En el mundo hay 380 millones en poder de civiles, afirma Naciones Unidas

Modestos e infructuosos esfuerzos para regular el comercio de armas cortas

Pese a iniciativas y apoyo de diversas ONG, estados muestran poco interés en normarlo

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 11 de diciembre. "Atrapada en una balacera entre judiciales y narcos, mientras zumban las balas de uno y otro bando y media docena de civiles temen por sus vidas y las del prójimo, me asombro de las armas que usan: cuernos de chivo, rifles y metralletas de asalto. Lo que no vi fueron pistolas ni revólveres, a lo mejor porque son obsoletas", cuenta una mujer sobre su experiencia en Nogales, Sonora, este año.

En lo que la prensa calificó de "incidente", uno de los presuntos criminales resultó herido, otro detenido y el tercero, "increíble ¿verdad?", logró escapar, a pesar de la "conmoción de película", en la que intervinieron una docena de agentes policiacos.

"Se estima que más de medio millón de personas son asesinadas cada año con armas cortas y ligeras, verdadero armamento de destrucción masiva, incluyendo 200 mil en regiones en paz y 300 mil en conflictos bélicos", afirma a La Jornada la experta de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Bárbara A. Frey, encargada del tema desde 2003.

En el mundo hay 380 millones de armas de fuego -60 por ciento del total estimado- en poder de civiles, según información recabada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ese comercio está valuado en miles de millones de dólares y no hay control sobre las transferencias. "Es tiempo de detenerlo", aseguró Kofi Annan, secretario general de la ONU, organización que tímida e infructuosamente intenta establecer un mecanismo jurídico internacional para frenarlo.

Desde 2003 se lleva a cabo una difícil y compleja negociación en la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. La mayor controversia radica en que algunos expertos no están convencidos de que las armas de fuego en poder de civiles conlleven a actos de violencia y criminalidad. Además, las grandes asociaciones de portadores (en Estados Unidos, principalmente), consumidores (mayoritariamente en ese país) y fabricantes de 90 naciones no están de acuerdo en mecanismos que los controlen y verifiquen.

Frey es clara: "Es enorme el grado de urgencia para que la comunidad internacional apruebe en la ONU un instrumento de control estricto y de respeto", como podría ser la adopción del proyecto de principios sobre la prevención de las violaciones a los derechos humanos cometidas con armas cortas y ligeras (Salw, por sus siglas en inglés) preparado por la experta.

Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en septiembre pasado, no hubo ningún avance. Mary Robinson, ex alta comisionada para los Derechos Humanos y actualmente presidenta del grupo Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative, lamentó en un artículo publicado por el diario Financial Times: "No salió nada sobre la manera de enfrentar el comercio de armas pequeñas".

Los principios, expresa Frey, "están aún en análisis en la subcomisión y no serán considerados por otro órgano de la ONU hasta que la subcomisión decida recomendarlos". Añade: "Tengo la esperanza de que la versión final se aprobará en las próximas dos sesiones", es decir, en 2007.

Pero antes el trabajo debe ser terminado, y ello incluye la respuesta de los gobiernos al cuestionario enviado por la subcomisión para recabar y verificar los datos sobre armas cortas, ligeras y municiones. "Apenas han respondido 35 países, entre los cuales no se encuentran Estados Unidos ni México", afirmó Frey, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnessota.

El cuestionario contiene 76 preguntas sobre la existencia de regulaciones para el uso de armas cortas, ligeras y municiones; el tipo de entrenamiento que reciben los agentes policiacos para el uso del Salw; si se realizan investigaciones sobre denuncias de abusos con esas armas, y la seguridad y el almacenamiento de éstas.

El mayor número de preguntas es respecto de la existencia de reglas estatales para individuos y grupos armados, seguido de información sobre la instrumentación del Salw y las transferencias comerciales.

Organizaciones no gubernamentales han entrado a la lid, convencidas del impacto negativo en los derechos humanos de las transferencias de armas de fuego. Amnistía Internacional, Oxfam e IANSA lanzaron la Campaña Global para el Control de Armas, con el objetivo de lograr un tratado internacional sobre restricciones al comercio de éstas, pues hasta ahora hay "una proliferación incontrolada y transferencias que contribuyen o son usadas para perpetrar violaciones a las garantías básicas y a las legislaciones internacionales de derecho humanitario", explica a La Jornada la investigadora Helen Hughes, del Equipo Militar, Seguridad y Policía de AI.

Otro experto independiente, el profesor Keith Krause, del Instituto de Altos Estudios Internacionales y autor de la Encuesta sobre Armas Pequeñas 2004, encontró que "ahí donde hay más armas cortas existen más violencia, abusos y violaciones a los derechos humanos".

"Será una buena batalla, pero no se ganará en un día", dijo a este diario un diplomático mexicano conocedor del tema.

Frey manifestó que "la mayor controversia está en las preocupaciones de los estados sobre la posibilidad de fijar demasiadas limitaciones al acceso y uso del Salw por los oficiales de seguridad; algunos fabricantes y deportistas de tiro al blanco se preocupan de que les impongan demasiadas limitaciones para el acceso y uso de armas de fuego".

Frey quiere que "una serie de principios reflejen el consenso internacional sobre la urgencia de la prevención, transparencia comercial y persecución de perpetradores de violaciones a las garantías básicas, que las cometen con ayuda de armamento pequeño; los principios deben inscribirse en un plan mundial de prevención".

Este incluye la responsabilidad de los gobiernos para que la producción, comercio y uso de éstas siempre tome en cuenta el respeto a los derechos humanos, garantizando políticas para promover la utilización apropiada de dichas armas por agentes del Estado, en particular quienes tienen la responsabilidad inequívoca de proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, como está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pero el debate en el seno de la subcomisión no es ajeno a las realidades políticas y comerciales de los países; por ejemplo, sólo en Haití se presume que 170 mil armas de fuego están en poder de criminales.

El experto José Bengoa, de Chile, señala que la certeza es que "la alta tasa de homicidios cometidos con armas de fuego en América Latina es resultado del fácil acceso legal o mediante el mercado negro".

En contraste, el especialista estadunidense Lee A. Casey asegura que la portación de armas pequeñas no constituye en sí una amenaza.