La procuraduría local no inició ninguna averiguación
La PGR investigará la agresión al periódico de Nuevo Laredo
Desde hace por lo menos 10 meses, cuando todavía era procurador de la República el general Rafael Macedo de la Concha, esa dependencia federal conoce de al menos 10 casos de agresiones contra periodistas, la mayoría asesinatos presuntamente cometidos por narcotraficantes; sin embargo, a la fecha no existen informes oficiales del avance de las indagatorias ni tampoco se ha dado a conocer el esclarecimiento de alguno, a pesar de que se detuvo a un supuesto involucrado en la muerte de Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión de Poza Rica.
Al filo de las 22 horas de ayer, la PGR informó que el Ministerio Público Federal se hará cargo de la totalidad de las investigaciones en torno a los hechos ocurridos el lunes en las instalaciones del diario El Mañana de Nuevo Laredo, ya que el dueño del rotativo, Ramón Darío Cantú de Anda, acudió a la delegación de esta dependencia y presentó la querella necesaria para que se abriera la averiguación previa PGR/TAMPS/ML/FEDCP/188/06.
Se informó que la indagatoria está abierta en contra de quien resulte responsable por los delitos de lesiones, daños en propiedad ajena y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos. Técnicamente no se puede señalar que la PGR atrajo el caso, pues la procuraduría de Tamaulipas no inició ninguna averiguación previa, y desde que ocurrieron los hechos todo quedó en manos del fiscal federal Sergio Naranjo Alegría.
Tamaulipas se ha convertido en una de las entidades con mayores riesgos para el trabajo periodístico, ya que, según organizaciones de periodistas, tres de los 20 asesinatos contra informadores que se han registrado durante la administración de Vicente Fox se han cometido en ese estado.
En abril de 2005 el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha ordenó al subprocurador Gilberto Higuera que "de inmediato integrara a fiscales especializados para atender estos temas", y aclaró: "son 10 asuntos los que tenemos en la Procuraduría General de la República".
En esa fecha, el titular de la PGR informó que también había ordenado la atracción de las investigaciones de los homicidios del director del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero, ocurrida días antes en el municipio de Papantla, y de la reportera Guadalupe García Escamilla, de Radio Stereo 91, de Nuevo Laredo, quien murió cinco días después de ser herida por disparos de arma de fuego en el mes de abril de 2005.
En octubre pasado, un grupo de diputados federales conformó una comisión de seguimiento a estos casos, y ahí se estableció que en la administración del presidente Vicente Fox se ha registrado el mayor número de quejas por agravios a periodistas, comparados con los gobiernos de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
Para tratar de disminuir la ola de violencia contra periodistas, se designaron fiscales especiales en cada una de las entidades con mayores problemas de narcotráfico y delincuencia organizada; sin embargo, este tipo de hechos no ha cesado, e incluso no existe precedente de hechos como el ocurrido el pasado lunes en las intalaciones del diario El Mañana, donde resultaron heridos varios informadores, luego de que un grupo de presuntos narcotraficantes les dispararan ráfagas de AK-47 y AR-15, y también hiceran estallar granadas de fragmentación, las cuales explotaron sin causar mayores daños, según la PGR.
Entre los casos que se tiene la obligación de dar resultados se encuentran -además de los asesinatos de Guadalupe Escamilla y Raúl Gibb Guerrero- la desaparición, el 20 de abril de 2005 en Hermosillo, Sonora, de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, y la muerte de Hugo Barragán Ortiz, de la estación Radio Max de Tierra Blanca, Veracruz, y José Reyes Brambila, de Vallarta Milenio, en Guadalajara, Jalisco, el 17 de septiembre de 2005.