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¿Del clientelismo autoritario al clientelismo democrático?
El voto del hambre

Jesús Ramírez Cuevas

Las mañas electorales se adaptan a los nuevos tiempos. El cambalache de votos por despensas o dinero, o la coacción al electorado, antes prácticas exclusivas del PRI, se extendieron a los otros partidos, aunque el otrora partidazo sigue llevando mano. Aunque ahora no son tan efectivas, los últimos datos disponibles indican que en una elección cerrada el voto del hambre podría pesar. En 2000, casi ocho millones de ciudadanos recibieron prebendas a cambio de su voto. Dos millones de ellos fueron inducidos a votar por un partido durante celebraciones religiosas


"Recuerden, siempre los hemos ayudado a ustedes, hemos visto por el futuro de sus hijos, ahora ustedes nos deben ayudar a nosotros", soltó el aspirante priísta a diputado durante un mitin electoral en el estado de México. La frase sonaba a súplica, pues buena parte de los asistentes no prestaron atención a sus palabras ya que se disputaban gorras, camisetas, materiales de construcción y enseres domésticos.


"Tomen su despensa y voten como quieran" Fotografía: La Jornada/Carlos Cisneros
 

Por los resultados electorales en su distrito, claramente se vio que no le hicieron caso. Malagradecidos, quizá pensó el frustrado aspirante a legislador después de su inexplicable derrota ante tanta generosidad.

La anécdota explica en parte, por qué el PRI perdió las elecciones en 2000, a pesar de las ingentes cantidades de dinero distribuidas entre los electores. Pero la otra cara de la moneda la representa la aplastante victoria en territorio mexiquense de la maquinaria clientelar tricolor el año pasado.

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El empuje democrático de la sociedad le arrebató al gobierno federal el control de los comicios. Las elecciones se volvieron más competitivas y limpias. En estas condiciones se volvieron casi obsoletas muchas de las viejas artimañas del PRI para manipular los resultados y cometer el tradicional fraude electoral.

La nueva realidad electoral contribuyó a inhibir las formas más frecuentes de manipular la voluntad popular: el "ratón loco", el "carrusel", "taqueo", las "urnas embarazadas", alteración de actas, la "desaparición" de personas del padrón electoral y demás ardides ilegales utilizados por los "mapaches" (operadores electorales).

El partido "casi único" cambió su estrategia y pasó a la compra masiva de votos y afinó sus mecanismos de coacción. Así, el clientelismo político ­que le había servido para gobernar­ reapareció como estrategia electoral.

A pesar de los avances de la democracia electoral, la compra y la coacción del voto ­en todas sus modalidades­ no han sido acotadas; al contrario, han proliferado, y junto con el condicionamiento de programas sociales a cambio de sufragios o la inducción en misa a favor de un candidato o partido, son considerados por autoridades y partidos como "focos rojos" para el proceso electoral del 2 de julio. Este año, además de las elecciones federales, también habrá comicios locales en 10 estados.

Funcionarios de distintos niveles de gobierno y de todos los colores son los más proclives a intentar manipular el voto ciudadano. Tienen a la mano presupuestos y operadores que tejen redes clientelares para asegurar un apoyo electoral a su partido. Frecuentemente incurren en desvío de fondos públicos para cumplir sus propósitos.

La Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR ha recibido en los últimos meses 22 denuncias contra servidores públicos por delitos electorales. En los últimos 10 años, ha investigado a 664 funcionarios municipales, estatales y federales, más de la mitad a partir de 2000 (aunque no ha sancionado a nadie importante). El mayor número de denuncias se presentaron en 2003, según un informe de la fiscalía.


Ilustración: Andrés Mario Ramírez

Los otros actores más frecuentes que cometen ilícitos electorales son los candidatos, ministros de culto, dirigentes y militantes de partido y empleados electorales.

