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Les expropiaron cientos de hectáreas hace 30 años

Ejidatarios de Veracruz y Oaxaca exigen millonaria indemnización

MATILDE PEREZ U.

A más de tres décadas de la expropiación de cientos de hectáreas productivas de ejidos y comunidades de Oaxaca y Veracruz para la construcción de la presa Cerro de Oro y la reubicación de familias en la región del Uxpanapa, los afectados, de 37 ejidos, interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, una demanda de indemnización por 622 millones de pesos.

Esta es la primera vez que los desplazados presentan una demanda formal ante las autoridades agrarias por la "ejecución indebida e inadecuada de las resoluciones presidenciales", expresó Juan Zamora González, presidente del consejo de administración y delegado del ejido Benito Juárez.

Los afectados, ahora agrupados en la Unión de Ejidos Colectivos de Producción y Comercialización Agropecuaria José López Portillo, pidieron al magistrado del TUA realizar un peritaje para verificar la ejecución de los 52 decretos de expropiación que se publicaron entre 1975 y 1997. Incluso en 2000 se presentó otro que afectó a familias de 52 núcleos agrarios, de los cuales 37 fueron reubicados en el Valle del Uxpanapa, Veracruz, y en algunas zonas de Oaxaca.

Dicho reacomodo, abundó Zamora, no significó ninguna mejora en la vida de los afectados, la mayoría indígenas chinantecos. Su ancestral forma de convivencia se alteró y hubo desilusión por el fracaso de los planes de desarrollo gubernamentales, los conflictos agrarios heredados, el incumplimiento de las promesas de introducción de servicios y la falta de información sobre el destino de las indemnizaciones que presuntamente fueron depositadas en el Fideicomiso Nacional Fondo de Fomento Ejidal.

"Jamás hemos sido indemnizados como plantea el artículo 94 de la Ley Agraria, en el cual se establece que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados y la cantidad que se cobrará por la regularización", asentaron los ejidatarios en el documento que presentaron ante el TUA, el cual le asignó el expediente 566/2005.

El TUA admitió la demanda interpuesta por los campesinos y solicitó tanto a las autoridades federales como a los campesinos que presenten los documentos y testigos para iniciar el desahogo de pruebas.

 
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