedir el esclarecimiento de la flagrante corrupción pública y privada del último lustro y, lo más grave, escamotear a la soberanía ciudadana su derecho a exigir, vía el sufragio, un cambio de rumbo en la actual política económica.