Los sectores más vulnerables ­a la compra y coacción­ son las personas más pobres y menos educadas de las zonas marginadas rurales y urbanas, sobre todo en regiones indígenas y entidades como Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla y Oaxaca, que acumulan una tercera parte de las denuncias electorales.

Los programas sociales del gobierno federal también están bajo la mira, particularmente porque la jefa de campaña de Felipe Calderón es Josefina Vázquez Mota, ex titular de Sedeso.

Ante los cuestionamientos de los otros candidatos sobre la manipulación de los programas sociales, la Fiscalía anunció que vigilará el manejo de los programas federales.

Según el Informe Latinobarómetro 2005, realizado en septiembre pasado, México ocupa el primer lugar de Latinoamérica en "clientelismo político" entre 18 países de la región.

La reconocida empresa sostiene que uno de cada tres mexicanos conoce personalmente a alguien que ha recibido privilegios por ser simpatizante del partido en el gobierno. Asimismo, más de la mitad conoce a alguien que fue presionado o recibió un beneficio a cambio de su voto por algún partido político.

El estudio ubica a México muy por encima del promedio regional (29%) en lo que a coerción del voto se refiere. Es por ello, señala, que sólo dos de cada 10 mexicanos creen que las elecciones son limpias.

Funcionarios, sacerdotes y políticos mapaches

El clientelismo, la compra de sufragios a cambio de favores, bienes materiales o dinero, y la coacción del voto, son prácticas comunes sobre todo en los distritos electorales más competidos y en las zonas rurales, afirman especialistas. Sin embargo, "su eficacia es cada vez menor", sostiene Wayne Cornelius, investigador de la Universidad de California en San Diego.

En su ensayo "La eficacia de la compra y coacción del voto en las elecciones mexicanas de 2000" (Perfiles Latinoamericanos No.20, 2002, FLACSO) sugiere que fue en las zonas más pobres, sobre todo en áreas rurales, donde algunos "vendieron sus votos a cambio de dádivas de los funcionarios locales".

El académico describe "la gran operación política" de compra de voluntades a través de dinero en efectivo, alimentos, sacos de cemento, desayunos, almuerzos, acarreos el día de la votación y servicios provistos por el gobierno.

En el caso de la coacción electoral, se violó el secreto del voto, se confiscaron credenciales y se condicionaron programas de gobierno a cambio de sufragios por algún candidato o partido. Cornelius comprobó cómo el PRI usó las listas del Progresa para asegurar votantes (aunque también advierte que sólo una tercera parte de los beneficiarios del programa votaron por el tricolor).

"La compra y coerción del voto todavía es frecuente en México pero no es tan efectiva como antes y su impacto en los electores ha disminuido", señala el investigador.


Protesta ciudadana contra el clientelismo electoral Fotografía: Geronimo Arteaga
 

No todas esas acciones son ilegales de acuerdo con la ley electoral vigente y fue tal la situación que el entonces presidente del IFE, José Woldenberg, conminó a los votantes: "Tomen el regalo, pero voten como quieran".

Por su parte, Ricardo Aparicio, investigador de la FLACSO afirma que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Compra y Coacción del Voto y un estudio promovido por el IFE y la FLACSO en el año 2000, "uno de cada siete ciudadanos (unos 7.8 millones de personas) fueron sujetos a acciones de compra y coerción del voto".

Wayne Cornelius calculó que entre tres y 15 millones experimentaron manipulaciones clientelares. En su investigación documentó que el clientelismo político y la compra del voto son prácticas de todos los partidos (aunque el PRI lleva la delantera). Sin embargo, Ricardo Aparicio informa que según la encuesta nacional citada, 90% de las referencias de manipulación las compartían casi por igual el PRI y el PAN (el PRD aparece con apenas 6%).

Aparicio analiza los tipos de manipulación electoral y cuantifica sus dimensiones. Aunque advierte que los datos deben ser tomados con cautela, según su recuento, en 2000 a 4.2 millones de mexicanos se les ofreció algún bien a cambio de su voto (sobre todo el PRI, el día de la elección).

