La queja "invade la esfera de atribuciones del Ejecutivo federal", sostienen
Cuestionan en el Poder Judicial el reproche de Azuela al presidente Fox
Señalan que jamás se pidió el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal
La queja del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, sobre el incumplimiento de sentencias y el no ejercicio de la acción penal contra Andrés Manuel López Obrador, estuvo "fuera de lugar, tiempo y lógica, además de que constituyó una invasión a la esfera de atribuciones del Ejecutivo federal".
Sostuvieron lo anterior fuentes judiciales de primer nivel, las cuales cuestionaron a Azuela por lo dicho en su reciente informe de labores, en el que reprochó al presidente Vicente Fox no haber actuado penalmente contra el hoy candidato del PRD a la Presidencia de la República.
Manifestaron a este diario que "contra la decisión de no ejercer acción penal -como resolvió en su momento la Procuraduría General de la República (PGR)- se puede interponer un amparo (en este caso, el dueño del predio El Encino), pero el Poder Judicial no puede oponerse a la decisión soberana de otro poder".
Los entrevistados descalificaron lo dicho por el ministro ante el jefe del Ejecutivo y el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, al señalar que "en realidad el Poder Judicial jamás pidió el desafuero y castigo del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues el juez de distrito competente sólo dio vista al agente del Ministerio Público adscrito a su juzgado" con la resolución del tribunal colegiado que determinó que en el caso El Encino se había violado la suspensión en un juicio de amparo.
A partir de ahí, agregaron, la Procuraduría General de la República actuó "totalmente de oficio" y sin atender petición alguna del propietario del predio o del Poder Judicial Federal (PJF).
Suponiendo, sin conceder, que el Poder Judicial hubiera pedido el desafuero de López Obrador, explicaron, está demostrado que el Poder Legislativo abrió el procedimiento respectivo a petición del procurador general de la República, quien fue el que envió al pleno de la Cámara de Diputados la petición de desafuero, y los diputados "accedieron cabalmente a lo supuestamente solicitado por el PJF".
Es decir, insistieron, el Poder Judicial no puede quejarse de haber sido desatendido por el Ejecutivo federal, la PGR o el Legislativo, que concedió el desafuero del ex jefe de Gobierno capitalino.
La queja del presidente de la Suprema Corte "realmente está fuera de lugar, tiempo y lógica, porque supuestamente pidió -no se aclara dónde- y obtuvo algo con lo que no está satisfecho".
Tal parece que "sus dolidas expresiones" -de Azuela, quien dijo que se debía ver con "inquietud el futuro", pues se corre el riesgo de que se multipliquen las violaciones a las suspensiones- se deben a que la PGR se abstuvo de ejercer acción penal contra López Obrador.
Sin embargo, precisaron que el artículo 21 constitucional establece que "la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial", pero además señala claramente que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público".
Resulta entonces que las declaraciones del ministro presidente constituyen una "invasión" a la esfera de atribuciones del Ejecutivo, y permitir esto significaría que el Ejecutivo federal pudiera inconformarse, por ejemplo, cuando la SCJN resuelva que un impuesto es inconstitucional.
De ser así, subrayaron, "el Presidente de la República, al rendir su informe anual de labores ante el Congreso, estaría legitimado para afirmar que las decisiones de la Corte deben verse con inquietud, porque se corre el riesgo de que se multipliquen los incumplimientos en el pago de impuestos en el país, lo cual sería grave ante la necesidad de recursos públicos para atender los servicios, y ello sería inaceptable", subrayaron.