Editorial
La punta del iceberg
En el contexto del escándalo desatado por la publicación, en este diario, de conversaciones telefónicas sostenidas entre el empresario textil Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla, Mario Marín, en la que los interlocutores se solazaron en la planificación de venganzas ilegales contra la escritora Lydia Cacho, ha ido surgiendo una radiografía deplorable de las complicidades y las traiciones que recorren a la coalición de facto panista y priísta que ha gobernado el país desde hace cinco años. Así como el acosado Marín no tuvo empacho en dar la espalda a su amigo Nacif y declarar que no puede ser amigo "de alguien que atenta contra la ley y es sospechoso de delitos contra los niños", el aspirante presidencial priísta, Roberto Madrazo, hubo de deslindarse anteayer del propio Marín y sumarse, a regañadientes, a la demanda nacional de que se investigue el proceder delictivo que puede percibirse en la transcripción de las pláticas referidas.
El principal afectado por la indignación nacional que causó la divulgación de los turbios intercambios entre el gobernador poblano y Nacif Borge parece ser el PRI. El declinante Madrazo Pintado, político de la vieja escuela y experto en desaseos, si los hay, tuvo ayer la frescura de atribuir el escándalo no a los abusos de poder de Marín, sino a una guerra sucia y a una "política lodera, de banqueta". Con maniobras sacadas precisamente del repertorio de la "política lodera", los senadores priístas protegieron ayer al mandatario poblano de la intervención de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se evidenciaron como cómplices y encubridores, pero sus correligionarios en la Cámara de Diputados no lograron evitar la aprobación de un exhorto a Marín y a su procuradora para que dejen sus cargos en tanto se investiga las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho.
Emilio Chuayffet aprovechó la oportunidad para cobrarse viejos agravios y pidió que se investigue a Miguel Angel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, por sus posibles vinculaciones con la red de pederastas que encabezaba Jean Succar Kuri, socio y amigo de Nacif, y actualmente preso en Arizona. El aludido respondió con un cuestionamiento a la virilidad del ex secretario de Gobernación recuérdese el estilo Nacif, a quien acusó de eludir sus responsabilidades en relación con la masacre de Acteal.
El cinismo y el descaro de ambos políticos no tiene límites. Cuando ocurrió el asesinato de decenas de mujeres, niños, ancianos y hombres adultos en Acteal, hace casi una década, muchas voces en el país exigieron con razón que sigue vigente una investigación sobre la responsabilidad de Chuayffet en el episodio, pero la de Yunes no estuvo entre esas voces por la simple razón de que, por ese entonces, el veracruzano pertenecía al régimen que provocó la tragedia.
Por otra parte, cuando el presidente Vicente Fox llevó a Yunes a sus cargos actuales ya eran conocidos los señalamientos contra el subsecretario de Seguridad Pública por su posible participación en la organización de pedófilos del sureste, pero se sabía también que había sido objeto de denuncias penales por coacción, amenazas cumplidas, extorsión, asociación delictuosa, abuso de autoridad, intimidación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, que el Movimiento de los 400 Pueblos lo había impugnado por actos de represión y despojo de tierras, y que se le mencionaba en la prensa como simulador de actos jurídicos, defraudador fiscal y falsario en su declaración patrimonial. Pero en los años anteriores en que Yunes fue dirigente priísta, a Chuayffet no se le ocurrió pedir que se investigara su posible participación en actos de explotación sexual de menores, ni en otros hechos delictivos.
Pero la inmundicia que ha salido a la luz pública no se circunscribe al PRI. Pese a los enojos del secretario de Gobernación contra el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, quien señaló que sólo el Estado tenía capacidad técnica para intervenir las líneas telefónicas de Marín o de Nacif, es inevitable la sospecha de que el gobierno federal realizó las escuchas ilegales y filtró las grabaciones correspondientes con el propósito de tender una cortina de humo ante los crecientes indicios de corrupción en el círculo íntimo presidencial, específicamente por parte de los hijos de Marta Sahagún Jiménez.
Ahora que es tiempo de deslindes, no debe descartarse que el presidente Vicente Fox proceda, un día de estos, a desconocer los mimos y el trato entrañable que prodigó en el pasado reciente a Kamel Nacif, como se reseñó en la edición de este diario del 22 de diciembre. Sería más importante, en todo caso, que reparara el grave error político que cometió al llevar a su gabinete a Yunes Linares, especialmente en un sitio tan sensible y requerido de credibilidad como la Secretaría de Seguridad Pública. Y es que para ser subsecretario de ese ramo no basta con la inocencia legal. Se requiere, también, estar libre de sospechas, especialmente si éstas se refieren a delitos tan graves como los que han sido asociados en distintos momentos y en diversos ámbitos al nombre del actual subsecretario.
Por último, es aleccionadora la ramificación de vinculaciones o abiertas complicidades que se ha revelado tras el escándalo por las repulsivas conversaciones telefónicas Nacif-Marín, una ramificación que se extiende por igual al priísmo, al elbismo y al foxismo. La sociedad puede tener, con ello, una idea clara de la calidad moral de los sectores dominantes de la clase política y suponer, con mucho fundamento, que lo que se ha visto en estos días no es más que la punta del iceberg.