Aparicio destaca que casi dos millones de ciudadanos habían tratado de ser persuadidos de votar por un partido durante celebraciones religiosas (principalmente por el PAN). Incluso precisa que la inducción en servicios religiosos fue la práctica más ejercida antes de la elección (45%). Aunque no constituye un delito ­moralmente es reprobable­, precisa que "es uno de los datos más importantes que se desprende de la encuesta".

Ahí está el ejemplo del sacerdote Vidal Salcedo, de la Hierbabuena, municipio de Mascota, Jalisco, quien en la víspera de las elecciones dijo en su homilía que votar por el PRI sería "un pecado" e invitó a los feligreses a hacerlo por el PAN.

Otras acciones tipificadas como delitos electorales, tales como recibir dinero por el voto o la credencial de elector, amenazas de despido o chantaje por apoyos públicos, fueron experimentadas por más de un millón y medio de ciudadanos.

Los meses que precedieron a las elecciones del 2000, indica Aparicio, el PRI (y en menor medida sus oponentes) emprendieron campañas masivas para ganar votos mediante el clientelismo. Era tan grande el temor de que en una elección cerrada ese voto amarrado pudiera definir la elección, que Vicente Fox declaró que Labastida tenía que ganar con un margen de al menos 10% para ser legítimo su triunfo.

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En 2003 las cosas no variaron mucho, pese al abstencionismo del 58%. En un informe sobre esos comicios, Alianza Cívica documentó que 17% de los electores sufrieron coacción o compra de su voto por parte de los tres principales partidos. En el caso del programa Oportunidades, la Alianza encontró que tanto el PRI como el PAN ejercieron presiones sobre los votantes en municipios y estados gobernados por ellos, bajo el chantaje de mantenerlos en el programa.

De manera detallada, la asociación civil describe acciones de ambos partidos en Coahuila, estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Yucatán (en 93% de los municipios se condicionó el voto). En el Itsmo oaxaqueño documentó acciones similares del PRD.

Los investigadores de la UAM, Esperanza Palma y Roberto Gutiérrez, en su estudio "El abstencionismo en las elecciones federales de 2003" ­apoyado por el IFE­, encontraron que 8% de los ciudadanos votaron por factores coactivos y una cantidad similar dijo haber recibido algún incentivo para hacerlo. Según sus resultados, cuatro de cada 100 votantes asistieron a las urnas porque necesitaban la credencial marcada (para mostrarla a operadores electorales).

Ambos académicos documentaron que a 15% de los encuestados les ofrecieron o recibieron algún apoyo.

Perfil del ciudadano manipulable

Al construir un perfil de la población más vulnerable a la compra y coacción del voto, Ricardo Aparicio lo describe como gente que reside en zonas rurales y urbanas electoralmente competidas y en regiones donde predominan elevados índices de analfabetismo y de extrema pobreza.

En su caso, Cornelius elaboró un perfil distinto: las personas más susceptibles de ser presionadas para votar por quien se le pide o exige son hombres de más de 50 años con poca educación, de bajos ingresos, que habitan en vecindarios urbanos (quizá influyó el sesgo de las encuestas con mayor cobertura urbana).

A pesar de ello, ambos investigadores no difieren mucho del perfil del votante priísta descrito por la empresa Mitofsky en sus encuestas de salida de los procesos locales en 2005. En casi todas resulta que, predominantemente, los votantes del PRI son personas de menores ingresos, menor escolaridad, mayores de edad, sobre todo de zonas pobres rurales y suburbanas. El perfil ideal para la manipulación electoral, según la percepción general.

Cuánto puede costar la compra del voto

Haciendo cuentas y calculando que cada punto porcentual de la elección ­según especialistas­ representa más de 400 mil votos (si participan más de 40 millones de electores), para que un partido suba un punto mediante métodos ilegales, implica que tiene que corromper o controlar con sus redes clientelares a un número similar. Si por cada sufragio se pagara 100 pesos, el partido en cuestión tendría que erogar 40 millones de pesos por cada punto. Ese cálculo es muy conservador, porque en elecciones locales como las del estado de México del año pasado, se calcula que el PRI compró votos pagando de 200 a 500 pesos, dependiendo de la zona.

