"Hay un estado de derecho que debe respetar", reclama al gobernador Mario Marín
La periodista Lydia Cacho, dispuesta a recurrir a la Corte Penal Internacional
Denuncia que el empresario Kamel Nacif continúa presionando al juez que lleva el caso
"La persecución de que he sido objeto constituye un ataque a la libertad de expresión", dice
La periodista Lydia Cacho informó ayer que de ser necesario presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la persecución de que ha sido objeto y que llegará hasta las últimas consecuencias para que se respete el estado de derecho.
Luego de reunirse con Patricia Mercado, candidata presidencial del partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, puntualizó que fue exonerada del delito de calumnia, pero aún pesa en su contra el cargo de difamación.
Informó que ayer entregó pruebas que demuestran que no incurrió en tal delito, pero si el juez piensa que hubo daño moral, destacó que puede terminar en la cárcel con una condena de cuatro años y una multa millonaria.
La periodista, que denunció una red de pederastas en la cual están involucrados empresarios, señaló que su acusador, Kamel Nacif, continúa presionando al juez para que falle en su contra.
En un mensaje al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, le recordó que desde hace muchos años hay división de poderes en el país; que hay un estado de derecho que tiene que respetar; que no va a guardar silencio, y que llegará hasta las últimas consecuencias. "Si es necesario ir a la Corte Penal Internacional, ahí estaré", puntualizó.
Lydia Cacho insistió en que la persecución de que ha sido objeto constituye un ataque a la libertad de prensa y que a cualquier periodista le puede suceder lo mismo.
Por ello consideró necesario modificar las leyes del país, de manera que no puedan ser utilizadas por los gobernadores para proteger a personas que están involucradas con el crimen organizado.
Habrá movilizaciones en QR; más protestas por liberación de Gámez
Mientras tanto, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y diversas organizaciones civiles anunciaron que las moviliaciones en apoyo a Lydia Cacho se extenderán a Quintana Roo, además de que exigirán que se reabra el proceso penal contra el seudo líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de abuso sexual contra diversas niñas que trabajaban como empacadoras en centros comerciales.
Laura Hernández Ledezma, secretaria de Educación y Empleo de la CROC, dijo que la periodista también se ha convertido en una víctima de los "empresarios adinerados" que han abusado de menores de edad, a quienes denunció en su libro Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía.
Hace una semana, la CROC, las organizaciones Pro Vecino y Ricardo Flores Magón, así como madres de familia y trabajadoras de diversas dependencias, realizaron la primera manifestación contra el juzgado que dejó en libertad a Gámez Martínez a principios de este mes. Ayer por la mañana realizaron la segunda concentración, pero en la sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que lleva el caso.
"No será la única que realizaremos, porque también haremos una manifestación en Cancún contra los casos de pederastia. Lydia Cacho es una periodista que denunció los hechos en su libro, pero al enfrentarse con gente poderosa se ha convertido en una perseguida política, porque no puede llamársele de otra manera, de estos empresarios tan poderosos que tienen intereses oscuros", expresó la dirigente.
La manifestación, precisó, será en apoyo a las niñas y a la periodista, porque todas son víctimas de la injusticia y de los pederastas, al tiempo que enfatizó que pese a tales abusos de poder la gente debe denunciar los abusos contra la infancia.
En el caso de Gámez Martínez, Hernández Ledezma se pronunció por la creación de una fiscalía especial en la procuraduría capitalina y se congratuló de la sensibilidad que han mostrado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y el procurador Bernardo Bátiz, en torno al caso. Mencionó que a las cinco denuncias contra Gámez Martínez se suma ahora el caso de una niña de San Juan de Aragón, a la cual se brindará todo el apoyo jurídico.