''Somos una sociedad amenazada; nos sentimos intimidados en las calles y en nuestras casas''
El Estado está fallando en materia de seguridad pública, advierte Soberanes
El año pasado se perpetraron más de mil 500 ejecuciones relacionadas con el narco, dice el presidente de la CNDH al rendir su informe de labores ante la Comisión Permanente
Ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, aseveró que a pesar de los avances logrados en la defensa de los derechos humanos, 2005 fue un año marcado por la violencia.
Las autoridades y la sociedad, acusó el ombudsman nacional, ''enfrentamos un grave lastre que afecta a todas las áreas de la vida nacional: el Estado está fallando en una de sus labores más esenciales, que es la seguridad pública''. Precisó enseguida: ''Las más de mil 500 ejecuciones de la guerra que libran entre sí los cárteles del narcotráfico no se explican de otro modo''.
En la Comisión Permanente, donde asistió ayer a presentar su informe de labores 2005, el titular de la CNDH denunció que el entrenamiento policiaco, las armas y la información de inteligencia, pagados con los impuestos de los mexicanos, ''en ocasiones han sido usados para lastimar a quienes deberían proteger''.
Sin acciones frontales y permanentes para combatir el frecuente involucramiento de agentes policiacos en el delito, reprochó Soberanes Fernández, se envía a la sociedad el mensaje de que ''las corporaciones de seguridad muchas veces son parte del problema, no de la solución. Somos una sociedad amenazada. Nos sentimos intimidados en las calles, en los parques, en nuestras propias casas".
Soberanes Fernández refirió también que la estridencia con la que algunos miembros de la clase política dirimen sus diferencias, contribuye a reforzar en la sociedad la percepción de inseguridad. ''Los ataques verbales, los insultos y las descalificaciones son también una forma de violencia'', subrayó. El ombudsman nacional destacó que mientras persista la inseguridad no habrá democracia plena. ''La inseguridad mina los cimientos del estado de derecho, es enemiga del desarrollo económico y social y, sin éste, nunca superaremos la pobreza que flagela a la mitad de los mexicanos.''
Durante su exposición, Soberanes apuntó que la CNDH exigió -con las atribuciones que le otorga la ley- que las autoridades cumplan su obligación de hacer efectivo el derecho de cada individuo -y de la sociedad como un todo- a la seguridad pública.
Al detallar el informe de labores del año pasado, Soberanes Fernández destacó que durante 2005 se recibieron 6 mil 137 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y al calificarse, 2 mil 915 fueron hechos presuntamente violatorios de dichas garantías. De ese total de quejas, detalló, mil 5 fueron de carácter colectivo.
El ombudsman reveló ante los legisladores que es una realidad lamentable la existencia de áreas del ejercicio del poder público, tanto del ámbito federal como del local, que presentan alarmantes tendencias contrarias a los derechos fundamentales. ''Hemos logrado avances, sin embargo, el número de acciones y situaciones que vulneran estos derechos es todavía muy elevado.''
Hizo notar que las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de violación a los derechos fundamentales fueron las federales, con 2 mil 682 casos. En 2005, puntualizó, fueron 519 las autoridades denunciadas como responsables de presuntas violaciones y, entre ellas, las diez más señaladas fueron el IMSS, con 803 quejas; PGR, 675; Prevención y Readaptación Social de la SSP, 514; Instituto Nacional de Migración (Gobernación), 419; CFE, 223; ISSSTE, 217; Infonavit, 207; SEP, 201; Sedena, 186, y Servicio de Administración Tributaria de la SHCP, con 150 casos.
Precisó que los principales motivos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados por los quejosos fueron: ejercicio indebido de la función pública, con mil 616 quejas; prestación indebida del servicio público, 702; negativa al derecho de petición, 578; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, 467; violación a los derechos de los migrantes, 433; ejercicio indebido del cargo, 428; detención arbitraria, 347; trato cruel y/o degradante, 271 casos; entre otros.
El año pasado, la CNDH recibió tres quejas por tortura y las dependencias presuntamente responsables fueron la Agencia Federal de Investigación (AFI), el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República.
La comisión emitió 51 recomendaciones el año pasado, y el primer lugar lo ocupó el ISSSTE, al hacerse acreedor a cuatro recomendaciones; el segundo lugar lo comparten la SEP, el INM, los estados de Morelos, Oaxaca y el ayuntamiento de Carmen, Campeche, cada uno con tres; el tercer sitio lo comparten las secretarías de Marina, Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de Justicia Militar, el IMSS, los gobiernos de Coahuila, Colima, Nuevo León y Querétaro, cada uno con dos recomendaciones.
Otras dependencias acreedoras a observaciones de la CNDH fueron Secretaría de Salud, PGR, los gobernadores de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Puebla y Yucatán, entre otros. Del total de 51 recomendaciones, seis no fueron aceptadas, sólo dos tienen cumplimiento total, 26 cumplimiento parcial y en dos no se tienen pruebas de cumplimiento, entre otras.
Soberanes dijo que ha exhortado y dado argumentos al gobierno federal para que dé respuestas más enérgicas a las políticas antimigrantes de otros países, y reiteró que la CNDH llevará a la ONU los casos de los migrantes mexicanos asesinados en Estados Unidos, así como ''el infame'' muro fronterizo.
Luego, en entrevista, se le mencionó que los candidatos presidenciales no han tocado el tema de los derechos humanos, y él respondió que ''si no lo hacen es porque a lo mejor no le ven la rentabilidad política, pero nosotros haremos nuestra parte entregándoles propuestas a todos''.