Las directivas locales partidistas deberán aprobar la coalición en comicios estatales

Inconstitucional, la cláusula 21 del convenio de Por el Bien de Todos: IFE

Aprueba el Consejo General gastos del organismo, topes de campaña y de aportaciones

ALONSO URRUTIA

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) consideró inconstitucional la cláusula 21 del convenio de la coalición Por el Bien de Todos, mediante el cual los aliados -partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia- se comprometieron a ir juntos en todas las elecciones locales de 2006. Entre críticas de que la determinación se sustentó en argumentos falaces y de que había injerencia en las decisiones de otros institutos políticos, los consejeros avalaron esta postura, por seis votos contra tres, para que no se incorpore el punto al convenio.

Durante la sesión ordinaria también fue aprobado el tope máximo que podrá aportar un simpatizante o militante de un partido, que será de un millón 34 mil 187 pesos con 81 centavos. El consejero Andrés Albo señaló que el límite de aportaciones que por este concepto podrá recibir cada partido político es de 206 millones 837 mil pesos, aunque podrán obtener más financiamiento privado por otras vías previstas por la ley.

En la sesión -realizada más temprano que de costumbre para permitir otro viaje a Europa del consejero presidente Luis Carlos Ugalde y de la consejera Alejandra Latapí- también se aprobó el presupuesto del IFE para este año y se anunciaron "medidas de austeridad". Nadie intervino para cuestionar los nuevos montos de financiamiento para el gasto ordinario del organismo -6 mil 842 millones 900 mil pesos- ni las prerrogativas de los partidos -4 mil 783.3 millones de pesos.

El tema del presupuesto sirvió para que el representante de la coalición Por el Bien de Todos, Horacio Duarte, ratificara el ofrecimiento del PRD de donar 10 por ciento de la partida destinada al gasto de campaña, equivalente a 36 millones de pesos, a los damnificados por el paso de los huracanes en el sureste del país.

Anunció que entrarán en pláticas con la Comisión de Fiscalización del IFE con el propósito de que en la donación no exista ninguna violación a la ley. Duarte insistió en que los partidos no han hecho lo necesario para responder al reclamo ciudadano de reducir los costos de campaña.

Apenas hizo el anuncio, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el IFE, Germán Martínez, reviró: "llama la atención a esta representación el acto de campaña del representante de Por el Bien de Todos que acaba de realizar. Tomamos nota de que es un acto de campaña, de que ese dinero se eroga en la campaña dentro del proceso electoral, de que se reserva su opinión jurídica sobre el gasto y que, en todo caso, el Consejo deberá tomar nota de que el dinero gastado o prometido deberá incluirse dentro del tope de los gastos de campaña".

En entrevista, Duarte señaló que efectivamente la partida que será donada a los damnificados provendrá de los gastos de campaña y contabilizaría para los topes de la misma. Sólo se deberá acordar con el IFE la modalidad para no violentar la ley.

Durante la sesión fue sorteado el mes de nacimiento de los 7 millones 300 mil ciudadanos que serán insaculados para que participen como funcionarios en las 134 mil casillas que habrán de instalarse, resultando elegidos los de enero.

Cláusula inconstitucional

Más allá de los numerosos puntos aprobados ayer, el tema que consumió mayor tiempo en la sesión, y que evidenció las diferencias entre algunos consejeros, fue la declaración de inconstitucionalidad e ilegalidad de la cláusula 21 del convenio de la coalición Por el Bien de Todos, según establece el dictamen presentado por el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

Quienes aprobaron la determinación del IFE de darla esa consideración a la cláusula 21, afirmaron que esto no impide que a escala estatal los partidos puedan establecer coaliciones, sólo que deberán ser aprobadas por las dirigencias locales en los términos de la legislación respectiva y no por la autoridad federal.

El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar consideró falaces los argumentos del proyecto de la presidencia: "Díganme un artículo, sólo uno, que sustente la violación de la cláusula que se comenta, porque como autoridad tenemos que fundar y motivar; la legalidad no se crea por decreto; creo que lo mínimo de un trabajo responsable es argumentar".

Momentos antes, el representante de la coalición Por el Bien de Todos, Horacio Duarte, señaló que esa decisión afecta los derechos de los partidos aliados y descalifica los acuerdos alcanzados por los máximos órganos de dirección. A diferencia de lo establecido en el dictamen, donde se señala que no es el convenio de una coalición presidencial donde debe incorporarse la voluntad de ir en alianzas estatales, Duarte mencionó que se violenta el derecho constitucional de los partidos a coaligarse, respetando las legislaciones locales.

Explicó que la cláusula 21 está fundada en la facultad de las dirigencias nacionales de conducir y aprobar las alianzas, porque se trata de partidos nacionales, no federados. Por eso, afirmó, la decisión del IFE limita estas facultades y decisiones de contender juntos en las elecciones federal y locales.

Ugalde consideró que "bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se está restringiendo la libertad de elección de los partidos ni de sus militantes, ni se está desconociendo la voluntad soberana de sus asambleas. La oferta de coalición de los partidos a escala federal queda a salvo, y en el ámbito local, la tendrán que hacer valer a nivel de las autoridades competentes".

Al defender el dictamen, los consejeros Arturo Sánchez y Teresa González Luna subrayaron que no existe ninguna limitación a la libre coalición de los partidos; sencillamente, dijeron, el convenio de coalición presidencial no es la instancia para plantearla, pues el IFE no tiene injerencia en elecciones locales. La consejera Alejandra Latapí fue más allá al señalar que la coalición está imponiendo prohibiciones que no están en posibilidades de establecer, pues violan leyes nacionales y normas internacionales.

Quienes apoyaron el dictamen señalaron que esta cláusula implica coaliciones estatales que abarcarían todo 2006, y hay comicios en los que se trasciende la vigencia temporal de la coalición federal, porque se celebran una vez concluido el año electoral federal, y plantearon que se podrían constreñir los derechos de los partidos, a escala local, a establecer las condiciones de una coalición estatal.

El consejero Rodrigo Morales argumentó que, con esta lógica, lo que se está planteando es la existencia de partidos federados y se vulnera una voluntad expresa de los órganos estatutarios competentes.

Inclusive el panista Germán Martínez defendió el derecho de la coalición a determinar libremente su voluntad de acudir en alianza a escala estatal, y advirtió que en una vida democrática, el IFE debe dejar tanta vía libre a los partidos políticos cuanta sea posible, y sólo tanta injerencia de la autoridad como sea necesaria.