Reformas aprisa
Cuando les entran las prisas a los legisladores por reformar las leyes y el funcionamiento de las instituciones hay que poner mucha atención y tener cuidado. El sistema legal en este país no está sustentado en la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Pocos conocen a los diputados de su distrito o a los senadores de su estado. Los personajes más notorios en ambas cámaras no son, generalmente, aquellos que fueros elegidos por el voto directo, sino quienes llegan por representación proporcional. Una forma en que los partidos imponen a sus miembros sobre la sociedad.
Los legisladores deben cuidar el buen funcionamiento del marco institucional del país. En este campo su trabajo en la última década, para no ir más lejos, es bastante deficiente y ha acarreado grandes costos económicos en términos colectivos y, en contrapartida, ha generado enormes beneficios privados.
En el caso de las instituciones financieras es especialmente sensible el ejercicio legislativo, puesto que el dinero y el crédito constituyen el medio por el cual se realizan las transacciones, se acumula el capital, se asignan los recursos y se genera y apropia la riqueza. El dinero y la manera en que se mueve y se controla es una fuente de poder económico y político.
La experiencia reciente es muy ilustrativa al respecto. La crisis de 1994 estalló en un entorno de enorme fragilidad institucional que involucró a instancias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y todo el entramado de control sobre el sistema bancario montado en la Secretaría de Hacienda. Tan es así que el Fondo Bancario de Proteccón al Ahorro, el inefable Fobaproa, estaba constituido como un fideicomiso privado que absorbió la deuda de los bancos que estaban técnicamente quebrados luego de la devaluación del peso, la inflación y la subida de las tasas de interés, apenas a 19 días de iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo. Ese instrumento de carácter privado era una anomalía institucional que estaba permitida por la ley y que acumuló los pasivos generados por el salvamento de los bancos, los que finalmente se convirtieron en deuda pública.
El sucesor del Fobaproa, el IPAB, creado por los legisladores en enero de 1999, fue motivo de controversia desde el inicio al dejar fuera de su junta de directiva al gobernador del Banco e México, Guillermo Ortiz, por su presunta responsabilidad en la crisis. Esta es una incoherencia institucional que aún no se ha resuelto y de la que es responsable el legislador panista Fauzi Hamdam, cuya posición en todo ese asunto cambia según las conveniencias del momento, igual que pasa con sus compañeros de partido.
Desde que el IPAB empezó a operar ha estado en el centro de fuertes debates y cuestionamientos sobre la gestión de los enormes recursos que administra, cómo los asigna, a quién y cuánto recupera de los activos que debe vender. Nadie puede estar satisfecho con su funcionamiento y el enorme costo que representa, además de que opera no sólo con un alto margen de discrecionalidad y ligado umbilicalmente al secretario de Hacienda Gil Díaz, sin ninguna autonomía, como indica la composición actual incluso de los vocales, supuestamente independientes.
El sector financiero público se ha venido reproduciendo de manera endogámica durante mucho tiempo. Esto no se asocia con una especialización dentro de las funciones públicas o con una forma de servicio profesional de carrera, sino como un verdadero centro de poder. Inclusive después de la crisis de 1994, que debería haber provocado un cisma en esa esfera y un rompimiento del compacto grupo esparcido por todas las instituciones, que se desplazan con gran facilidad al sector privado y de regreso, están los mismos funcionarios que son reconfirmados en sus puestos por los legisladores.
De ahí provienen quienes dirigen las comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y de Seguros y Fianzas (CNSF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Estos son los organismos involucrados en la reforma que promueven el PRI y el PAN y que significa darles autonomía y que el presidente Fox nombre a los responsables por periodos que rebasan hasta el de próximos gobiernos.
La autonomía es un asunto demasiado complejo y serio; es una reforma para la que el sistema económico y político no está preparado por la debilidad institucional prevaleciente. El único argumento que pudo hacer al respecto ante los diputados el actual director del SAT fue que se daría permanencia al director para conducir la transformación del sistema de recaudación. Pero de esa inestabilidad es responsable el secretario de Hacienda y no se justifica darle la autonomía.
La reforma puede ser necesaria, pero debe respaldarse en condiciones mucho más sólidas y conductas más cabales de los diputados apresurados. Estos demuestran tener una agenda propia más que un verdadero interés y, sobre todo, capacidad técnica y política para acometerla. De realizarse la reforma como quieren el PRI y el PAN es augurar mayor daño del que ya ha padecido el país recientemente.