Entrega magistrada de la Audiencia Nacional de España conclusiones previas al juicio
Pide fiscal 17 mil años de prisión para el represor argentino Cavallo
Madrid, 11 de enero. La fiscal de la Audiencia Nacional española pidió este miércoles hasta 17 mil años de cárcel para el ex marino argentino, Ricardo Miguel Cavallo, por genocidio y tortura, de cara al juicio que podría comenzar dentro de un año, siguiendo los pasos de su ex camarada Adolfo Scilingo.
"El procesado Ricardo Miguel Cavallo con destino en la Esma (Escuela de Mecánica de la Armada), se integró plenamente al desarrollo de ese plan de exterminio y represión" de la dictadura argentina (1976-83), afirmó la fiscal, Dolores Delgado, en sus conclusiones de casi 200 páginas, previas al juicio.
La magistrada calificó de genocidio y terrorismo los delitos imputados al ex capitán de corbeta, por los que pidió de 13 mil 362 a 17 mil 10 años de cárcel. Aparte de genocidio, le atribuye siete acusaciones de asesinato, 152 de lesiones y 407 de terrorismo.
Además, la magistrada planteó el delito de crímenes contra la humanidad y terrorismo por los que pidió de 13 mil 352 a 17 mil años de prisión.
Conforme la legislación vigente en el momento de los hechos, las penas requeridas por delitos contra la humanidad van de 13 mil 322 a 16 mil 980 años de cárcel, precisó el escrito.
Cavallo, alias Marcelo, Miguel Angel o Sérpico mientras integró el temible grupo de tareas 3.3.2 de la Esma, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura, por donde pasaron 5 mil de los 30 mil desaparecidos del régimen militar, se encuentra detenido en una prisión de las afueras de Madrid desde 2003.
"Perteneció a los dos sectores del grupo de tareas (operaciones e inteligencia), de forma permanente", subrayó la fiscal.
"A partir de enero de 1979 pasó a integrarse al aérea de inteligencia y por tanto participó en las torturas sistemáticas", agregó. En esa misma fecha asumió el cargo de responsable del sector "pecera", donde los secuestrados eran obligados a efectuar trabajos forzados y reducción a servidumbre.
Cavallo estuvo en la Esma desde 1977 hasta 1980 cuando fue destinado al denominado Centro Piloto de París, recordó la fiscal, que incluyó en el escrito una lista de 209 personas desaparecidas o ejecutadas mientras el procesado integraba el grupo de tareas 3.3.2.
El documento judicial contiene también una lista de más de 30 sobrevivientes de la Esma que identificaron a Cavallo como uno de los represores. Sus testimonios integran el sumario que instruyó el juez español Baltasar Garzón, quien reclamó la extradición de Cavallo a México, país que lo entregó en junio de 2003.
Fuentes judiciales indicaron que Cavallo, detenido en la cárcel de Soto del Real, 37 kilómetros al norte de Madrid, solicitó pasar a una cárcel militar, pero le fue denegado pues en España no cumplió ninguna actividad castrense.
A partir de ahora, la acusación tendrá un mes para presentar su escrito y luego lo hará la defensa, que según fuentes judiciales volverá a plantear la falta de jurisdicción de la justicia española.
Sin embargo, el 5 de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional (TC) afirmó en un fallo histórico que España es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos fuera de España, incluso aunque no haya víctimas españolas, al entender que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales".
El juicio oral y público contra el ex marino podría comenzar "dentro de un año", según fuentes judiciales. Con un poco más de optimismo, abogados de la acusación dijeron que "con suerte", el juicio podría iniciar en "septiembre u octubre".
En todo caso, Cavallo seguirá los pasos que su ex camarada de la Esma, Adolfo Scilingo, quien tras un juicio oral y público celebrado en la Audiencia Nacional española, fue condenado el 19 de abril de 2005 a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y tortura durante la dictadura argentina.
Durante su paso por México, Cavallo estuvo a cargo en 1999 del Registro Nacional de Vehículos (Renave), que tenía como objetivo que los propietarios de automóviles y camiones registraran sus unidades, previo pago de una cuota mínima de 25 pesos, tras un permiso otorgado por el entonces presidente Ernesto Zedillo, informaron el 6 de junio de 2003 los reporteros de La Jornada, Jesús Aranda y Gustavo Castillo.
El ex director de la Esma llegó a México de la mano de Henry Davis, quien fue director general de la cadena comercial Cifra (Aurrerá), y juntos lograron, el 27 de agosto de ese año, que el gobierno zedillista licitara en su favor la concesión para elaborar y operar el Renave.
Cifra, Talsud y Gemplus se hicieron de este programa, cuyo consejo de administración presidió Davis, al tiempo que Cavallo fue designado director general.
Y si el gobierno que había "investigado" los antecedentes del "empresario" argentino hizo mutis ante las versiones que lo involucraban en el "robo de autos por pedido" en Centroamérica, menor caso hizo a otros señalamientos que se hicieron contra el Renave, en el sentido de que carecía de infraestructura y había incumplido diversas normas fiscales y de organización que establecía la propia Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1998.
En medio de todas esas dudas el Renave empezó sus operaciones en México el 13 de febrero de 2000, concretamente en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. A partir de ahí, el entonces secretario de Comercio, Herminio Blanco, inició un fuerte cabildeo en los gobiernos estatales con el propósito de alcanzar la aceptación del registro. Para junio de ese mismo año su cobertura ya se había ampliado a todo el país, salvo el Distrito Federal.
La defensa del gobierno mexicano al "empresario" argentino terminó cuando el 24 de agosto de 2000 intentara darse a la fuga, luego que se hizo pública su participación en la dictadura militar argentina.
Finalmente las autoridades mexicanas lo detuvieron en el aeropuerto de Cancún.