ONG exigen detener las agresiones del poder económico contra comunicadores

El acoso a Lydia Cacho es ejemplo del uso político de la justicia: Edgar Cortez

Demandan investigar a las autoridades que ordenaron el arresto de la periodista

Defensores de los derechos humanos reiteraron sus críticas contra la acción legal emprendida por las autoridades judiciales de Puebla contra la escritora y periodista Lydia Cacho como probable responsable de los delitos de difamación y calumnias contra el empresario Camel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla.

Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, manifestó que el asunto es una muestra de que en estos delitos "se puede dar un uso político de la justicia", ya que se agilizó la acción penal contra la periodista porque detrás de la demanda hay intereses "económicos y políticos" muy poderosos.

Cortez refirió que los derechos humanos de la autora de Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía fueron violados por la "presión y hostigamiento" ejercidos por los elementos judiciales durante el traslado de la periodista de Cancún, donde reside y realiza sus trabajos, hasta Puebla, entidad en la que se interpuso la denuncia en su contra. "Ese (el viaje en carretera de más de 20 horas) fue el periodo de mayor vulnerabilidad para una persona, por la incertidumbre", comentó el defensor de los derechos humanos.

El padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que las denuncias de Lydia Cacho "configuran un cuadro violatorio de los derechos humanos. Este caso muestra cómo los comunicadores son agredidos especialmente en los estados de la República por círculos de poder económico coludidos con esferas del poder político. Eso hay que pararlo".

Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David Velasco, el trabajo de Lydia Cacho es "muy delicado y sus denuncias fuertes", por lo que debe tener la protección de las autoridades además de realizarse a fondo las investigaciones.

En tanto, Claudia Barrón, de la Red Nacional de Abogadas Feministas, dijo que por la manera en la que actuaron las autoridades pareciera que "existe persecución" contra Cacho. Asimismo aseveró que en el proceso que se sigue contra la escritora hay "irregularidades", puesto que no se envió, como marca la ley, una solicitud de presentación a la presunta responsable de los delitos y en cambio se ejercitó una orden de aprehensión.

"Las autoridades, con su manera de actuar tan poco correcta, violan los derechos humanos y las reglas básicas del estado de derecho", argumentó la abogada, y agregó que los funcionarios que emitieron la orden de detención contra Cacho deben ser investigados y sancionados conforme a derecho, para lo que no es necesaria la querella de la afectada porque el caso "se puede seguir de oficio".

Por otro lado, en la relatoría de libertad de expresión publicada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se señala que "las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar, o mejor dicho silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública"; por ello este organismo recomienda que estos delitos sean derogados.

Emir Olivares