El amparo otorgado a la empresa de Ahumada no cuestiona de fondo el caso, indica
Vigente, prohibición de celebrar contratos con Grupo Quart: GDF
La Contraloría acató la resolución del noveno tribunal colegiado, pero mantiene la disposición que impide a esa compañía participar en obras públicas a cargo de dependencias y delegaciones
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal (GDF) reinició un procedimiento administrativo en contra de Grupo Quart, de Carlos Ahumada Kurtz, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte acusado del delito de fraude genérico.
Ello, luego de que el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito concedió a Carlos Ahumada un amparo que lo protege de la resolución de la Contraloría que impide a las dependencias y entidades del gobierno capitalino, así como a las delegaciones políticas y órganos desconcentrados, celebrar contrato alguno con sus empresas.
La dependencia precisó que el amparo es sólo para ordenar la reposición del procedimiento administrativo en contra de Quart, al reclamar que la Contraloría no le notificó debidamente sobre dicho proceso, pero no cuestiona el fondo del asunto.
Si bien la resolución judicial dejó sin efecto la circular de la Contraloría del 13 de julio de 2004, en la que se ordena no realizar contratos con Grupo Quart, se mantiene vigente un oficio anterior, fechado el primero de abril del mismo año, en el que se mencionan los nombres de 20 empresas de Ahumada, entre éstas Grupo Quart, impedidas de participar en licitaciones públicas por estar sujetas a investigación.
La Contraloría informó que el pasado 2 de enero notificó a la empresa el reinicio del procedimiento administrativo en su contra, "por diversas irregularidades que se encuentran en etapa de desahogo y cuya conclusión se hará del conocimiento público en fecha próxima, de acuerdo con los plazos que marca la legislación vigente".
Funcionarios de la Contraloría consultados al respecto explicaron que dicha investigación se refiere al fraude cometido por Grupo Quart en la delegación Tláhuac por obras no concluidas, cuyo monto asciende a casi 30 millones de pesos, según la investigación penal que realizó la Procuraduría General de Justicia del DF.
El amparo lo concedió el tribunal a casi dos años de que se emitió el impedimento a dicha empresa de participar en concursos de licitación pública, en el cual se determinó la reposición del procedimiento debido a una interpretación de forma en la notificación, pero sin cuestionar el fondo de la misma, indicó la Contraloría en un comunicado.
El problema en la notificación, expuso el funcionario consultado, se debió a que Grupo Quart cambió su domicilio para conocer y recibir notificaciones sin enterar de ello a la Contraloría.
El 21 de julio de 2004 la Gaceta oficial publicó la circular CG/029/2004 de la Contraloría General, dirigido a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública local, donde se señala: "esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que deberá abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos en materia de obra pública y mercantil, por un plazo de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se publique la presente".
Grupo Quart solicitó un amparo ante el juzgado 15 de distrito en materia administrativa en el DF, que le fue negado. Luego promovió la revisión del mismo, que recayó en el noveno tribunal, que le concedió el amparo, pero sólo respecto de uno de los considerandos de la sentencia del juzgado, para efectos de que la Contraloría reponga el procedimiento de notificación correspondiente.
Por ello, la dependencia publicó ayer en la Gaceta oficial la circular CG/001/2006, que deja sin efectos la anterior, CG/029/2004, en la que dispone que las diferentes instancias de la administración pública capitalina "no deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos en materia de obra pública, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con la sociedad mercantil Grupo Quart".
Sin embargo, advirtió que se mantiene vigente el oficio del primero de abril de 2004, donde informa que realiza "una revisión extraordinaria con relación a los procedimientos administrativos de adjudicación y contratación, incluyendo los pagos realizados al amparo de dichos contratos, en los que se ha detectado la probable comisión de actos ilícitos atribuibles a servidores públicos conjuntamente con factores de diversas sociedades mercantiles con las que el Gobierno del Distrito Federal ha contratado la realización de obra pública", mismos que se hicieron de conocimiento del Ministerio Público.
Añade que "con el propósito de salvaguardar el interés público y evitar la participación en los procedimientos de adjudicación y contratación con sociedades mercantiles que se encuentran sujetas a investigación en procesos de carácter penal" deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con 20 empresas de Ahumada.