El informe Pro: una agenda necesaria
El balance anual del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez permite visualizar la realidad que en esta materia enfrentamos; ojalá que los candidatos se acerquen a él, que por ello no los sancionará el IFE. Sin ser exhaustivo sí es evidentemente indicativo y nos da cuenta de elementos importantes para reflexionar sobre las posibilidades de alcanzar en el país la instauración de una política de Estado en la materia. A estas alturas está muy claro que no basta con incluir unos párrafos en las plataformas electorales con el tema de derechos humanos, porque el tema comprende todo, está implicado en la política económica toda: la que se emita acerca de la deuda externa, de la privatización en sus diversas implicaciones, de los migrantes, la relativa a pueblos indígenas, a las mujeres, niños, etcétera.
El informe Pro se inicia con una búsqueda, a mi parecer infructuosa, de mostrar un equilibrio, pues se reconoce el avance del foxismo respecto del Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual se traduce en la apertura del país para ser visitado por diversos procedimientos especiales de Naciones Unidas -relatores especiales, expertos o grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU-, como para la firma o ratificación de tratados o convenciones internacionales en esa materia.
Hay, sin embargo, claroscuros: cuando por una parte se afirma "en términos generales, la política exterior de México ha tenido serias y graves fallas -justamente por alinearse en exceso a la política de Estados Unidos en favor del libre comercio y del Area de Libre Comercio de las Américas-", en seguida se excede al anotar " en cambio, en materia de derechos humanos, ha desarrollado una política en favor de los derechos humanos, en particular, para mostrar al mundo sus avances".
Esta opinión no toma en cuenta la cualidad integral de los derechos humanos ni la eficacia de los mismos, la cual requiere mucho más que posturas formales. Todo el documento reitera la tesis de que este sexenio vivimos las "buenas intenciones", de las cuales en lo personal dudo, pero en todo caso recordemos que hay quien dice que el camino del infierno está poblado de ellas.
Una vez transcurridas estas valoraciones, a mi juicio "políticamente correctas", entra de lleno a tomar el toro por los cuernos y denuncia con fuerza y elementos la progresiva militarización de los cuerpos policiacos, la cual no ha considerado las recomendaciones que contra ello han emitido diversos organismos internacionales. Aborda en seguida el papel desempeñado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a partir de tres casos paradigmáticos de delitos del pasado, describe diversas limitaciones que ha mostrado el desempeño de la misma, y acierta en señalar que en su conjunto no son responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo federal, por lo que anota las que corresponden al Poder Legislativo y la grave responsabilidad y aun contradicciones en que ha incurrido el Poder Judicial. Deja así documentada la persistencia de la impunidad.
Deplora además el trabajo de un organismo autónomo como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y expone las bases que sustentan su conclusión de que "tiene un desempeño muy por debajo de su capacidad instalada, dado su presupuesto y el tamaño de la institución, que la hacen una de las instituciones mayores en su género en todo el mundo".
Finalmente aborda un capítulo cuyo balance es asignatura pendiente en el conjunto de organismos de derechos humanos. Se trata del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH). El informe Pro reivindica "la manera como se realizó el diagnóstico", en contraste con el resultado del mismo expresado precisamente en el PNDH. Y se preguntan si tal programa es o no una verdadera política de Estado.
Ahí nos dejan temas y posturas que generarán adhesiones y rechazos y, de ser así, en ambos casos habrán logrado un éxito rotundo, pues lo peor que pueden encontrar esfuerzos como éste es la indiferencia. Con este informe se da un paso importante y oportuno para que a escala nacional se elabore otro que incluya además temas como la migración y la creciente privatización de los recursos naturales que amenaza la existencia de los pueblos indígenas. En todo caso, a este organismo debemos que, siendo fiel a su trayectoria, abra el debate para que los más amplios sectores dibujen el verdadero rostro de los derechos humanos en el país. Se trata de acercar el espejo y responder a la otra gran pregunta: ¿existe o no estado de derecho en nuestro país?