Ordenó que se alterara peritaje relacionado con el homicidio de dos plagiarios, aduce

Ex funcionaria de la PGJ de Morelos exige juicio político contra precandidato del PRD

Vega Vargas fue obligada a dejar la coordinación de Servicios Periciales por el caso

GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA

Blanca Vega Vargas, catedrática de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) y ex coordinadora de servicios periciales de la Zona Metropolitana, de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, pidió al Congreso local que se inicie juicio político contra Hugo Bello Ocampo, ex procurador de esa entidad y precandidato del PRD a la gubernatura morelense, por haber ordenado, presuntamente, se alterara un peritaje.

De acuerdo con la solicitud de juicio político, a la que tuvo acceso este diario, el recurso tiene origen en las presiones que habrían ejercido diversos funcionarios de la Procuraduría de Justicia Morelos en contra de un perito en criminalística de la dependencia para que cambiara el contenido de un peritaje relacionado con dos homicidios ocurridos el 10 de diciembre de 2004, en el cual se indicaba que los cuerpos de los presuntos delincuentes presentaban huellas de tortura, y de que fueron privados de la vida en un lugar distinto al que fueron encontrados.

La denuncia afirma que Bello Ocampo habría tenido conocimiento de "hechos probablemente delictivos" relacionados con la muerte de los dos presuntos secuestradores, y también habría conocido de las irregularidades cometidas por Carlos Vasconcelos, quien fungió como su secretario particular y que, sin embargo, no actuó en consecuencia.

Supuestamente Vasconcelos Beltrán fue quien ordenó a la quejosa cambiar el peritaje "atendiendo" mandatos del hoy precandidato perredista.

La catedrática afirma que el ex funcionario es presunto responsable de "probables conductas delictivas, actos u omisiones, que pudieran redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia".

Se asegura en la petición de juicio político que Bello Ocampo incurrió en violaciones a la Ley de la Procuraduría de Justicia de Morelos; al Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la institución, así como a las leyes correspondientes al ejercicio de la función pública, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y desvío de recursos.

En el documento entregado a la legislatura morelense se menciona que Vega Vargas fue obligada a dejar la coordinación de servicios periciales debido a que no permitió "que se violentara la ley"; se menciona también que el ex procurador permitió el delito de usurpación de funciones al designar a Mónica Marín Méndez y Eduardo Cervantes Arenales coordinadores de servicios periciales de zona, sin que contaran con el título y experiencia necesarios para desempeñar el puesto.

Asimismo refiere que el precandidato perredista incurrió en el delito de desvío de recursos, ya que utilizó dinero del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (Foseg) para dotar de vehículos a altos servidores públicos, en lugar de que las unidades fueran adquiridas para agentes de la policía ministerial.

La catedrática de la UAEM menciona la posible comisión de delitos durante la integración de la averiguación previa SDO/2/457/04-10 sobre el secuestro de un joven de 19 años, Ricardo, y su desenlace, en el que murieron dos presuntos delincuentes.

Según el boletín informativo número 6351 del gobierno de Morelos, de fecha 11 de diciembre de 2004, "el operativo (para rescatar al secuestrado) se desarrolló después de las cero horas, y se tuvieron a la vista a las personas probablemente secuestradoras. En ese lugar, los efectivos de la policía ministerial comisionados observaron que los secuestradores recogieron del suelo una bolsa del dinero.

"Tras intentar detenerlos, se dio un enfrentamiento con los secuestradores, en el que dos de ellos, de nombres J. Guadalupe Rodríguez López, quien también se hacía llamar Primitivo Estrada Carrera, y el segundo, Erasto Rodríguez López, resultaron muertos."

Sin embargo, esta versión se contradice con la consignada en el expediente número 062/2005-2, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante una queja por amenazas que interpuso el perito Leobardo Alcántar González, quien asegura que en esos hechos se buscó la modificación de su dictamen pericial para "proteger a los efectivos responsables (de la Policía Ministerial de Morelos) o a las personas que se vieron involucradas en el hallazgo y posterior levantamiento de los dos cadáveres, que se encontraron a las tres de la mañana del 10 de diciembre de 2004 en el campo denominado Loma de los Ciruelos, del ejido Tlatenchi, en Jojutla".

El dictamen de Alcántar González determinó que había "ausencia de elementos de tipo balístico (casquillos) y lagos hemáticos (manchas de sangre) en torno a los cadáveres, y que la muerte no acontece en el lugar de los hechos (en el lugar del hallazgo)".

Es decir, existe la posibilidad de que los cadáveres de los presuntos secuestradores hayan sido sembrados por los policías en la escena del rescate del joven secuestrado, y que de ser así, el ex procurador de Morelos pudiera tener alguna responsabilidad que lo llevara al juicio político que demanda la quejosa.