Hay de asilos a asilos
El asilo político es una institución sumamente noble que desafortunadamente sólo ampara el Tratado de Asilo de Caracas de 1954, o sea que hace ya más de medio siglo que estas 17 o 18 cuartillas son el único documento de alcance exclusivamente latinoamericano que protege a quienes son perseguidos políticos, cuya vida o libertad está en peligro, generalmente por un régimen de excepción que, como en el caso de Chile y de otros muchos países de América Latina, fue producto del cruento golpe de Estado que generó una dictadura que se prolongó durante 17 años, hasta que Augusto Pinochet salió de La Moneda el 10 de marzo de 1990.
Eufemísticamente los partidarios del dictador evitaron por todos los medios a su alcance llamar por su nombre al golpe de Estado, e inventaron el término "pronunciamiento militar", con el que trataron de referirse durante estas casi dos décadas a un suceso en el que no nada más se cometieron torturas, desapariciones y asesinatos en contra de quienes de alguna manera se manifestaron renuentes a aceptar el golpe militar y la dictadura consecuencia de él, sino que también fueron objeto de asedio y persecución. Los demócratas que de alguna manera se manifestaban a favor de la libertad y de la democracia fueron acusados de "comunistas", como en los años cincuentas en Estados Unidos, al más puro estilo macartista.
De esta manera el dictador generó la obligada aplicación de los beneficios del Tratado de Asilo de Caracas para dar precisamente protección a la libertad y a la vida de los miles de perseguidos sobre los que se lanzaron Pinochet y sus secuaces. A la embajada de México en Santiago le tocó cumplir con las obligaciones derivadas del tratado de asilo que provenía desde 1919.
No fue fácil para los diplomáticos, quienes a partir del 11 de septiembre de 1973 se vieron en el caso de brindar la protección obligada no únicamente por razones que se referían al cumplimiento de una obligación de carácter diplomático, sino además por un sentido social y humanitario, que no solamente brindó el gobierno mexicano, sino también algunos otros más que no estaban obligados a hacerlo, como fue el caso de Suecia con el embajador Harald Edelstam, quien actuó como lo hizo no por obligación, sino por convicción.
Solamente a México vinieron con el estatus del asilo en las primeras semanas después del golpe más de 2 mil asilados jefes de familia, y luego, al llegar aquí, como era natural, tendrían que traerse a los familiares más cercanos, y se convirtieron en unos 10 mil asilados.
Así fueron también a diversas partes del mundo numerosos chilenos que no podían quedarse en su patria sin poner en peligro su libertad o su vida: Canadá, España y Alemania los recibieron, ofreciéndoles también trabajo, vivienda y escuela para sus hijos, como hizo México ejemplarmente, de la misma manera que brindó hospitalidad a los refugiados españoles que tuvieron que huir de la dictadura de Franco, apoyada por Hitler y por Musolini.
Pero ahora que en Chile está instaurado un régimen plenamente democrático, en el que está por terminar su periodo de gobierno el presidente Ricardo Lagos y ha sido electa en un proceso también ejemplarmente democrático Michelle Bachelet -quien, como todos sabemos, no solamente fue víctima de cárcel y de torturas en su juventud, sino que su padre, general de la fuerza aérea chilena, fue preso y torturado hasta perder la vida-, se da el caso de que precisamente Lucía Pinochet, la hija mayor del dictador que provocó el éxodo de 1973, aparentemente sin que lo supiera su familia decidió irse, vía Argentina, a Estados Unidos, a solicitar asilo por causas muy diferentes a las que están previstas en el Tratado de Caracas.
La hija del general Pinochet no se vio, por supuesto, en el caso de ser asediada, como hizo su padre con los miembros del gobierno de la Unidad Popular y sus partidarios y simpatizantes, hasta el punto de obligar al propio presidente Salvador Allende a privarse de la vida frente a la alternativa de tener que entregarse en condiciones indignas para él mismo y para quienes lo hicieron presidente de Chile en 1970.
La señora Lucía Pinochet está acusada de fraude fiscal y evasión tributaria y por uso de pasaportes falsos, de la misma manera que también el mismo general Pinochet está actualmente acusado, como es bien sabido, por el descubrimiento que hizo el Senado estadunidense de hacer depósitos por varios millones de dólares en el Banco Riggs de Washington, y también su familia está acusada de uso indebido de pasaportes falsos y de negocios en los que ha habido de por medio cuantiosos fraudes fiscales, así como un evidente caso de enriquecimiento inexplicable, según ha dicho la luchadora social Carmen Hertz.
La primera orden de detención al general Pinochet que desencadenó todo un complicado suceso, iniciado el 16 de octubre de 1998, fue dada por el juez Baltasar Garzón, quien venía investigando desde hacía algunos años los crímenes contra ciudadanos españoles cometidos por las dictaduras chilena y argentina, y se llevó a cabo en Londres, donde fue juzgado en la Corte de los lores ingleses: lord Slynn de Hadley, lord Lloyd de Berwick, lord Nicholls de Birkenhead, lord Steyn y lord Hoffmann, quien desempató la votación decidiéndola en contra de Pinochet, poniéndolo en manos de la justicia británica.
El juicio en la Corte de los lores se ha convertido en un caso de estudio para los juristas que han seguido detalladamente todo el complejo proceso, que finalmente terminó en que el ministro Jack Straw decidió la extradición del dictador, no a España, como se reclamaba, sino a Chile mismo, donde fue recibido con honores por quien era entonces el jefe del ejército chileno en Santiago: el general Ricardo Izurieta.
Precisamente en estos días el dictador acaba de recibir un duro revés judicial, por la negativa de apelaciones de la Corte de Santiago de aceptar su estado de salud y el padecimiento de "demencia subcortical leve a moderada", que era esgrimida como una razón por su defensa, para enfrentar el juicio correspondiente, y podrá ser procesado en calidad de autor del delito de secuestro calificado, así como por la matanza de numerosos opositores, no solamente durante el golpe de Estado, sino también durante los 17 años de dictadura. Ahora su hija mayor ha pedido asilo, perseguida por la justicia de su país. Hay diferencia con quienes se asilaron en 1973.