Sólo por financiamiento el gobierno erogó en nueve años 215 mil 339 millones de pesos
ASF, por revisar el rescate bancario; cuesta $1 billón 260 mil millones
Pretende deslindar responsabilidades desde el Ejecutivo, CNBV y órganos de control interno
Enlista la Auditoría 65 opiniones de delitos; denuncias y querellas contra siete bancos
El rescate bancario tiene un costo a la fecha de un billón 260 mil millones de pesos, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El volumen de recursos citado, a pagar con dinero proveniente del erario, llevó al órgano fiscalizador a exigir a las autoridades competentes la evaluación y revisión del actuar de ministerios públicos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de los órganos internos de control del Ejecutivo federal con objeto de deslindar responsabilidades ante la omisión de dejar prescribir las acciones legales contra los responsables de la mayor deuda histórica cargada a los bolsillos de los contribuyentes.
Un documento, cuya copia tiene este diario, refiere que la fiscalización emprendida por la ASF incluyó los bancos Anáhuac, Atlántico, Banamex, Bancen, Bancomer, Bancrecer, Banoro, Banorte, Banpaís, BBV, Bital, Capital, Confía, Cremi, Industrial, Interestatal, Inverlat, Mexicano, Obrero, Oriente, Promex, Pronorte, Serfin, Unión y Banco del Sureste. A ese universo de instituciones bancarias, las autoridades financieras del país, encabezadas por el Ejecutivo federal, invirtieron de 1995 a 2004, sólo por financiamiento de los programas de rescate bancario, 215 mil 339 millones de pesos. Dicha cifra representa una tercera parte del total de la deuda contraída por el gobierno a la hora de salvar el sistema bancario nacional.
La suma del costo fiscal de la deuda bancaria referida y la erogación de recursos para el financiamiento de las instituciones bancarias, que en su mayoría no se encontraban en condiciones de ser rescatadas por el gobierno federal, significan para el coordinador financiero del PRD en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar "una de las principales muestras históricas de la impunidad en que se desenvuelven los grandes empresarios y los funcionarios públicos. Resulta inadmisible que los mexicanos de todas las condiciones deban pagar una deuda que rebasará los límites de la actual generación".
Con el paso de los años, desde que se constituyó, por iniciativa de Ernesto Zedillo, el Fobaproa, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo, la ASF, promovió una serie de acciones para recuperar recursos que se pagaron de más o en exceso a los propietarios de los bancos. De 1999 a 2003 el importe recuperado en total ascendió a 9 mil 481 millones 600 mil pesos. Bancomer se vio obligado a devolver 3 mil 263 millones 500 mil pesos; Bital (hoy HSBC) 6 mil millones 900 mil pesos, y Banamex 6 mil 211 millones 200 mil pesos.
A ese importe recuperado por las observaciones de la ASF se suman también mil 256 millones 900 mil pesos por las auditorías Gel, y 117 millones 700 mil pesos por quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, resultando un total de 10 mil 856 millones 300 mil pesos.
El proceso de recuperación de recursos y bienes emprendido por la ASF generó un listado de 65 opiniones de delito, denuncias y querellas contra funcionarios de las siguientes instituciones bancarias: Unión, Interestatal, Confía, Banpaís, Sureste, Oriente y Capital.
El documento que fue entregado a diputados federales también da cuenta de un desglose del costo fiscal de la deuda generada por el rescate bancario. Por saneamiento y liquidación de bancos, el monto acumulado es de 355 mil millones de pesos; por uno de los programas de deudores, 116 mil 300 millones de pesos; para saneamiento y banca en liquidación, 613 mil 600 millones de pesos; programa de capitalización y compra de cartera, 111 mil 100 millones de pesos, y para el programa de deudores, 64 mil 600 millones de pesos, cifras que arrojaron un subtotal de 789 mil 300 millones de pesos que por el pago de intereses de 1995 a 2005 ha crecido a una cifra absoluta de un billón 260 mil 600 millones de pesos.
De tal forma las conclusiones de la auditoría manifiestan que los 10 mil 856 millones de pesos recuperados en el proceso de rescate bancario han permitido reducir el costo que la sociedad deberá pagar por la crisis financiera 1994-1995. Además, el órgano fiscalizador advierte que uno de los poderes le impidió continuar con su labor de limpieza en el proceso de rescate bancario:
"El fallo de la SCJN limitó la actuación de la ASF en la fiscalización del rescate bancario. De las 175 auditorías programadas hasta 2009, no se podrán realizar todas las referentes a los programas de saneamiento, intervención, capitalización y venta de bienes de años anteriores".
Al advertir que aun así la ASF continuará con su programa estratégico de fiscalización, advierte lo siguiente: "La actuación de los ministerios públicos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los interventores de la Secretaría de Gobernación, de los órganos internos de control y demás actores, deberá ser evaluada para deslindar las responsabilidades tanto en la fundamentación y motivación de las diversas denuncias y querellas, como en la responsabilidad de aquellos servidores públicos que dejaron prescribir las acciones correspondientes.