Usted está aquí: jueves 2 de febrero de 2006 Opinión Investigar, ya

Editorial

Investigar, ya

En su edición del 27 de noviembre del año pasado, La Jornada dio a conocer información oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Guanajuato en la que se asentaba la participación accionaria de Marta Sahagún Jiménez en la empresa Poliductos Tamayo, SA de CV. Ese mismo día, la "Oficina de Marta Sahagún de Fox", también llamada "Oficina de Apoyo a la Esposa del C. Presidente", que se sostiene con dinero de los contribuyentes, envió a este diario una carta en la que negaba ese dato y descalificaba lo publicado. "En Poliductos de Tamayo la señora Marta Sahagún sí participó cuando estaba casada con el padre de sus hijos y quedó fuera de toda responsabilidad desde hace más de cuatro años", decía el desmentido ­que se publicó íntegro en estas páginas­, y reprochaba a este diario el uso de "términos infames", "parciales" e "irresponsables", la difusión de "mentiras sin escrúpulos" e "interpretaciones tendenciosas" y "exigía" que los informadores de esta casa editorial se ajustaran "a la ética, a la objetividad y a la imparcialidad a las que están obligados".

Ayer, la diputada priísta Sofía Castro ­integrante de la comisión especial que investigó las posibles irregularidades y los presuntos tráficos de influencia en las empresas de Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la esposa del presidente Vicente Fox­ confirmó que ésta, hasta el año antepasado, era propietaria de acciones de la empresa referida por un valor de 14 millones 800 mil pesos.

Anteriormente, Marta Sahagún había descalificado las informaciones en el sentido de que su hijo Manuel Bribiesca era socio de Miguel Khoury y que tenía intereses en el ramo de la construcción en Guanajuato. En la carta publicada el 28 de noviembre del año pasado, sin embargo, la oficina de Sahagún hubo de admitir que "Miguel Khoury y Manuel Bribiesca Sahagún sí son socios".

Por otra parte, la Presidencia de la República recibió ayer el informe de la comisión legislativa mencionada, en el que se sostiene la pertinencia y la necesidad de investigar penalmente el posible tráfico de influencias para beneficiar a las empresas de Sahagún Jiménez y de sus hijos Manuel y Jorge. Si aún queda un mínimo sentido republicano y un impulso de supervivencia en el grupo gobernante, en lo sucesivo Sahagún Jiménez, los hermanos Bribiesca Sahagún y los funcionarios implicados en la comisión de ese probable delito deberán presentar sus alegatos no a este diario, sino ante el Ministerio Público.

El esclarecimiento legal de las clamorosas sospechas en torno a la familia presidencial resulta ya inaplazable e ineludible; tal perspectiva es, además, saludable y positiva por donde quiera que se le vea. Si se demuestra que Sahagún Jiménez y sus hijos son inocentes, el presidente Fox y su entorno familiar saldrán política y moralmente fortalecidos; si son culpables, el mandatario tendrá la oportunidad, dolorosa en lo personal, pero histórica, de demostrar un compromiso indiscutible y sin reservas en el combate a la corrupción.

En cambio, si el grupo en el poder persisten en sus afanes de desviar la atención, ocultar información, encubrir, descalificar de antemano y sin fundamentos los señalamientos en torno a los negocios presuntamente ilícitos de Sahagún Jiménez y, peor aún, negarse a iniciar el proceso legal correspondiente, conseguirá, con ello, reforzar las sospechas, transitar por un fin de presidencia con nula credibilidad y un desprestigio máximo y acaso, también, colocar a su partido, Acción Nacional, ante la perspectiva de ser derrotado en los comicios de julio próximo y de cargar, en años posteriores, con un lastre moral perdurable.

 
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