Siendo el PRI el partido con mayor aparato electoral y capacidad económica, es el que puede apostarle a este método. En este sentido, si el PRI, se dice, tiene un voto duro de 10 millones de electores y necesita 15 millones de votos para ganar la Presidencia de la República, requeriría por lo menos mil millones de pesos para comprar esos votos, casi el doble de su financiamiento otorgado por el IFE (676 millones de pesos).

Estas cuentas alegres pueden chocar con la realidad. En su investigación, Cornelius demuestra que la compra y coacción del voto del PRI es poco efectiva. Según sus proyecciones, en 2000 menos de 50% de los votantes que el tricolor coaccionó o les dio dinero, votó por sus candidatos. "El margen de efectividad es baja. Los electores hacen lo que quieren y votan con libertad".

El académico sugiere que el clientelismo electoral puede resultar ineficaz o incluso "contraproducente" para el PRI, pues parece despertar "la aversión" entre los ciudadanos. "Esto podría indicar algo importante sobre la transformación de la cultura política mexicana durante el periodo de creciente competencia electoral entre partidos", asevera.

El PRI ya no puede confiar en el clientelismo tradicional, aunque haya reforzado sus métodos de control que le han servido para ganar elecciones locales, advierte Cornelius, "es claro que ésta no es una fórmula para recuperar el Congreso federal ni la Presidencia de la República".

Aparicio coincide en que "hay un debilitamiento del corporativismo y del clientelismo electoral".

Ahí están como prueba los fracasos pasados y presentes, como han sido las expresiones de rechazo de gente acarreada a mítines del candidato del PRI.

"Aquí si alguien le da un pollo pues vota por el pollo"

Si la contienda es vista como un mercado electoral, los ciudadanos pueden cambiar su voto por expectativas de mejorar en el futuro o por prebendas personales.

Hay un sector que participa en las elecciones "por el beneficio inmediato que les reporta determinado programa de gobierno o intercambian satisfactores por votos", indica Andreas Schedler, investigador del Centro de Investigación y Docencia Académica, en su ensayo "El voto es nuestro" (Revista Mexicana de Sociología, IIS-UNAM, enero, 2004).

Schedler cuestiona el estereotipo de que "los pobres son fáciles de comprar" al encontrar que en zonas rurales muy pobres había más resistencia a los métodos clientelares y corporativos.

Revisando en entrevistas "cualitativas", el investigador sostiene que cada vez hay más ciudadanos que "desean superar lo que consideran son prácticas ilegítimas de exclusión clientelar y autoenriquecimiento. En lugar de buscar favores particularistas, exigen políticas universalistas".

La gente recibe los apoyos, el dinero o la lluvia de regalos, pero toma distancia de partidos y candidatos. "Si los regalos se tradujeran automáticamente en votos, el candidato del PRI, Francisco Labastida, habría ganado", sostiene.

Cita algunos testimonios para reforzar su argumento: "Si me dan dinero, lo acepto, total es dinero de nuestros impuestos, yo voto por el que quiera". Otro: "La gente se ha corrompido mucho (...) le pedían a un candidato, le pedían a otro y al final aún dando las cosas no tenían seguridad del voto".

"La mayoría de los entrevistados ­explica Schedler­ aceptan que la compra de voto es muy generalizada. Pero también que muchos se prestan a vender sus votos a cambio de beneficios personales".

"Aquí si alguien le da un pollo pues vota por el pollo", dice uno de los entrevistados citado por el investigador.

El debate de los especialistas sobre el tema, dice Andreas Schedler, sugiere "que el país ha transitado del clientelismo autoritario al clientelismo democrático". No obstante, explica: "la gente puede haber participado en el juego del clientelismo en el pasado, pero ya no está dispuesta a seguir la farsa en el presente".


