Editorial
La debilidad de México sobre migración
Ayer lunes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, puso el dedo en la llaga en el tema de la migración al señalar, por un lado, que el gobierno mexicano debería "recurrir a la protesta diplomática y a la denuncia internacional" para exponer el carácter lesivo de las nuevas medidas represivas recién aprobadas por la Cámara de Representates de Estados Unidos para frenar la migración ilegal; por el otro, sostuvo que México también aplica políticas que criminalizan a los migrantes, sobre todo centroamericanos, que cruzan la frontera sur rumbo a territorio estadunidense. Esta doble situación revela que el país carece de una política de Estado sobre este tema, lo que mina la autoridad moral del presidente Vicente Fox para reclamar a Washington el trato inhumano que impone a los trabajadores mexicanos, y de otras naciones, cuyo único delito es perseguir un mejor nivel de vida.
La migración ilegal es uno de los asuntos en que el gobierno de George W. Bush se muestra más duro: a pesar de que es un punto esencial de la agenda bilateral, nunca ha accedido a incorporar las demandas mexicanas y tan sólo considera los intereses de su país, lo que representa una incongruencia, ya que este tema sólo se podrá resolver si ambos gobiernos trabajan conjuntamente. Peor aún, la mayoría de las propuestas legislativas sobre migración están dominadas por un enfoque policiaco y represivo que no aporta nada positivo. Ese es el caso de la iniciativa HR4437, aprobada el viernes pasado, la cual implica ampliar el muro en la línea divisoria y destinar más agentes y hasta efectivos militares para detener a los migrantes. Tales medidas obligarán a estos trabajadores a buscar rutas más peligrosas a través de zonas desérticas y remotas para cruzar la frontera, lo que generará más muertes de migrantes, tal como denunciaron la Coalición Pro Defensa del Migrante y la Fundación de Asstencia Legal Rural de California. Al cierre de este año fiscal, la Patrulla Fronteriza reportó 464 migrantes muertos, cifra récord, según sus registros.
Ante la cerrada actitud de la administración Bush, es necesario que México vaya más allá de meras declaraciones condenatorias, como ha hecho hasta el momento, y proteste formalmente contra estos abusos, como exigieron ayer la CNDH, senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como las diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Saltillo, Coahuila.
Asimismo es indispensable que el presidente Fox presente una defensa más férrea de los migrantes por razones económicas: las millonarias remesas que envían los connacionales representan una importante fuente de divisas para el país y significan un alivio para las familias de esos trabajadores, por lo que se impone establecer una política migratoria que busque facilitar el tránsito de esos recursos y garantizar que los migrantes puedan laborar en Estados Unidos sin ser perseguidos como criminales. Es más, una política de esa naturaleza también beneficiaría al gobierno de Bush, debido a que los trabajadores indocumentados ocupan empleos que los mismos estadunidenses rechazan y que constituyen el pilar de importantes sectores de su economía, como la agricultura y los servicios. En ese sentido, es una hiprocresía que Estados Unidos aplique medidas policiacas a esa gente que contribuye tanto a su bienestar nacional.
Al definir una política de Estado sobre migración, México contaría con las armas diplomáticas adecuadas para luchar contra la pretensión de Washington de convertir el país en filtro contra el flujo de trabajadores centroamericanos, lo que además mejoraría el respeto a los derechos humanos de esas personas, que son hostigadas, extorsionadas y agredidas durante su travesía por el territorio mexicano hacia Estados Unidos.