Detecta auditoría de la ALDF fallas en los procedimientos administrativos
Informe final: no hay evidencia de compra ilegal de patrullas en SSP
La dependencia justificó la adjudicación directa con lo que establece la Ley de Adquisiciones
La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no encontró "evidencia alguna" de daño patrimonial al gobierno capitalino, derivado de la adquisición de patrullas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón.
Las observaciones y recomendaciones se centran en procedimientos administrativos de los que se desprenden elementos para iniciar un proceso de fincamiento de responsabilidades en contra de los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación de las patrullas.
Lo anterior se desprende del informe final de auditorías derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal que la Contaduría Mayor de Hacienda entregó a la Comisión de Vigilancia de la ALDF el miércoles pasado y que comenzó a circular ayer por la tarde entre los diputados locales.
En el informe de resultados de la auditoría que la Contaduría Mayor de Hacienda realizó a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2004, al capítulo 5301 Vehículos y Equipos para la ejecución de programas de Seguridad Pública, se concluye que el proceso de licitación se llevó a cabo de acuerdo con la normatividad vigente en el DF en materia de adquisiciones.
En los antecedentes de la auditoría financiera al capítulo 5301 se recuerda que en 2004 la SSP adquirió mil 73 vehículos por adjudicación directa, de éstos, mil 10 se compraron mediante tres procesos de compra consolidada y 63 mediante procesos individuales.
De la citada auditoría se originan 10 resultados con sus respectivas observaciones y recomendaciones.
Precisa que la compra consolidada de los mil 10 vehículos se efectuó para cubrir los requerimientos de la compra de la SSP, la Procuraduría General de Justicia y las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, mientras que los 63 restantes fueron para la Secretaría de Seguridad Pública.
Sobre los procesos de adquisición que la SSP realizó se establece que aplicó criterios de la Ley de Adquisiciones para el DF y su reglamento, en las que, a diferencia de los casos de licitación pública e invitación restringida, no se marcan procedimientos específicos y etapas para el procedimiento de adjudicación directa.
Se precisa, además, que la supervisión realizada evitó que hubiera observaciones que implicaran responsabilidades administrativas o económicas contra los funcionarios que participaron en dicho proceso.
En las observaciones se subraya que la justificación para adquisiciones de vehículos carece de motivación fehaciente o documental para sustentar la decisión de adquirir las patrullas por adjudicación directa, por lo que se concluye que la SSP incumplió con lo que establece el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones.
No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública, al justificar la adquisición directa de las patrullas, se basó en el mismo artículo al subrayar que en éste se establece que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones por adjudicación directa cuando: "XIV se trate de armamento y equipo de seguridad, relacionado directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social".
Otra de las observaciones dice que el 18 de octubre de 2004, la coordinación general de administración y apoyo de la SSP emitió tres actas de recepción y apertura de sobres para la adquisición de vehículos, en las que intervinieron las contralorías interna de la SSP y general del DF, así como la oficialía mayor y representantes de los proveedores, en las que se registraron los precios ofertados.
Asimismo se señala que el 29 de octubre de 2004, al signar el contrato administrativo para la compra de 304 unidades a la empresa Automundo, es cuando se da a conocer que se trata de una compra consolidada. Hecho que la dependencia justificó con la circular GAF/253/04, emitida por el Gabinete de Administración y Finanzas, "que al amparo del artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, entre otras disposiciones legales, determina que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF serán las encargadas de llevar a cabo los procedimientos de adquisición y contratación consolidadas de ve-hículos automotores destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y procuración de justicia.