Viñetas del clientelismo electoral

PRD: tu despensa contra la mía

Sin ir más lejos, en las recientes elecciones internas para elegir candidatos a legisladores y delegados en el DF, las tribus del sol azteca dieron muestras de que el PRI hizo escuela.

Por ejemplo, la Dirección General de Desarrollo Social de la delegación Coyoacán, encabezada por el inefable Miguel Bortolini, ofreció despensas a la población, en especial en la zona de Pedregales. A los interesados se les entregó un vale color amarillo canjeable por una despensa si mostraban el dedo marcado con tinta indeleble y entregaban copia de su credencial de elector.

Para no olvidar los buenos tiempos en que los perredistas daban hasta la vida para luchar contra el fraude electoral, activistas del bando bejaranista alteraron cientos de boletas marcadas a favor de Heberto Castillo para anularlas. En la delegación Tlalpan, los funcionarios participaron, en horas de oficina, en la campaña de Guillermo Sánchez y utilizaron los directorios de las personas que reciben apoyos económicos de la dirección Desarrollo Social para pedirles que fueran a votar por Susana Manzanares y por Sánchez. Se ofrecía a la gente darles algún tipo de beca si votaban por sus candidatos en la delegación.

Por si no bastara, los enlaces territoriales repartieron despensas en zonas de alta marginalidad, a los padres de familia en escuelas, kinders y primarias, a cambio de votar por Guillermo Sánchez. A los adultos mayores que tramitaron su CURP se les pidió copia de la credencial de elector y el compromiso de que votaran por el mentado Sánchez.

Eso para no hablar del duelo de despensas, compra de votos, condicionamiento de programas sociales que libraron Clara Brugada y Horacio Martínez. O el operativo de la delegada de Alvaro Obregón, Leticia Robles con despensas a montón y compra de votos de a 200 pesos. Pura democracia de izquierda.

PRI: ayuda sólo para los meros priístas

A doña Petra García le llegaron 45 toneladas de cemento del gobierno municipal de Ecatepec, "de parte del candidato Enrique Peña Nieto, pero no se puede decir porque se enoja la oposición", confiesa la veterana lideresa priísta de la zona de Los Bordos.

"Están dando el material por la campaña a gobernador, pero eso no importa, lo necesitamos, por eso cuando venga el candidato le vamos a poner mantas de apoyo y de agradecimiento. Nos prometió la ayuda y aquí está", dice Petra.

"En cambio los del PAN dieron poco, apenas 15 bultos de cemento, con eso no se puede hacer nada. Y esos del PRD son unos pobres diablos porque no dan nada", se queja.

Aquí la competencia electoral es la lucha por ver quien entrega más material, despensas y becas. Y claro, el PRI lleva las de ganar.

Petra es la operadora del PRI en la colonia y le rinde cuentas a Miriam Múñoz, responsable del municipio en la zona de Las Cañadas, de cómo repartió la ayuda y le entrega las copias de las credenciales de elector de cada beneficiario. Es el mismo procedimiento que sigue para entregar las becas para madres solteras, discapacitados y estudiantes.

Doña Petra acepta que "la ayuda sólo se entrega a los meros priístas porque no alcanza para todos. La gente toma todo lo que le den, pues sus necesidades son muchas".

PAN: Operación cochinita

Felipe Calderón tuvo la ayuda de su amigo, el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón.

El mandatario estatal organizó un operativo mediante la cual le garantizó al hoy abanderado albiazul más de 10 mil votos.

La prensa local documentó la compra de votos a favor de Calderón. Los operadores del gobernador entregaron despensas, láminas de cartón, apoyos del gobierno y hasta organizaron desayunos de cochinita pibil, para llevar después a los comensales a votar (eso que los panistas llaman acarreo cuando lo hacen los priístas). Por no hablar de que con la "operación cochinita" les salió de a taco el voto.