Viable, racionalizar el gasto y fomentar la inversión
Ramírez de la O señala la necesidad de mejorar competitividad de la IP
Una política de economía de mercado con racionalización del gasto, que ponga mayor énfasis en la inversión productiva, de infraestructura, energética y social, son algunos de los rasgos sobresalientes de las propuestas planteadas por el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, para sacar adelante al país del estancamiento que prevalece hoy.
En un encuentro con inversionistas y empresarios que asistieron ayer a la quinta Reunión Nacional de Consejos Consultivos de Nacional Financiera, en la cual se delineó la estrategia económica para México propuesta por López Obrador, se estableció que mediante la reducción de gastos en la burocracia e inversión pública y privada será posible fomentar la obra pública y aumentar el gasto social.
En la exposición a cargo de Rogelio Ramírez de la O, asesor económico de López Obrador y consultor privado que aconseja a grandes empresas nacionales y extranjeras, se admite la necesidad de generar mejores condiciones de competencia para el sector privado.
En ese contexto, se propone para apoyar a los empresarios la reducción de costos de insumos energéticos; mantener sin incrementos los impuestos; respetar la propiedad privada y el estado de derecho, y promover la inversión nacional y extranjera, "esencial en su proyecto" para generar los cambios fundamentales que impulsen el desarrollo económico.
Los principales instrumentos para el crecimiento en el corto y mediano plazos toman en cuenta una mayor inversión en el sector energético y la construcción de infraestructura y vivienda mediante una fórmula en la que participen el Estado y el sector privado.
En materia de energía se focalizan cinco puntos sustanciales para su despegue y desarrollo: mejor coordinación entre empresas estatales, desde el petróleo (exploración, producción, refinación y petroquímica) hasta la electricidad; la optimización de la cadena de valor agregado mediante la fabricación de lo que se importa; el suministro de insumos para la industria, así como ahorros en el gasto operacional y cambios de precios de transferencia de insumos de un proceso a otro.En cuanto a la construcción de grandes proyectos, que se estima tendrán impacto positivo en la competitividad del país a largo plazo, Ramírez de la O ilustró con la construcción del aeropuerto de Tizayuca; el corredor transístmico; desarrollo ferroviario en el norte del país con la participación del sector privado y fomento a la actividad forestal, con el propósito de retener a la población de las áreas rurales y campesinas.
Los proyectos referidos consideran la asociación de los sectores público y privado, "con control por el sector privado".
En materia de finanzas públicas se sugiere la reducción del gasto corriente, la simplificación de impuestos y reformas respectivas, la disminución de la evasión fiscal y el fortalecimiento del sistema financiero.
Para la reducción del gasto corriente se plantea revisar las estructuras existentes y eliminar lo que no sea estrictamente necesario. Lo anterior en virtud de que durante la gestión del presidente Vicente Fox el gasto corriente aumentó de 68 mil millones de dólares a 109 mil millones.
Ramírez de la O planteó a los hombres de negocios que la meta de López Obrador para abatir gastos en el corto plazo incluye una reducción del costo burocrático de 10 mil millones de dólares en 2007; con ello se lograría un ahorro de entre 1 y 1.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En el mediano plazo (2008), mediante recortes adicionales y el aprovechamiento de sinergias se ubicaría en otros 10 mil millones de dólares, que representaría un acumulado de 2 por ciento del PIB.
Las áreas en las cuales habría reducciones "importantes" de estructuras burocráticas incluyen las que tienen "duplicidades", las de comunicación social, promoción o representación internacional, y estructuras de subsecretarias y direcciones completas.
De esta forma, el candidato de la coalición Por el bien de todos estima obtener un ahorro de 3 por ciento del PIB (2.0 en gasto corriente y 1 por ciento en evasión y simplificación), porcentaje que se destinaría de manera equitativa a infraestructura, inversión en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y el 1 por ciento restante a programas sociales.