Dispararía deuda y eliminaría derechos: Alonso Raya
Inviable, ley del ISSSTE que propone Joel Ayala
La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), impulsada en el Senado de la República por el priísta Joel Ayala, provocaría la deuda pública más grande, porque al trasladar las pensiones de burócratas a cuentas individuales el monto que obtendrían las administradoras privadas superaría el billón 600 mil millones de pesos.
De aprobarse dicha legislación, el cambio de régimen pensionario en el instituto costará el doble del rescate bancario.
Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, advirtió sobre la ilegalidad de la propuesta del líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), porque el artículo 72 de la Constitución manifiesta que la Cámara de Diputados, no el Senado, es el único órgano facultado para aprobar reformas o leyes económicas.
A la par del elevado endeudamiento público, expresó el diputado perredista, se generaría tal malestar social que la ingobernabilidad sería el sino del año próximo, porque "los trabajadores al servicio del Estado se sentirían engañados, pues la mayoría no recibirán, al concluir su etapa como trabajadores activos, una pensión digna".
El fondo de la ley es la desaparición de derechos, explicó Alonso Raya, porque la jubilación y la indemnización global no se contemplan en el documento de Joel Ayala.
"Al aumentar las obligaciones se endurecen los requisitos para acceder a prestaciones y servicios; se debilita al ISSSTE, al quitarle la gestión de las pensiones, y lo prepara para separar la prestación de servicios médicos y entregarlos a la iniciativa privada.
"¡El sistema de cuentas individuales no garantiza una pensión digna!", aseveró el legislador del PRD.
Y es que la iniciativa de Joel Ayala anuncia como panacea la entrega de un bono de reconocimiento a cada uno de los trabajadores al servicio del Estado, que en conjunto sumarían un billón 600 mil millones de pesos. Esos recursos se destinarían a las Afore y representan más del doble, casi el triple, de los 560 mil millones de pesos que manejan las administradoras de fondos para el retiro.
El legislador denunció que no hay garantía de que el incremento de recursos sirva para beneficiar a los trabajadores, "sino para acumular más dinero en grupos financieros trasnacionales".
Además se presenta un vicio de origen, porque el senador Joel Ayala dio a conocer un proyecto de dictamen de la Ley del ISSSTE y la cámara de origen debería ser la de Diputados, porque se contemplan aportaciones económicas, insistió.
"Lo lamentable de esa maniobra es que el senador se haya prestado a dar por buena una iniciativa que elaboró la Secretaría de Hacienda, lo que por técnica legislativa es ilegal. Así lo refiere el artículo 72 de la Constitución."
Dicho postulado constitucional establece lo siguiente en el inciso H: "La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados".
Al abundar sobre el costo de la reforma, informó que el costo del reconocimiento para todos los trabajadores al servicio del Estado tendrá un precio de un billón 600 mil millones de pesos. A esa cifra se sumarán las pensiones en curso de pago, que se calculan en 56 mil millones de pesos durante el primer año de entrada en vigor de la reforma. Además, se dijo a La Jornada, las aportaciones mensuales de empleados y trabajadores pasarán de 17.75 por ciento, que en la actualidad se han tasado, a 20.14.
Al explicar el impacto de la nueva legislación, si se aprobara, el presidente de la comisión social manifestó: "Es una iniciativa que intenta modificar radicalmente al instituto, porque abrogaría la de 1959 y quebrantaría al sistema de pensiones, a 2.8 millones de asegurados y a más de 10 millones de derechohabientes, así como a 500 mil jubilados y pensionados y a 32 mil niños en guarderías. El sistema de cuentas individuales no garantiza pensiones dignas."
La explicación del perredista redunda en el fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro, que mediante una fiscalización elaborada por la Auditoría Superior de la Federación determinó:
Sesenta por ciento de aportantes, de las 35 millones de cuentas, sólo ahorran entre uno y tres salarios mínimos, con lo que no podrán cubrir una pensión mínima garantizada de un minisalario; se requerirán recursos fiscales para compensar a 60 por ciento de aportantes de uno y tres salarios mínimos.
"Al mismo tiempo, se puede afirmar desde ahora que 21 millones de los 35 millones no tendrán pensión, porque no van a lograr cubrir los requisitos indispensables para alcanzarla."